¿Se hará justicia?

El juicio a Slobodan Milosevic tuvo un arranque espectacular la semana pasada. La implacable fiscal del caso, Carla del Ponte, no escatimó esfuerzos para recordar la barbarie ocurrida en la guerra de los Balcanes y mostrar al ex hombre fuerte de Yugoslavia como un siniestro asesino. Durante el primer día del juicio, el pasado martes, Geoffrey Nice, del equipo de fiscales, relató cómo el ejército capturó en Bosnia a una mujer que acababa de dar a luz y la quemó viva junto con 45 miembros de su familia, incluyendo niños. Y este fue sólo el comienzo.

Acusado formalmente de 66 cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, Milosevic tendrá que desvirtuar los señalamientos según los cuales él orquestó las matanzas perpetradas por grupos serbios en Bosnia, Croacia y Kosovo, entre 1991 y 1999, donde se calcula que perdieron la vida más de 300.000 personas y fueron expulsadas de su tierra más de un millón.

Según Del Ponte y sus colaboradores la actuación del Milosevic fue directa, dando lugar a lo que la fiscal denominó “casi un salvajismo medieval y una calculada crueldad que fueron más allá de las fronteras legítimas de la guerra”. Para la parte acusadora el fin último de Milosevic era satisfacer su ansia de poder mediante la creación de una Gran Serbia que comprendiera también a Croacia y Bosnia. “No eran convicciones personales, ni siquiera patriotismo u honor, o aun racismo o xenofobia lo que inspiraba al acusado, sino una cuestión de poder y poder personal sobre todo”, enfatizó Del Ponte, quien en el pasado se desempeñó como fiscal general en Suiza.

No obstante la gravedad de las acusaciones, que podrían dar lugar a que Milosevic sea condenado a cadena perpetua, éste no ha esgrimido hasta el momento ninguna estrategia de defensa legal. Bajo el argumento de que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (Tpiy), establecido en 1993 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no tiene competencia alguna para juzgarlo, el sindicado ha desconocido reiteradamente la legitimidad del proceso. Por eso cuando ha tenido la oportunidad de hablar se ha limitado a lanzar diatribas políticas contra los miembros de la Otan que bombardearon Serbia y a cuestionar la idoneidad de Del Ponte, de quien dice no es garantía de un juicio imparcial. Es tal la displicencia por el tribunal que hasta la fecha se ha negado a nombrar un defensor.

Pero más allá de la euforia que el proceso ha despertado los retos que este Tribunal Internacional enfrenta no son pocos. En primer lugar, los delitos por los que es acusado Milosevic son difíciles de probar. El éxito de los acusadores radicará en gran medida en que logren el testimonio de altos oficiales que permitan concluir que el ex presidente de Yugoslavia estaba al frente de las operaciones de exterminio de la población no serbia. Hasta el momento, por razones de seguridad, la fiscalía no ha confirmado los nombres de las personas que llamará a declarar. Se ha hablado de unos 20 jefes políticos y militares que posiblemente estarían dispuestos a dar su testimonio. Sin embargo el estamento castrense se ha caracterizado más por su obstrucción que por su colaboración, lo que ha levantado serias dudas sobre las reales posibilidades de que los acusadores logren testimonios que permitan configurar un caso sólido.

Además el hecho de que en Serbia y Croacia los exterminios fueron llevados a cabo por grupos paramilitares, y no directamente por oficiales pertenecientes al ejército, hace aún más difícil establecer la conexión con el ex presidente. El argumento de los fiscales es que esos grupos paramilitares no hubieran podido desarrollar su labores sin la cooperación directa de Milosevic, quien los habría dotado de apoyo económico, logístico y bélico. Sin embargo probar esa circunstancia va a resultar complejo para el grupo de fiscales encabezado por Del Ponte. Adicionalmente, es sabido que fuerzas serbias destruyeron parte de las evidencias que podrían comprometer a su ex líder, lo que dificultaría aún más el panorama.

Pero por la complejidad del caso y las enormes presiones que existen en torno a él, tal vez el desafío más grande que se cierne sobre el tribunal es el de demostrar que se trata de un cuerpo regido estrictamente por criterios legales y no un espectáculo para montar una ‘justicia de vencedores’. Como lo puso de presente Geoffrey Robertson, profesor de la Universidad de Londres y autor de diversos libros sobre derechos humanos, “el juicio será un examen real para ver si los jueces que han sido escogidos para este cuerpo de justicia internacional se pueden levantar sobre la política de sus propios países para administrar justicia”.

La fiscal Del Ponte no parece tener dudas al respecto. “Ahora, como nunca antes, vemos a la justicia internacional en acción.”, afirmó durante el primer día del juicio que se sigue en La Haya, Holanda. De hecho, se trata de la primera oportunidad en que un ex mandatario es puesto ante una corte judicial internacional para que rinda cuentas sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Por eso se ha afirmado que junto con el juicio de Nuremberg, mediante el cual se juzgó la actuación de los oficiales nazis en la Segunda Guerra Mundial, este es el acontecimiento más significativo en la historia de la persecución a los criminales de guerra.

En efecto, el juzgamiento a Milosevic estuvo precedido por una serie de importantes avances que se han producido en los últimos años en el derecho internacional con miras a hacerles sentir a los tiranos “que nadie puede estar por encima de la ley o lejos del alcance de la justicia internacional”, como lo expresó la fiscal suiza.

La creación de la Corte Penal Internacional, el precedente fijado en el proceso contra Augusto Pinochet y ahora, el caso contra Milosevic, siembran la esperanza de que atrocidades como las cometidas en el pasado por Pol Pot en Camboya (donde más de 1.700.000 personas fueron exterminadas), Idi Amin en Uganda, Francois y Jean Claude Duvalier en Haití o el coronel Mengistu de Etiopía no volverán a quedar en la impunidad.



El juicio a Slobodan Milosevic tuvo un arranque espectacular la semana pasada. La implacable fiscal del caso, Carla del Ponte, no escatimó esfuerzos para recordar la barbarie ocurrida en la guerra de los Balcanes y mostrar al ex hombre fuerte de Yugoslavia como un siniestro asesino. Durante el primer día del juicio, el pasado martes, Geoffrey Nice, del equipo de fiscales, relató cómo el ejército capturó en Bosnia a una mujer que acababa de dar a luz y la quemó viva junto con 45 miembros de su familia, incluyendo niños. Y este fue sólo el comienzo.

Acusado formalmente de 66 cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, Milosevic tendrá que desvirtuar los señalamientos según los cuales él orquestó las matanzas perpetradas por grupos serbios en Bosnia, Croacia y Kosovo, entre 1991 y 1999, donde se calcula que perdieron la vida más de 300.000 personas y fueron expulsadas de su tierra más de un millón.

Según Del Ponte y sus colaboradores la actuación del Milosevic fue directa, dando lugar a lo que la fiscal denominó “casi un salvajismo medieval y una calculada crueldad que fueron más allá de las fronteras legítimas de la guerra”. Para la parte acusadora el fin último de Milosevic era satisfacer su ansia de poder mediante la creación de una Gran Serbia que comprendiera también a Croacia y Bosnia. “No eran convicciones personales, ni siquiera patriotismo u honor, o aun racismo o xenofobia lo que inspiraba al acusado, sino una cuestión de poder y poder personal sobre todo”, enfatizó Del Ponte, quien en el pasado se desempeñó como fiscal general en Suiza.

No obstante la gravedad de las acusaciones, que podrían dar lugar a que Milosevic sea condenado a cadena perpetua, éste no ha esgrimido hasta el momento ninguna estrategia de defensa legal. Bajo el argumento de que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (Tpiy), establecido en 1993 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no tiene competencia alguna para juzgarlo, el sindicado ha desconocido reiteradamente la legitimidad del proceso. Por eso cuando ha tenido la oportunidad de hablar se ha limitado a lanzar diatribas políticas contra los miembros de la Otan que bombardearon Serbia y a cuestionar la idoneidad de Del Ponte, de quien dice no es garantía de un juicio imparcial. Es tal la displicencia por el tribunal que hasta la fecha se ha negado a nombrar un defensor.

Pero más allá de la euforia que el proceso ha despertado los retos que este Tribunal Internacional enfrenta no son pocos. En primer lugar, los delitos por los que es acusado Milosevic son difíciles de probar. El éxito de los acusadores radicará en gran medida en que logren el testimonio de altos oficiales que permitan concluir que el ex presidente de Yugoslavia estaba al frente de las operaciones de exterminio de la población no serbia. Hasta el momento, por razones de seguridad, la fiscalía no ha confirmado los nombres de las personas que llamará a declarar. Se ha hablado de unos 20 jefes políticos y militares que posiblemente estarían dispuestos a dar su testimonio. Sin embargo el estamento castrense se ha caracterizado más por su obstrucción que por su colaboración, lo que ha levantado serias dudas sobre las reales posibilidades de que los acusadores logren testimonios que permitan configurar un caso sólido.

Además el hecho de que en Serbia y Croacia los exterminios fueron llevados a cabo por grupos paramilitares, y no directamente por oficiales pertenecientes al ejército, hace aún más difícil establecer la conexión con el ex presidente. El argumento de los fiscales es que esos grupos paramilitares no hubieran podido desarrollar su labores sin la cooperación directa de Milosevic, quien los habría dotado de apoyo económico, logístico y bélico. Sin embargo probar esa circunstancia va a resultar complejo para el grupo de fiscales encabezado por Del Ponte. Adicionalmente, es sabido que fuerzas serbias destruyeron parte de las evidencias que podrían comprometer a su ex líder, lo que dificultaría aún más el panorama.

Pero por la complejidad del caso y las enormes presiones que existen en torno a él, tal vez el desafío más grande que se cierne sobre el tribunal es el de demostrar que se trata de un cuerpo regido estrictamente por criterios legales y no un espectáculo para montar una ‘justicia de vencedores’. Como lo puso de presente Geoffrey Robertson, profesor de la Universidad de Londres y autor de diversos libros sobre derechos humanos, “el juicio será un examen real para ver si los jueces que han sido escogidos para este cuerpo de justicia internacional se pueden levantar sobre la política de sus propios países para administrar justicia”.

La fiscal Del Ponte no parece tener dudas al respecto. “Ahora, como nunca antes, vemos a la justicia internacional en acción.”, afirmó durante el primer día del juicio que se sigue en La Haya, Holanda. De hecho, se trata de la primera oportunidad en que un ex mandatario es puesto ante una corte judicial internacional para que rinda cuentas sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Por eso se ha afirmado que junto con el juicio de Nuremberg, mediante el cual se juzgó la actuación de los oficiales nazis en la Segunda Guerra Mundial, este es el acontecimiento más significativo en la historia de la persecución a los criminales de guerra.

En efecto, el juzgamiento a Milosevic estuvo precedido por una serie de importantes avances que se han producido en los últimos años en el derecho internacional con miras a hacerles sentir a los tiranos “que nadie puede estar por encima de la ley o lejos del alcance de la justicia internacional”, como lo expresó la fiscal suiza.

La creación de la Corte Penal Internacional, el precedente fijado en el proceso contra Augusto Pinochet y ahora, el caso contra Milosevic, siembran la esperanza de que atrocidades como las cometidas en el pasado por Pol Pot en Camboya (donde más de 1.700.000 personas fueron exterminadas), Idi Amin en Uganda, Francois y Jean Claude Duvalier en Haití o el coronel Mengistu de Etiopía no volverán a quedar en la impunidad.



International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia



El juicio a Slobodan Milosevic tuvo un arranque espectacular la semana pasada. La implacable fiscal del caso, Carla del Ponte, no escatimó esfuerzos para recordar la barbarie ocurrida en la guerra de los Balcanes y mostrar al ex hombre fuerte de Yugoslavia como un siniestro asesino. Durante el primer día del juicio, el pasado martes, Geoffrey Nice, del equipo de fiscales, relató cómo el ejército capturó en Bosnia a una mujer que acababa de dar a luz y la quemó viva junto con 45 miembros de su familia, incluyendo niños. Y este fue sólo el comienzo.

Acusado formalmente de 66 cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, Milosevic tendrá que desvirtuar los señalamientos según los cuales él orquestó las matanzas perpetradas por grupos serbios en Bosnia, Croacia y Kosovo, entre 1991 y 1999, donde se calcula que perdieron la vida más de 300.000 personas y fueron expulsadas de su tierra más de un millón.

Según Del Ponte y sus colaboradores la actuación del Milosevic fue directa, dando lugar a lo que la fiscal denominó “casi un salvajismo medieval y una calculada crueldad que fueron más allá de las fronteras legítimas de la guerra”. Para la parte acusadora el fin último de Milosevic era satisfacer su ansia de poder mediante la creación de una Gran Serbia que comprendiera también a Croacia y Bosnia. “No eran convicciones personales, ni siquiera patriotismo u honor, o aun racismo o xenofobia lo que inspiraba al acusado, sino una cuestión de poder y poder personal sobre todo”, enfatizó Del Ponte, quien en el pasado se desempeñó como fiscal general en Suiza.

No obstante la gravedad de las acusaciones, que podrían dar lugar a que Milosevic sea condenado a cadena perpetua, éste no ha esgrimido hasta el momento ninguna estrategia de defensa legal. Bajo el argumento de que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (Tpiy), establecido en 1993 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no tiene competencia alguna para juzgarlo, el sindicado ha desconocido reiteradamente la legitimidad del proceso. Por eso cuando ha tenido la oportunidad de hablar se ha limitado a lanzar diatribas políticas contra los miembros de la Otan que bombardearon Serbia y a cuestionar la idoneidad de Del Ponte, de quien dice no es garantía de un juicio imparcial. Es tal la displicencia por el tribunal que hasta la fecha se ha negado a nombrar un defensor.

Pero más allá de la euforia que el proceso ha despertado los retos que este Tribunal Internacional enfrenta no son pocos. En primer lugar, los delitos por los que es acusado Milosevic son difíciles de probar. El éxito de los acusadores radicará en gran medida en que logren el testimonio de altos oficiales que permitan concluir que el ex presidente de Yugoslavia estaba al frente de las operaciones de exterminio de la población no serbia. Hasta el momento, por razones de seguridad, la fiscalía no ha confirmado los nombres de las personas que llamará a declarar. Se ha hablado de unos 20 jefes políticos y militares que posiblemente estarían dispuestos a dar su testimonio. Sin embargo el estamento castrense se ha caracterizado más por su obstrucción que por su colaboración, lo que ha levantado serias dudas sobre las reales posibilidades de que los acusadores logren testimonios que permitan configurar un caso sólido.

Además el hecho de que en Serbia y Croacia los exterminios fueron llevados a cabo por grupos paramilitares, y no directamente por oficiales pertenecientes al ejército, hace aún más difícil establecer la conexión con el ex presidente. El argumento de los fiscales es que esos grupos paramilitares no hubieran podido desarrollar su labores sin la cooperación directa de Milosevic, quien los habría dotado de apoyo económico, logístico y bélico. Sin embargo probar esa circunstancia va a resultar complejo para el grupo de fiscales encabezado por Del Ponte. Adicionalmente, es sabido que fuerzas serbias destruyeron parte de las evidencias que podrían comprometer a su ex líder, lo que dificultaría aún más el panorama.

Pero por la complejidad del caso y las enormes presiones que existen en torno a él, tal vez el desafío más grande que se cierne sobre el tribunal es el de demostrar que se trata de un cuerpo regido estrictamente por criterios legales y no un espectáculo para montar una ‘justicia de vencedores’. Como lo puso de presente Geoffrey Robertson, profesor de la Universidad de Londres y autor de diversos libros sobre derechos humanos, “el juicio será un examen real para ver si los jueces que han sido escogidos para este cuerpo de justicia internacional se pueden levantar sobre la política de sus propios países para administrar justicia”.

La fiscal Del Ponte no parece tener dudas al respecto. “Ahora, como nunca antes, vemos a la justicia internacional en acción.”, afirmó durante el primer día del juicio que se sigue en La Haya, Holanda. De hecho, se trata de la primera oportunidad en que un ex mandatario es puesto ante una corte judicial internacional para que rinda cuentas sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Por eso se ha afirmado que junto con el juicio de Nuremberg, mediante el cual se juzgó la actuación de los oficiales nazis en la Segunda Guerra Mundial, este es el acontecimiento más significativo en la historia de la persecución a los criminales de guerra.

En efecto, el juzgamiento a Milosevic estuvo precedido por una serie de importantes avances que se han producido en los últimos años en el derecho internacional con miras a hacerles sentir a los tiranos “que nadie puede estar por encima de la ley o lejos del alcance de la justicia internacional”, como lo expresó la fiscal suiza.

La creación de la Corte Penal Internacional, el precedente fijado en el proceso contra Augusto Pinochet y ahora, el caso contra Milosevic, siembran la esperanza de que atrocidades como las cometidas en el pasado por Pol Pot en Camboya (donde más de 1.700.000 personas fueron exterminadas), Idi Amin en Uganda, Francois y Jean Claude Duvalier en Haití o el coronel Mengistu de Etiopía no volverán a quedar en la impunidad.



International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia



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