SUENAN BOMBAS

Ayacucho, una atrasada zona y montañosa al sur del Perú, esta hoy lejos de ser la Sierra Maestra, en términos políticos, y el Perú actual es bien diferente de la Cuba Batista. No obstante, la provincia de Ayacucho está a punto de convertirse en un área de guerra, desde que el gobierno de Belaúnde Terry decidiera enviar varios contingentes policiales, en desarrollo de una operación contra insurgentes que él mismo llamó "operación halcón".
Es que ha sido precisamente en Ayacucho donde los militantes de "Sendero Luminoso", una agrupación de origen maoista, anunciaron con acciones espectaculares el 3 de marzo, el inicio de la fase guerrillera de una lucha popular campesina contra el gobierno constitucional.
Ese día los "senderistas" asaltaron la cárcel local y liberaron a unos 300 presos políticos y comunes. Un mes después lograron que trece soldados del cuartel de Ayacucho, desertaran llevándose sus armas.
En la acción del 3 de marzo participaron cerca de 100 personas de "Sendero Luminoso", portando dinamita y armas automáticas.
De los escapados de la cárcel, unos 70 presos comunes se entregaron voluntariamente, horas después de huir. La policía capturó heridos a dos de los presos políticos evadidos y el resto, se supone, se integró a la organización insurgente.
Se completaban así 18 meses de actividad rebelde iniciada casi paralelamente con la reinstalación del actual régimen constitucional. En principio tomó la forma de un constante aunque incruento terrorismo dinamitero urbano que incluía estallidos en locales judiciales, en pequeños cuarteles, etc. Los más graves atentados fueron hechos después contra tres torres metálicas de transmisión de microondas y dos de alta tensión, las cuales fueron derribadas con dinamita.
La "operación halcón" ha sido la respuesta del gobierno a los hechos del 3 de marzo. El gobierno, que se rehusa a utilizar el ejército en la represión del movimiento guerrillero, por exigirlo así la nueva Constitución, envió entonces más de 300 "sinchis" (policías contra-insurgentes) más a Ayacucho, con 10 carros artillados y nueve equipos de comunicaciones. Además, fue declarado el estado de sitio en la provincia, y la policía empezó unos allanamientos casa por casa, sacando a las gentes de sus camas inclusive. Docenas de personas fueron arrestadas en Ayacucho y Junín, la provincia vecina.
Pero el reino de terror había comenzado antes. Pocas horas después del ataque del 3 de marzo, la policía rodeó el hospital de Huamanga donde cuatro presuntos miembros de Sendero Luminoso, heridos, permanecían bajo custodia. Los policías tomaron a uno de ellos y trataron de estrangularlo. Los otros tres fueron sacados a la fuerza y fusilados en la calle.
Después vino la creación de un organismo paramilitar, una especie de MAS peruano. El 16 de marzo, La República, un diario de Lima, recibió una llamada telefónica anónima que dijo: "Buenas tardes, este es el Comando de Derecha Blanca. Vamos a tomar medidas contra Sendero Luminoso. Nuestra primera víctima será Hugo Blanco".
En las elecciones pasadas la izquierda peruana logró una representación parlamentaria de nueve diputados y seis senadores, de diversas corrientes: comunistas, trotskistas y maoistas. Hugo Blanco fue quien arrastró el mayor número de votos de todos ellos, erigiéndose en uno de los más populares diputados. Sus denuncias contra las violaciones de los derechos humanos lo han convertido en blanco de diversas amenazas, golpizas e intentos de secuestro por parte de bandas paramilitares.
En esta oportunidad él fue quien inició, con otros parlamentarios, las protestas contra los hechos del hospital de Huamanga.
Un aspecto interesante es el carácter masivo de los atentados. Observadores llegaron a contar en el primer semestre del año pasado más de 900 atentados. Según cálculos del segundo vicepresidente de la República, Javier Alva Orlandini, el valor de los estragos causados excedía los cinco mil millones de soles (12.5 millones de dólares).
Perú es quizás el único país latinoamericano en donde hoy la izquierda militante dispone de representación parlamentaria. Por eso sectores de oposición dicen que es el gobierno el que propicia el terrorismo veladamente para atribuirlo a la izquierda marxista, recordando que los atentados no siempre han sido de signo claro, como los bombazos a barcos cubanos, escuelas y locales comunales de barrios pobres.
Mafia o extremistas, lo cierto es que el Perú atraviesa por una penosa situación económica y social, que está siendo tratada con más y más autoritarismo gubernamental. El 60% de la población económicamente activa está hoy desempleada y subempleada, y el Producto Nacional Bruto per cápita, de 730 dólares al año, es uno de los cinco más bajos en América Latina. Belaúnde no ha podido cumplir su promesa de la campaña electoral de crear 2 millones de nuevos empleos y reducir los índices inflacionarios. Por el contrario, su política económica se ha basado en una serie de minidevaluaciones del sol (que acumularon un 36% en solo unos meses de 1981, lo que es un récord en América Latina), recortes a los servicios públicos, e incrementos de precios en bienes de consumo directo (72% fue el acumulado del año pasado).
Todo esto está deteriorando rápidamente el clima político. Los militares han discrepado, con el gobierno por la ley petrolera, que priva al Estado de percibir 3 millones de dólares anuales al crear exenciones tributarias a las compañías extranjeras, y voces pidiendo la reimplantación de la pena de muerte comienzan a escucharse, al mismo tiempo que es expedido un decreto legislativo "antiterrorista" que prevé penas de presidio de 10 años para todo aquel que "perturbe la tranquilidad pública", cargo que puede ser aplicado inclusive a quien participe en una huelga, lo que ha sido visto como un signo más del endurecimiento del gobierno ante el descontente popular.