Home

Mundo

Artículo

TIRON DE OREJAS

Baja de cuatro puntos en las elecciones, voz de alerta para los socialistas españoles.

13 de julio de 1987


El voto de castigo al Partido Socialista se cumplió. Las encuestas, los corrillos callejeros y los editorialistas, habían anunciado ya el tirón de orejas al partido de gobierno por su cómoda instalación en un poder cada vez más hegemónico y arrogante, que ha dado lugar a que, desde la izquierda y la derecha, lo compare con el PRI mexicano.

Los recientes conflictos sociales marcados por numerosas huelgas y disturbios, eran ya un síntoma de malestar que buena parte de la sociedad experimentaba por el abandono de sus gobernantes, recluidos en sus flamantes cargos y muy distinto de aquellos "chavales" del puño y la rosa que llegaron al poder con tanto entusiasmo en 1982. Tal como dijera un politólogo madrileño el mismo día de elecciones: "El voto de castigo es un mensaje al PSOE para que no se duerma en sus laureles ". Porque lo cierto es que el partido de Felipe González sigue siendo la gran fuerza política a la que los españoles prefieren confiar el poder, a pesar de todos sus defectos como lo indica el hecho de haber obtenido el 40% de los votos.

La intensa campaña electoral para conformar los ayuntamientos de unos ocho mil municipios y los parlamentos de 13, de las 17 comunidades autónomas, así como la designación de 60 diputados al parlamento europeo, ha costado al presupuesto español 7.500 millones de pesetas (unos 15 mil millones de pesos) que en subvenciones tendrá que reembolsar el Estado a los partidos, en proporción a la votación conseguida.

Casi veinte millones de ciudadanos (el 69% del potencial electoral) repartieron sus preferencias entre cientos de partidos y grupos de la más variada procedencia ideológica, de los cuales el ultraderechista frente nacional, del falangista Blas Piñar, y Herri Batasuna, brazo político de] grupo terrorista vasco ETA, serían los extremos de la cuerda. El primero tuvo un precario resultado con lo cual prácticamente desaparece del panorama, al igual que el viejo y legendario comunista Santiago Carrillo. Por el contrario, Herri Batasuna ha conseguido para Txema Montero, una especie de Braulio Herrera español, un holgado cupo en el parlamento europeo, con más de 300 mil votos depositados en el país vasco primordialmente, pero con algún respaldo en el resto de provincias españolas de parte de "elementos marginales y extremistas", según palabras del ministro del Interior, José Barrionuevo.

Alianza Popular, la derecha tradicional, conserva su segundo lugar con el 24% de los votos, registrando una baja moderada con respecto a las elecciones de 1986, a pesar de los "nuevos tiempos" con los que Antonio Hernández Mancha, su joven y nuevo presidente, apeló a sectores de la sociedad donde el jefe natural, Manuel Fraga, pudiera ser un factor negativo. Hernández Mancha, sin convencer mucho, apenas logró conservar la misma proporción de AP, sin llegar más allá de donde Fraga la situó desde la transición.

La naturaleza administrativa de estos comicios, invocada por el presidente Felipe González para impedir su utilización como voto de censura a su gestión, permitió una movilidad en el electorado que afectó los gobiernos de municipios y comunidades autónomas, pero sin comprometer seriamente la estabilidad que los socialistas en el Palacio de la Moncloa, le imprimen a una España próspera y decidida a ejercer su papel en la Comunidad Económica Europea.

Por eso, los hechos políticos corrieron por cuenta de los grupos menores hacia los cuales derivó buena parte de los votos perdidos por el PSOE y por AP. Casi dos millones de españoles cambiaron su voto en favor de los partidos regionalistas o nacionalistas: la coalición comunista Izquierda Unida (UI) que preside el carismático Gerardo Iglesias, y el CDS de Adolfo Suárez. Este último, al consolidar a su Centro Democrático y Social como el tercer partido, cobra el triunfo relativo de esta contienda, y se perfila como el protagonista de los necesarios pactos y coaliciones para conformar gobiernos municipales y de comunidades autónomas.

Los resultados del "10-J", como se denomina aquí esta elección, modifican el mapa político español: quitan la mayoría absoluta al PSOE en las principales ciudades, y lo obligan, por primera vez en cinco años, a negociar con otras fuerzas, lo cual implica el riesgo de perder definitivamente algunas alcaldías importantes. En Madrid, por ejemplo, el alcalde Juan Barranco no podrá continuar al mando de la villa sin la participación de los concejales de IU o del CDS, pero se enfrenta, por un lado, con la advertencia de Gerardo Iglesias de no comprometer a su partido en alianzas con los "reaccionarios del PSOE" y, por el otro, con la exigencia de Adolfo Suárez de pactar sólo alrededor de Agustín Rodríguez Sahagún, su candidato a la alcaldía de la ciudad capital.

Lo que suceda en Madrid, Sevilla o Zaragoza va a influir decisivamente en las medidas que Felipe González y su poderoso vicepresidente, Alfonso Guerra, deban tomar desde ya para que la "familia socialista" recupere su sex appel ante la opinión, y se presente en buena forma a las elecciones generales del 90. Para esas elecciones ya hay unos protagonistas fijos: Adolfo Suárez, Gerardo Iglesias, Manuel Fraga, y por supuesto, Felipe González. Porque si bien el PSOE perdió cuatro puntos de su enorme caudal electoral, lo cierto es que todos los observadores coinciden en dar a Felipe muchos años más como inquilino de "La Moncloa" y ven en el resultado electoral del miércoles, una simple reiteración del viejo adagio: "Porque te quiero... te aporreo".--