UNA PELICULA DE MIEDO

En su libro Vecinos distantes - Un retrato de los mexicanos, el escritor Alan Riding afirmó: "Los funcionarios mexicanos generalmente no admiten -sobre todo ante extranjeros- que la corrupción es esencial para el funcionamiento y la supervivencia del sistema político. (...) Hoy día la corrupción permite que el sistema funcione, proporcionando el lubricante". Ese juicio, escrito hace una década, fue corroborado el año pasado por Andrés Oppenheimer en su obra México, en la frontera del caos. En ella el argentino-estadounidense analiza la enorme influencia de la corruptela en esa nación que, como dijo el dictador Porfirio Díaz, está "tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos". La corrupción pura y simple, la que analiza Riding, ha sido una forma de vida en México, un subproducto del poder absoluto que el Partido Revolucionario Institucional _PRI_ ha ejercido durante los últimos 70 años. Las 'mordidas' han sido por años la fuente principal de ingresos de los policías mexicanos. El ex procurador Antonio Lozano asegura que el 80 por ciento de los agentes están contaminados y el centro de derechos humanos Agustín Pro sostiene que por lo menos 150 de los asaltos que se producen diariamente en la capital son cometidos por policías. En el ámbito administrativo, los contratos estatales han tenido que sufrir los sobrecostos de las comisiones y los gobiernos, según el mismo Riding, terminan su período con "el año hidalgo", en el que el presidente de turno suele acelerar su enriquecimiento personal. En el tiempo transcurrido entre los libros de Riding y Oppenheimer el narcotráfico se consolidó como fuente de corrupción para la élite. Y se produjeron los asesinatos de figuras como el cardenal Jesús Posadas, el candidato Luis Donaldo Colosio y el dirigente priísta José Francisco Ruiz Massieu. Después de la salida de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari comenzaron a conocerse las conexiones y antagonismos del poder con la mafia del narcotráfico. El columnista Gabriel Zaid, del diario Reforma, sostiene que"tradicionalmente la mafia del poder fue, como hoy se dice, incluyente, bajo principios intocables. Uno fundamental era que se podía robar, pero no traicionar. (...) Este reparto pacífico del queso se desorganizó, porque llegaron al país mafias ajenas al nacionalismo revolucionario y porque el supremo árbitro Carlos Salinas de Gortari hizo sentir a los capos que iba a excluirlos. Ahí empezó la violencia".
Pero en este mismo tiempo se produjo un cambio radical: México se hizo socio de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio y pasó de vecino molesto a país vital para los intereses de Washington. Oppenheimer cita al entonces subsecretario de Estado Crescencio Arcos: "Ninguna administración estadounidense quiere escuchar malas noticias de México, porque de hacerlo se vería forzada por razones de política doméstica a tener que hacer algo para solucionarlas. Y si tuviera que actuar, correría el riesgo de poner en peligro los acuerdos bilaterales".
La certificación
El gobierno de Bill Clinton no es distinto, como quedó demostrado el 28 de febrero cuando México recibió la plena certificación como aliado de Estados Unidos contra el narcotráfico. Pero esta vez la vista gorda del gobierno estadounidense no hará que la corrupción mexicana desaparezca de la agenda de Washington por varias razones. El 20 de febrero salió a la luz la detención del general del Ejército Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de ser asalariado del nuevo capo máximo, Amado Carrillo Fuentes. Gutiérrez, quien había sido nombrado por el presidente Ernesto Zedillo como zar antidrogas sólo dos meses antes, se había sentido tan seguro que trasladó su domicilio a un lujoso apartamento proporcionado por Carrillo y situado en el mismo edificio donde el propio capo ha vivido en varias oportunidades. El 26, el diario The New York Times publicó un reportaje en el que acusó a dos gobernadores de formar parte de la red de protección de las actividades de Carrillo Fuentes. Se trata de Manlio Fabio Beltrones Rivera, del estado de Sonora, y Jorge Carrillo Olea, de Morelos. Y horas antes del anuncio de la certificación las autoridades mexicanas anunciaron que un hermano de Juan García Abrego (máximo líder del cartel del Golfo, preso y remitido a Estados Unidos), capturado horas antes, se había escapado ante las barbas de los agentes que le interrogaban. Ese mismo día The New York Times publicaba el testimonio de Magdalena Ruiz Pelayo, ex asistente del padre de Salinas de Gortari, según el cual el patriarca también había participado en tratos con el narcotráfico cuando su hijo era primer mandatario. Esa avalancha de escándalos, junto con las declaraciones hechas ante el congreso por el director de la DEA Michael Constantine, según las cuales no existe confianza con ninguna de las entidades mexicanas contra el narcotráfico, lograron motivar a los congresistas Jesse Helms, Paul Coverdell y Dianne Feinstein, quienes presentaron un proyecto para revertir la certificación. Y aunque el Congreso jamás ha tomado esa decisión desde que el mecanismo se inició en 1986, el jueves la comisión de Relaciones exteriores de la Cámara aprobó el proyecto por 27 votos contra 5. La certificación difícilmente caerá, no sólo porque el proyecto congresional tendría que superar un difícil trámite, sino porque la presidencia ya anunció su intención de vetarlo. Pero el congreso dominado por los republicanos podría darse el gusto de cobrarle al gobierno su insistencia en creer lo que más le conviene. Esa insistencia quedó clara en las palabras de Albright cuando defendió la certificación diciendo que Zedillo "está luchando por establecer un gobierno limpio, una democracia verdadera y el pleno respeto de la ley, así como atacar a las mafias".
Malas noticias Zedillo lanzó el 25 de febrero una campaña anticorrupción, respaldado por el procurador Jorge Madrazo, quien anunció a su vez un plan para reestructurar su dependencia, el segundo desde que Zedillo asumió el poder a fines de 1994. Las campañas han incluido la destitución de centenares de agentes y la utilización de efectivos del Ejército en labores policiales, particularmente en el combate contra el narcotráfico. Pero las noticias escandalosas sobre el nivel de corrupción de la clase política no vienen de México, sino de Estados Unidos. A mediados del mes de febrero la revista mexicana Proceso y el diario capitalino La Jornada reprodujeron apartes de los documentos correspondientes a una investigación que se sigue en Estados Unidos al ex subprocurador Mario Ruiz Massieu, detenido en su casa de New Jersey. Según los testimonios, Ruiz Massieu protegió, a cambio de millones de dólares, a un grupo ligado al narcotráfico e integrado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari (exiliado en Irlanda) y su hermano Raúl Salinas (preso en México por enriquecimiento ilícito), su hermana Adriana y su padre Raúl Salinas Lozano, antiguo alto dirigente del PRI. En el grupo también habría estado José Francisco Ruiz Massieu, hermano de Mario y ex cuñado de los Salinas de Gortari, asesinado en 1994. Las declaraciones involucraron también al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, cuyo asesinato se habría debido al presunto robo de mucho dinero proveniente del narcotráfico. Esas acusaciones han sido rechazadas por los afectados, quienes sostienen que se trata de una conspiración para deteriorar la imagen del país. El gobierno no ha dicho esta boca es mía, pero es evidente que en algún momento tendrá que pronunciarse, sobre todo si, como se anuncia, el proceso lleva a nuevas revelaciones. Zedillo enfrenta un problema de fondo, porque si decide y logra poner en cintura a la corrupción estará poniendo un lazo alrededor del cuello del PRI como partido de gobierno. Como dice Lorenzo Meyer, uno de los analistas más respetados de México, "creo que Zedillo sabe bien que el régimen político, el autoritarismo del que forma parte, está llegando al final de su larga vida".