Venezuela llama a consultas a su encargado de negocios en EE. UU.

Caracas llamó este lunes a consultas a su principal representante en Estados Unidos, horas después que Washington anunciara un nuevo paquete de sanciones contra funcionarios venezolanos y calificara la situación en el país caribeño como una "amenaza" a su seguridad nacional.

"Hemos llamado a consulta de inmediato a Maximilien Arveláiz, Encargado de Negocios en Estados Unidos", escribió la canciller Delcy Rodríguez en su cuenta en Twitter.

La medida es la primera reacción de Caracas ante la decisión del presidente estadounidense, Barack Obama, de reforzar sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela presuntamente incursos en casos de corrupción y violaciones a derechos humanos durante la represión de protestas opositoras en 2014, y que dejaron 43 fallecidos.

La Casa Blanca también calificó la situación en el país suramericano como una "amenaza a la seguridad nacional" de Estados Unidos.

"Yo, Barack Obama, (...) considero que la situación en Venezuela (...) constituye una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos", indica el decreto.

"Por ello declaro una emergencia nacional para enfrentar esa amenaza", añade.

Las sanciones están dirigidas contra siete funcionarios y exfuncionarios de instancias policiales, militares y judiciales; cuyos nombres fueron mencionados públicamente por la Casa Blanca por primera vez. Entre ellos se encuentran el exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides; el director del servicio de inteligencia SEBIN, Gustavo González; la fiscal Katherine Haringhton; y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, entre otros.

"Los funcionarios venezolanos, actuales y anteriores, que violan los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y realizan actos de corrupción no serán bienvenidos aquí, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus bienes y su uso del sistema financiero estadounidense", señaló la Casa Blanca.

Estas acciones implementan y amplían las sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense el año pasado y que el propio mandatario, a pesar de su reticencia inicial, sancionó en diciembre.

En febrero el Departamento de Estado incluyó un número adicional de funcionarios venezolanos susceptibles a la restricción de visas.

En ese entonces Venezuela manifestó su rechazo a una decisión que consideró "lesiva de los derechos humanos" y que era "reincidente en la violación del Derecho Internacional".

El 28 de febrero el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la reducción del número de diplomáticos estadounidenses de acreditados en Caracas, la exigencia de visas para turistas y la prohibición de ingreso al país de un grupo de líderes políticos y legisladores norteamericanos.