Veto a la oposición

Una vez más, los venezolanos fueron llamados a salir a las calles para manifestarse. La oposición emprendió una campaña de protesta contra las inhabilitaciones que pesan sobre unos 400 líderes políticos que no podrían presentarse a las elecciones regionales de noviembre, un pulso clave que el propio presidente, Hugo Chávez, ha calificado como una "batalla estratégica" a la que llega debilitado. Entre ellos está el popular alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Leopoldo López, una de las principales figuras opositoras.

Con el recuerdo todavía presente de la 'lista Tascón' -que sirvió para identificar y desfavorecer a los firmantes del referendo revocatorio contra Chávez-, los venezolanos ya comienzan a hablar de la 'lista Russian', en alusión al contralor general, Clodosvaldo Russian, quien, sin abrir un proceso judicial, decidió que López, por ejemplo, no podría ejercer cargos públicos durante nueve años cuando termine su mandato.

Y es que detrás del emblemático caso de López está la batalla por la Alcaldía de Caracas. En su ya tradicional lenguaje militarista, el propio Chávez ha advertido sobre los riesgos de perder la capital. Según la encuestadora Datanalisis, López es el líder opositor más popular, y en una medición de febrero incluso llegó a superar por escaso margen a Chávez. También, según las encuestas, para la Alcaldía Mayor le saca unos 30 puntos al candidato del chavismo, Aristóbulo Isturiz. "No tengo la menor duda de que el gobierno está tratando de cerrarme el paso", dijo el dirigente opositor a SEMANA.

En su defensa, López recuerda que la Constitución venezolana es clara en que los derechos políticos sólo pueden ser suspendidos por una sentencia judicial. También invoca la Carta Interamericana de Derechos Humanos, según la cual sólo puede haber tres restricciones para ejercer esos derechos: edad, sanidad mental o, de nuevo, una sentencia judicial en firme. "Yo no he sido ni juzgado ni sentenciado, por lo tanto no puedo estar inhabilitado", remata.

Para nadie es un secreto que en la Venezuela bolivariana la separación de los poderes públicos se ha desvanecido. Según las encuestas, más de la mitad de los venezolanos consideran que las inhabilitaciones son una retaliación política, y una mayoría todavía más grande las rechaza. Sin embargo, tanto Chávez como la Asamblea Nacional ya han manifestado su respaldo al contralor. En la otra orilla, ha habido manifestaciones que se podrían multiplicar, como ocurrió el año anterior con el descontento por el cierre de Rctv que terminó en la derrota del chavismo en el referendo constitucional de diciembre.

"Es una acción cargada de arbitrariedad. Son unas figuras muy emblemáticas. No sólo se está negando el derecho de presentarse a los candidatos, sino un derecho mucho más colectivo a la ciudadanía", dijo a SEMANA el sociólogo Amalio Belmonte, profesor de la Universidad Central de Venezuela. En su opinión, habría muchas razones para esperar marchas. "No es una movilización en abstracto, sino que se personifica en la que quizás es la figura de mayor proyección en la oposición".

Los mismos líderes del movimiento estudiantil que tuvieron un papel protagónico en el referendo de diciembre salieron el pasado miércoles, junto a López, para llamar a una marcha que llegará hasta las puertas del Tribunal Supremo de Justicia el próximo 12 de julio. "Si no defendemos nuestros derechos como hombres, mañana lloraremos las consecuencias como niños", dijo Yon Goicoechea, uno de los más reconocidos. Ese día podría marcar el comienzo de un nuevo ciclo de protestas en la indomable Venezuela bolivariana.