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| Foto: Archivo particular

JUSTICIA

Arranca la segunda ola de imputaciones por los Panama Papers

24 personas naturales, entre representantes legales, revisores fiscales y contadores fueron llamadas a audiencia de imputación por la Fiscalía por presuntamente emplear una red de empresas fachadas para falsificar la contabilidad de sus empresas y evadir impuestos

5 de diciembre de 2017

A más de un año de su divulgación, la filtración de los documentos internos de la compañía panameña de abogados Mossack Fonseca sigue causando estragos en Colombia.

Después de que 20 personas fueron imputadas en octubre pasado por presuntamente haber participado en gigantescas redes de evasión fiscal generadas desde el bufete panameño, la Fiscalía anunció este martes la captura de 24 personas más, entre representantes legales, revisores fiscales y contadores de empresas que habrían incurrido en el mismo delito.

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A pesar de que se trata de compañías mucho más pequeñas que las que acapararon los titulares de los diarios hace dos meses, la nueva ola de imputaciones es “un mensaje que está mandando la Fiscalía” para el mundo empresarial acerca de la gravedad de emplear estos sistemas, de acuerdo con lo que explicó el delegado para las finanzas criminales, Andrés Jiménez.

El funcionario también aclaró que por el momento no se habían presentado solicitudes de medida de aseguramiento, ni se estimaban cargos de lavado de activos, pero estimó en cerca de 5 millones de dólares el total de dinero que se perdió en estas transacciones presuntamente fraudulentas.

La declaración de Jiménez es sorprendente si se contrasta con la acusación que formuló la Fiscalía en octubre pasado en contra de Luz Mery Guerrero, representante legal de las empresas Efectivo S.A. y Circulante S.A., a quien la juez impuso una medida de aseguramiento domiciliaria por un caso similar.

En esa ocasión, la teoría del ente acusador se centró en el hecho de que en el momento en que se falsificaban documentos, se inducía en error a las autoridades tributarias o se engañaba a los socios de la compañía, podía considerarse que el dinero escondido en paraísos fiscales también incurría en el delito de lavado de activos al “ensuciarse” con el acto anterior.

Al igual que en ese caso, la operación de evasión tributaria de los 24 nuevos imputados habría consistido en emplear empresas fachadas generadas por Mossack Fonseca en diversos países para justificar la generación de falsas facturas que habrían a su vez servido como cobertura para evadir impuestos en Colombia y recuperar en cuentas particulares el dinero extraído de la contabilidad de sus compañías respectivas, después de que transitara por Las Bahamas.

La decisión de la Fiscalía de judicializar un acto que hasta 2016 no era delito en Colombia causó polémica en el mundo empresarial, pero se vio reforzada después de que el mes pasado aparecieron nombres conocidos en el nuevo destape de casos conocido como Paradise Papers.

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De acuerdo con lo que dio a conocer la Fiscalía, las siguientes personas fueron imputadas por el delito de falsedad ideológica en documento privado:

Héctor Javier Angel Pinzón, Juan Carlos Agudelo Álvarez; Darysol Linares Vega y Lyda Paola Barrera Blanco, respectivamente representante legal, revisor fiscal y contador de Broquel S.A.S.

Gabriel Fernando Parra Nieto, Rodrigo Barrera Pinzón, María Constanza Tirado y Carlos Vásquez, representante legal, representante legal suplente, revisor fiscal y contador de Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S.

Rafael Eduardo Ardila Arenas, Jury Alexander Avendaño Beltrán, Martha Ligia Galvis y Alba del Pilar Rey Vega, representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad Prodisur S.A., quienes acudirán a audiencia el 19 de diciembre de este año.

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Así como Germán Rojas Delgado, José Ignacio López Rojas y Hugo Báez Oliveros, representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad Servinsumos S.A., llamados a comparecer el 1 de febrero de 2018.

Además de Manuela Sierra Gutiérrez, Amalia Sierra Gutiérrez, Augusto Madrigal Munera y Diana Carolina Rojas, representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad MAS S.A.S.

Y Luis Alberto Rivillas Martínez e Iván Darío Salazar, revisor fiscal y contador de la sociedad FAACA S.A.S, todavía pendientes de asignar audiencia.

Con lo cual va un total de 20 personas vinculadas en la primera fase de investigación de los Panama Papers en la que participó la Dian, junto con la Fiscalía.