45 candidatos y líderes sociales que están en riesgo requieren atención prioritaria

El asesinato en los últimos días de Karina García, candidata a la alcaldía de Suarez (Cauca), encendió las alarmas sobre la preocupante situación de orden público que vive el país a menos de dos meses de las elecciones regionales, que definirán el rumbo de los territorios por los próximos cuatro años, pero en especial la seguridad de los líderes sociales que en esta contienda aspiran a cargos de elección popular.

Hay 45 candidatos en todo el país que requieren atención prioridad por la gravedad de las amenazas que han recibido. La cifra fue revelada esta semana por la Procuraduría General que identificó los factores de riesgo y los departamentos con mayor inseguridad electoral. Por lo menos 315 municipios con alto riesgo electoral según datos del Indicador de Riesgo Electoral del Ministerio Público.

Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Bolívar y Antioquia son los departamentos con más alto riesgo. En la región Caribe se destacan 74 municipios entre ellos, Curumaní (Cesar), Campo de la Cruz (Atlántico), Ovejas (Sucre) y Piojo (Atlántico). En Antioquia y el Eje Cafetero hay 66 municipios en riesgo: Ituango, Taraza, Dan Francisco, Segoviano, El Bagre que pertenecen a este primer departamento, además de Pijao en Quindio.

Por donde se mire el escenario es preocupante. En la región Centro Oriente hay 61 municipios donde se destacan El Tarra, Tibú, Convención, Sardinata y Puerto Santander. La mayoría de estos, en la subregión del Catatumbo, donde los grupos armados ilegales se disputan el control del territorio, un corredor clave para las bandas criminales que necesitan sacar la coca por Venezuela para distribuirla a Centroamérica o Europa.

Si por el nororiente llueve, en el pacífico no escampa. Allí la situación está cada vez más compleja. De hecho, el mayor número de casos de líderes asesinados lo presenta el Cauca de donde precisamente era la candidata a la alcaldía de Suárez. Los municipios con mayor riesgo son Tumaco, El Charco, Barbacoas (Nariño) y Carmen del Darién en Chocó.

Además de las alertas tempranas que está emitiendo la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los territorios, y que incluso había alertado al Ministerio del Interior sobre los riesgos que corría García; el procurador general, Fernando Carrillo, le envió una carta al presidente Iván Duque en la que le solicita la construcción de una estrategia de seguimiento a los líderes y políticos amenazados en el marco del calendario electoral.

“Una estigmatización es la cuota inicial de un asesinato. Si aquí no hay un compromiso de alcaldes y gobernadores y del gobierno central con los candidatos y líderes en el tema de su seguridad, estamos perdiendo esta batalla. La responsabilidad es de todos. No más tibiezas con este tema”, señaló el alto funcionario.

En la misiva, el Ministerio Público solicita un la creación de un puesto de mando unificado electoral conformado por Fiscalía, Defensoría y los ministerios de Defensa e Interior y la Procuraduría para evaluar cada riesgo y actuar anticipadamente para evitar hechos dolorosos como el que ocurrió hace unos días en Cauca o los que se repiten con los más de 300 líderes sociales asesinados desde el primero de enero de 2016.

El procurador Carrillo ha dicho que "Llego el momento de la firmeza con La Paz... nada de tibiezas. Somos reincidentes de la paz, la defendemos haciendo respetar la vida de nuestros líderes y combatiendo a los violentos", aseguró una vez se hizo pública la solicitud.

Por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Negret, advirtió que "la campaña electoral debe permitir y avanzar en mensajes de respaldo, apoyo y reconocimiento para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, para que en este proceso no muera ni un líder más”.

Los dos funcionarios participan este viernes del evento que Lidera la vida organizado Usaid, afrodes, Onic, Defensoría, Pastoral Social, Procuraduría, Arnuc, Mapp- OEA, entre otros.