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"A mi hija la mataron por ser líder social": madre de la antropóloga asesinada en Palomino

En una entrevista en Caracol Radio, la mujer dijo que su hija era bondadosa y que ayudaba a la comunidad, motivo por el que cree que atentaron contra su vida.


El caso de los antropólogos asesinados en Santa Marta sigue estremeciendo al país. Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve fueron encontrados sin vida el pasado lunes en el sector de Perico Aguao, a una hora y media de distancia de Santa Marta, por la vía Troncal del Caribe.

La pareja de recién casados fue hallada con tiros de gracia. Ambos llevaban capuchas negras y tenían las manos atadas. Su desaparición se había producido en la noche del viernes.

La mujer, antropóloga, era directora del proyecto Magdalena-Cauca Vive de la Fundación Natura y era reconocida por su trabajo en la protección de diferentes especies animales de la región. Rodrigo era estudiante de Antropología y un reconocido DJ en Santa Marta. La pareja se dirigía a Palomino a compartir una cena con amigos, con motivo de su matrimonio, celebrado hace apenas ocho días.

En la que fue la última comunicación de la pareja, lo último que escuchó el padre de Nathalia en una llamada fue "Quédense quietos o los matamos". Por este motivo, la primera teoría de las autoridades es que el hecho violento se precipitó porque delincuentes querían robarles la camioneta.

En esa zona de La Guajira opera una peligrosa banda denominada Los Carriteros, además de fuertes estructuras criminales reorganizadas por antiguos exjefes paramilitares.

Pero la madre de Nathalia dice que el motivo de la muerte de su hija en realidad se habría producido por su condición de líder social. En una entrevista en Caracol Radio, Ximena Cáceres dijo que fue asesinada por “defender los campesinos”.

“Todas las cosas que eran malas a ella le fastidiaban (…) Por eso los mataron (…) la mataron por ser una líder social que no hacía nada más que defender a los campesinos”, dijo la mujer al medio radial.

Cáceres también manifestó que su hija era una persona buena y que había “pocas en Colombia”  como ella. Además, la mujer manifestó que su hija amaba a los animales y que adoptó 9 perros que había encontrado en la calle.

Mientras tanto, Clara Solano, directora de la fundación donde trabajaba Nathalia, dijo que nunca recibieron amenazas y que la labor de la joven brutalmente asesinada era de acompañamiento en terreno y organización de talleres con las comunidades y con mujeres.

Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, lamentó el hecho y anunció una recompensa de 50 millones de pesos a quien brinde información que conduzca a los autores materiales e intelectuales del crimen. “Estamos desconcertados; esperamos que las investigaciones permitan esclarecer qué ocurrió y recobremos la tranquilidad de moradores y visitantes. Exigimos a las autoridades policiacas y militares tomar la ofensiva en un territorio ahora amenazado por el Clan del Golfo”, dijo el mandatario.

En la zona donde fue asesinada la pareja se ha producido una nueva escalada de violencia por una mezcla de diferentes actores. Por un lado, el rearme de grupos al mando de exjefes paramilitares que se habían acogido a la Ley 975 de Justicia y Paz, como Jhon Jairo Esquivel y Rigoberto Rojas, alias el Tigre y Rigo respectivamente, quienes crearon alianzas con el Clan del Golfo. Por otro lado, la fuerza con la que ha ido creciendo un nuevo grupo criminal en la zona, autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, compuesto por el ala armada de lo que antes se conocía como la banda Los Pachencas y por los herederos del extraditado jefe paramilitar Hernán Giraldo.

La situación es realmente crítica, al punto de que la Defensoría del Pueblo ya ha emitido tres Alertas Tempranas para llamar la atención sobre el peligro en que se encuentran muchas comunidades de la zona. En un año y medio, 11 de los 15 municipios de la región han tenido manifestaciones de violencia, fueron asesinados seis líderes sociales, otro sufrió un atentado y 42 personas fueron desplazadas luego del asesinato de un miembro de la comunidad en Playa Salguero. En total se presentaron ocho acciones armadas y ocho infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

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