Agotadas las discusiones sobre la entrega de armas, sobre el indulto o sobre quien tiró la primera bala y violó la tregua, el gobierno y el M-19 se han enfrascado en un nuevo "tira y afloje". Esta vez el caballito de batalla son los campamentos. Las sedes políticas que el M-19 ha instalado en los barrios periféricos de las más importantes ciudades del país, sedes éstas que, prácticamente desde su aparición, han levantado polvareda.
El problema comienza el 21 de marzo en el Distrito de Aguablanca de Cali, cuando el M-19 decide "sacar a la legalidad" a los militantes clandestinos que tenía en esos barrios marginales y montar una especie de casas comunales con el propósito de realizar acciones cívicas tendientes a "ejercer influencia en los sectores populares", según lo explicaron sus voceros el dia del lanzamiento público del primer "campamento de paz". La creación de desagues en donde no hay alcantarillado y las "jornadas de baldes" para cargar agua, se pusieron al orden del día para los milicianos, como se llaman ahora los activistas legales.
Actualmente funcionan diez campamentos en Cali, fundamentalmente en la zona tugurial de Aguablanca, Petecuy y Siloé en donde viven más de medio millón de habitantes. En Bogotá, al final de la semana, se inauguraba el quinto en un barrio que han bautizado Corinto, cerca de Juan Rey. Existen además en los barrios Malvinas, El Rincón cerca de Suba San Rafael Este y Villagloria cercano a los barrios San Francisco y Meissen. En Medellín hay cinco, en Bucaramanga tres y en Barranquilla y Manizales se han comenzado a montar otros más.
SEMANA visitó seis de los campamentos en Cali y Bogotá y pudo establecer que, si bien no existe ninguna actividad militar, si se está jugando a ella. Niños entre los 12 y los 16 años hacen fila, prestan guardia y hacen de postas para la vigilancia del barrio, saludan con la mano en la frente a sus comandantes y se organizan en grupos para trabajar. Rinden informes a sus superiores después de ponerse firmes y gritan consignas de paz y no de guerra. Todo esto acompañado de muchos cantos y mucho ejercicio. Si bien aisladamente cada actividad es inofensiva, en conjunto se respira un aire marcial que evidentemente entusiasma a los muchachos, pero que poca relación parece tener con lo que presumiblemente es una muestra de que el M-19 lo que quiere es integrarse a una vida pacífica. Al contrario lo que dejan ver estas actividades es una actitud desafiante, que parece querer dar a entender que el grupo cuenta con alguna fuerza y que goza de cierta simpatía en esos sectores.
Inicialmente este intento de "legalización de los cuadros" fue visto con indiferencia e inclusive con buenos ojos. La guerrilla parecía tener ánimos de querer reincorporarse a la vida civil y el M-19 aspiraba a recuperar parte de la confianza perdida ante la opinión pública. Sin embargo, a medida que se intensificaba la bala entre el gobierno y el M-19 y se iba perdiendo la credibilidad en el proceso de paz, la idea de los campamentos fue apareciendo como una salida en falso. Lo que inicialmente había sido una inofensiva modalidad de proselitismo político, ahora se tornaba en provocación. Así lo interpretaron algunos sectores y como tal respondieron los militares. Cinco horas después de inaugurado el segundo campamento en Siloé, otro de los tugurios de Cali, fue violentamente allanado por el Ejército. La escena se repitió una y otra vez en cada uno de los diez campamentos que abrió el M-19 en Cali y el resultado fueron varias banderas destruidas, numerosos heridos a bala y un sacerdote belga, Daniel Guillard, abaleado por el Ejército después de que dejara en su casa a uno de los comandantes de los campamentos de Aguablanca. ¿El motivo? "Se está haciendo entrenamiento militar en esos lugares" dijo la III Brigada. Diferentes sectores de la ciudadanía expresaron su rechazo a esta nueva modalidad de penetración y el gobierno decidió tomar cartas en el asunto.
"No se permitirán campamentos de guerra" dijo el presidente Betancur al conmemorar los 77 años de la Escuela de Cadetes José María Córdoba. El Ministro de Justicia optó por otorgar el beneficio de la duda y dijo que "si hay actividad militar en los campamentos, debe cesar". El ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, fue más categórico. "No se permitirán los campamentos urbanos del M-19".
El problema radica en la dificultad para definir qué es actividad militar. Sobre todo si se tiene en cuenta que los militantes no están uniformados y que hasta la fecha no hay evidencia de que estén armados.
Si vivir en carpas, hacer ejercicios y cantar canciones es el objeto del rechazo, no podrían existir los boyscouts. Cambiar la palabra campamento por otra, como lo piden algunos, sería tan útil como fue cambiar la palabra motel por la de estadero. Igualmente difícil sería tratar de establecer la diferencia entre la bandera azul y roja del M-19, la roja del partido liberal y la azul del partido conservador, ahora que supuestamente todos están en la legalidad.
En el seno del gobierno se presentaron tendencias encontradas en el esfuerzo de tomar medidas que no dejaran la impresión de un gobierno impotente. Un proyecto inicial propuesto por el general Vega Uribe, que parecía destinado a "mostrar los dientes", se enfrentó a la oposición del ministro de Gobierno Jaime Castro, quien advirtió sobre los peligros de estar creando un nuevo estatuto de seguridad. Como las ofensas eran intangibles, las medidas para contrarrestarlas, en la propuesta del Ministro de Defensa, tendrían que ser demasiado generales y en consecuencia dejaban la puerta abierta para que se dieran interpretaciones mucho más amplias que las que pudieran esperarse inicialmente. Después de mucha negociación, finalmente salió una fórmula en la que se impuso más el espíritu jurídico que el represivo: "Los Alcaldes municipales y del Ditrito Especial de Bogotá ordenarán el cierre temporal o definitivo de los comités, oficinas, sedes, directorios, comandos, campamentos y otras instalaciones similares en los que a nombre de partidos, movimientos u organizaciones políticas, o a cualquier otro título, se preparen o adiestren personas para la comisión de los delitos de rebelión, sedición, asonada, terrorismo, o cualquier otro, o se imparta instrucción o entrenamiento militar o paramilitar, o se organicen milicias".
A pesar de toda la anterior terminología el decreto necesariamente tenia que resultar tan simbólico como las medidas que pretendia contrarrestar. Lo que no es simbólico sin embargo, es que para el M-19 representa grandes ventajas estratégicas su modalidad de proselitismo político. Si la paz resulta, algo tiene que representar en votos. Si fracasa, quedan con un ejército nuevo casi en el corazón de las principales ciudades del país, al que lo único que le hace falta es que le entreguen las armas. De ahí que la pregunta que surge es si el M-19 está acampando o está escampando.