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ACUERDO NARCOSALOMONICO

El narcoproyecto puede que no esté tan enterrado como se le ha hecho creer a la opinión pública.

2 de enero de 1995

EL JUEVES DE LA SEMANA pasada, a las 12:30 de la tarde, el ministro de Gobierno, Horacio Serpa, sacó de su bolsillo el teléfono celular y llamó al presidente Ernesto Samper, quien se encontraba en México en la ceremonia de posesión del nuevo mandatario, Ernesto Zedillo. Samper le había pedido al Ministro que le informara cualquier noticia -favorable o desfavorable- que tuviera que ver con el debate al narcoproyecto que se realizaría ese día en la Cámara de Representantes. Por esta razón, tan pronto se confirmó la decisión de los congresistas de archivar la iniciativa, Serpa se comunicó con el Presidente y le dio la buena nueva.
Finalmente, después de tantas semanas de incertidumbre -y prácticamente de ruegos por parte del gobierno- los representantes tomaron la determinación de enterrar el proyecto de ley que intentaba desmontar normas contempladas en el Código de Procedimiento Penal en contra del enriquecimiento ilícito y el testaferrato. Por mayoría, y casi sin ahondar en la discusión, la plenaria de la Cámara negó la iniciativa que, a los ojos de todos, había hecho curso para favorecer al narcotráfico y quitarle herramientas al Estado para su lucha contra la corrupción.
El alivio de los colombianos al conocer la noticia fue muy grande. Tanto el de los ministros de Justicia, de Gobierno y el Fiscal General de la Nación, como el de tantos otros altos funcionarios que se mantuvieron en el Congreso tratando de convencer a cada uno de los representantes de las serias consecuencias que podría sufrir el país si ese proyecto se convertía en ley de la República. La votación en contra de la iniciativa, por tanto, fue una verdadera satisfacción para el gobierno. Sin embargo el triunfo no fue redondo. Si bien el resultado fue el que se buscaba, la forma como se desarrolló la ponencia en contra del narcoproyecto resultó ser una completa desilusión.
Y es que el proyecto no fue archivado por las razones que todo el país esperaba, esto es, la inconveniencia nacional y la inconstitucionalidad. En la ponencia que realizó el representante conservador Jairo Antonio Romero González -quien asumió la vocería tras la renuncia del primer ponente, Miguel de la Espriella- no se tuvieron en cuenta las argumentaciones que se habían debatido a nivel nacional en contra de la iniciativa. Es decir, el narcoproyecto no se hundió porque quería convertir al testaferrato en un delito secundario, ni porque pretendía acabar con los jueces sin rostro, ni porque ponía fin al delito de enriquecimiento ilícito. Tampoco se enterró por la necesidad de mantener vivos los instrumentos para combatir la corrupción. Es más, ni siquiera se tuvo en cuenta el rechazo prácticamente unánime que manifestaron los colombianos frente a la iniciativa.
En la intervención del representante Romero la única razón por la cual se aconseja votar en contra del narcoproyecto es la existencia de fallas de procedimiento. En efecto, según el congresista, al revisar el trámite de la iniciativa en el Senado, encontró que entre el primero y el segundo debate realizados no medió un lapso inferior a ocho días, como lo ordena la Constitución Nacional. "En estas circunstancias -dice Romero en su ponencia- el proyecto se ve afectado por un vicio de trámite que me impide rendir ponencia favorable. (...) Esto no implica que estemos enviando al archivo los nobles propósitos que animaron al autor del proyecto". Y agregó: "Es tan sólo un tropiezo en el camino en el propósito indeclinable de expedir leyes en beneficio de los derechos constitucionales fundamentales del pueblo".
Desde los debates iniciales el conservador Romero González fue uno de los más fervientes defensores de la iniciativa, e incluso antes del debate de la semana pasada le dijo a los medios de comunicación que "no se dejaría presionar del gobierno". Lo cierto es que su exposición sorprendió a más de uno, pues resultó ser una defensa del proyecto prácticamente de principio a fin. "Los argumentos expuestos en nuestra primera ponencia -dijo el representante- no pudieron ser refutados en derecho y condenaron en un debate una iniciativa que estaba encaminada a defender exclusivamente los intereses generales de la sociedad y a conseguir que en Colombia, con estricto apego a la Constitución Política de 1991, sólo haya una justicia igual para todos". Después de esta argumentación, el representante agregó que "es una lástima que ni los sectores del gobierno ni los medios de comunicación se hubieran preocupado por hacer un análisis de nuestros puntos de vista".

VIVITO Y COLEANDO

Según un congresista que habló con SEMANA y que pidió mantener su nombre en reserva, "el narcoproyecto se archiva por una leguleyada. Los 13 del patíbulo -como se les llamó a los representantes que votaron a favor en el anterior debate-, incluyendo el ponente, se salieron con la suya". En realidad la sensación de triunfo que se vivió la semana pasada en la Cámara se ha transformado rápidamente en un nuevo sentimiento de incertidumbre.
En el interior del Congreso de la República han comenzado a circular rumores acerca de la posibilidad que existe de que varios de los artículos que conforman el narcoproyecto -específicamente 18 de ellos- pueden llegar a ser incluidos subrepticiamente en el Estatuto Anticorrupción que se debate en el Senado. Es decir, que el narcoproyecto -dividido en varias partes- puede comenzar a aparecer en nuevos proyectos legislativos en forma de verdadero 'mico'.
El riesgo de que esto suceda es bastante grande. Al fin y al cabo lo que resultó rechazado la semana pasada no fue el contenido de la iniciativa sino la forma como ésta había hecho trámite en el Parlamento. Varias fuentes consultadas por SEMANA aseguran que pudo haberse presentado una negociación por parte de algunos de los representantes que han estado a favor del narcoproyecto para buscar la forma de mantenerlo vivo por lo menos durante un tiempo más.
Ante estas circunstancias, las palabras de complacencia que envió desde México el presidente Ernesto Samper y la alegría de todos los colombianos ante la noticia del entierro de la iniciativa, pueden resultar algo apresuradas con respecto a la realidad. Samper señaló en un comunicado de prensa que lo sucedido en la Cámara de Representantes era "un triunfo para los colombianos. Con esto se reafirma la dignidad nacional y se reitera ante el mundo el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico ". No obstante ese triunfo no es total, si se tienen en cuenta las consideraciones por las cuales fue archivado se podría afirmar que hoy está tan o vivo como nunca.