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| 7/12/2017 3:04:00 PM

 “Reforma rural no debe ser por decreto”: Procuraduría

El procurador Fernando Carrillo pide a la Corte Constitucional que declare inexequible uno de los decretos para la implementación de los acuerdos de paz.

Acuerdos de paz: Procuraduría pide tumbar decreto de reforma rural Fernando Carrillo, procurador general de la Nación Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA

Los decretos expedidos por el presidente Juan Manuel Santos para implementar los acuerdos de paz siguen generando controversia. Desde el pasado mes de mayo, cuando en uso de sus facultades especiales, el mandatario expidió una treintena de decretos para poner en marcha el acuerdo de paz del Teatro Colón, fueron varias las voces, como las del fiscal general, que se manifestaron en contra de algunas disposiciones.

Ahora es el procurador Fernando Carrillo quien se pronunció sobre uno de los decretos determinantes para la implementación, el que establece la Reforma Rural Integral.

En un concepto dirigido a la Corte Constitucional, la Procuraduría pidió que se declare la inconstitucionalidad (diferida a un año) del decreto 902 de 2017 que implementa la Reforma Rural Integral, y en ese plazo el Gobierno tramite ante el Congreso la aprobación de los textos que desarrollen integralmente esa parte del acuerdo de paz.

Contexto: Lluvia de decretos para la paz

Para el Ministerio Público el decreto no cumple con el requisito de “estricta necesidad”, por lo que no era imperativo que su aprobación se hiciera mediante el uso de facultades extraordinarias o vía  fast track por parte de Ejecutivo. En criterio de la Procuraduría el gobierno podía acudir al procedimiento legislativo especial para la paz.

En el concepto también se cuestiona que el decreto no incluyera la firma del ministro de Justicia, teniendo en cuenta que hace referencia a nuevas acciones y procedimientos judiciales en materia de  tierras. 

Además, señala el concepto,  por tratarse de una normativa con características de código, su adopción no está autorizada al gobierno vía decreto.

A pesar de estas observaciones, el concepto reafirma el respaldo del Ministerio Público al desarrollo del acuerdo de paz.

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