¡Adelante, arrr!

Con la reestructuración de las Fuerzas Militares y de Policía que anunció el presidente Andrés Pastrana la semana pasada el país comenzó a marchar en la dirección correcta. O por lo menos así lo ven quienes creen que es necesario contar con un estamento militar menos disperso, más legítimo, justo, veloz, flexible y solidario; con gastos más ordenados y con mayor capacidad de defender a la población civil.

La reforma no tiene los poderes mágicos que algunos le han atribuido, que le permitan a los militares multiplicar su capacidad ofensiva y ganar la guerra frente a los grupos armados ilegales que tienen asolado —y asfixiado— al país.

En materia de Inteligencia algo se ha avanzado —más que por la reestructuración, por la práctica— pero aún no se cuenta con equipos móviles de interceptación de comunicaciones, ni con buenas imágenes satelitales, ni con información sistematizada que permita, por ejemplo, congelar fondos de guerrillas y paras.

Aún no han sido reorientados todo el personal ni todos los recursos posibles para ser más eficaz en la guerra, aunque sí se ha avanzado en racionalizar el gasto y concentrar esfuerzos.

Pero la reforma es un gran paso positivo. Para empezar, es producto de una buena reflexión del poder civil sobre cómo enfrentar la guerra. Por demasiado tiempo los políticos se han quejado de la ineficacia militar pero a la hora de trazar políticas efectivas han dejado solos a los militares. Esta vez se hizo un esfuerzo conjunto entre el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, y los comandantes militares y policiales para concertar las nuevas reglas de juego.

SEMANA consultó al ministro Ramírez y a algunos expertos civiles y militares en el tema para evaluar los puntos clave de la reestructuración.



Movilidad: fueron abandonadas definitivamente las viejas ideas de comprar corbetas, aviones y submarinos para concentrar los esfuerzos del presupuesto en helicópteros de combate. En el corto plazo se cuadriplica la capacidad móvil de cuatro a 16 ‘arpías’ o helicópteros artillados (sin contar los del Plan Colombia) y, en el mediano, vendrán siete nuevos helicópteros de combate y siete más para transporte.

El desafío ahora es conseguir los recursos para combustible, repuestos y entrenamiento de pilotos. El Ministerio está tratando de negociar una reducción de los precios de combustible con Ecopetrol y una adición presupuestal con el Ministerio de Hacienda.

Pero el asunto no es sólo tener más equipos volando. Hay una nueva estrategia ya en marcha de cómo pelear la guerra. Antes, a solicitud de quienes pedían protección, las Fuerzas Armadas fueron esparciendo sus efectivos por todo el territorio nacional, hasta quedar prácticamente inmóviles y además muy vulnerables a los ataques de la guerrilla. Ahora busca concentrarse en menos lugares y moverse más rápido para responder ataques, o mejor aún, para prevenirlos.



Los profesionales: para fines de este año el Ejército contará con 40.000 soldados profesionales. Serán cada vez menos los soldados conscriptos, pero un proyecto de ley en elaboración buscará que todos los colombianos por igual puedan ser llamados a prestar el servicio militar, sin distingos entre bachilleres y muchachos sin educación.

Los soldados profesionales no eran parte del régimen disciplinario ni quedaban sujetos al Código Penal Militar. Si se aburrían, se iban, pues su único vínculo con las Fuerzas Militares era un contrato de prestación de servicios.

Ahora pueden ser sancionados como cualquier otro militar, pero a la vez tienen derecho a una pensión de jubilación (por Ley 100). Era insólito que quienes estaban al frente de batalla no tuvieran protección social del Estado.



Derechos humanos: han sido capacitados unos 80.000 miembros de las Fuerzas Militares y policiales en derechos humanos y se ha reducido el porcentaje de casos de violación de derechos humanos que involucraban a miembros de la institución castrense de 15 por ciento en 1998 a menos del 2 por ciento hoy, según el Ministerio de Defensa. La lógica de preservar los derechos humanos es parte de la nueva estrategia bélica, que busca mejorar la legitimidad de las Fuerzas Armadas entre la población. Si la gente se siente protegida por los militares va a colaborar más y no va a buscar apoyo de grupos armados ilegales.

La reforma no contempla políticas explícitas frente a las acusaciones por vínculos entre militares y paramilitares. En los últimos meses sí ha habido un aumento de las acciones militares contra los paras.



Justicia: no es parte de la reforma, pero el nuevo Código Penal Militar, que rige desde el 12 de agosto pasado, implicó el fortalecimiento de la dirección de justicia penal militar, que tiene hoy 622 personas a cargo, entre jueces, fiscales y auxiliares. Además montó un sistema que busca ser más justo. Así, los jueces militares ya no tienen relación de mando con sus subordinados y deben fallar en derecho y no en conciencia, hay fiscales militares que acusan y si hay civiles demandantes pueden constituirse en parte civil en el juicio.

Lo que sí introduce la reforma es velocidad en el régimen disciplinario. Aunque la Procuraduría puede intervenir si así lo considera, un jefe militar puede imponer sanciones inmediatas a un subordinado. Bajo la nueva norma los militares no son funcionarios públicos comunes, como los consideraba la ley antes, sino que tiene en cuenta que están en medio de una guerra que necesita decisiones y autoridad rápida.

Antes la ley no permitía despedir a un militar sin juicio antes de 15 años de servicio, ahora, para efectos prácticos, son de libre nombramiento y remoción.



Ascensos: no todos podrán ascender automáticamente cada cuatro años como hasta ahora. El 10 por ciento mejor podrá ascender a los tres años y al 10 por ciento más flojo podrán demorarlo hasta cinco años en ascender.

Además, a la hora de evaluar, los anteriores criterios rígidos ya no cuentan. Así, por ejemplo, antes un militar ascendía por criterios como el número de muertos causados a la guerrilla o el número de felicitaciones de su superior. Ahora la evaluación es más centrada en su capacidad para proteger el área bajo su comando. No es el que cause bajas en un ataque guerrillero sino el que evite el ataque el que asciende; pesa más evitar un secuestro que liberar a un secuestrado.