Aire fresco

El 14 de noviembre pasado, Alvaro Uribe y César Gaviria coincidieron en el mismo avión que los llevaba a Santa Cruz, Bolivia, a la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El Presidente colombiano le pidió al Secretario General de la OEA que contemplara la posibilidad de que esta organización ayudara en el proceso de paz con los grupos de autodefensas. Gaviria le respondió con sorprendente optimismo. Le recordó que la OEA tiene gran experiencia en acompañar procesos de paz con grupos paramilitares, pues ha verificado los acuerdos de desmovilización y desarme de los Contras en Nicaragua desde los años 90.

A partir de ahí comenzó a prepararse el terreno para enviar una misión de la OEA a Colombia, a cargo de Sergio Caramagna, experimentado asesor del proceso de desarme 'contra'. En esos preparativos, la OEA incluso presenció la desmovilización de 855 miembros del Bloque Cacique Nutibara en Medellín en noviembre pasado y de 155 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Ortega, Cajibío, Cauca, a las tres semanas.

No obstante, fue sólo el 23 de enero pasado cuando se firmó oficialmente el convenio de la OEA con el gobierno. Su tarea consistirá en "verificar el cese del fuego y de hostilidades, la desmovilización y desarme y la reinserción de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales realice el gobierno con las fuerzas irregulares".

Lo particular de la participación de la OEA es que quedó explícito que ésta no "emitirá juicios sobre las decisiones jurídicas o políticas" del gobierno colombiano. Aunque el acuerdo sí contempla que la OEA puede proponer "medidas de confianza" entre las partes y recomendaciones para facilitar la negociación.

¿Es bueno para la paz del país la mano que le tendió la OEA al gobierno Uribe? La respuesta no es tan obvia como se creería porque en realidad depende de muchos factores que aún no se han dado. Por supuesto que la decisión hace que el proceso de negociación con los grupos paramilitares avance, pues tanto las partes como la comisión facilitadora se había propuesto conseguir respaldo internacional y hasta ahora no lo habían logrado. "Es indiscutible que el gobierno consiguió un importante aliado en su empeño ", dijo a SEMANA el senador Rafael Pardo. El anuncio de la misión de la OEA, por sí solo, le da legitimidad internacional a la negociación, tal y como se ha concebido hasta hoy.

Esto no es poca cosa. La ONU no había participado en el proceso con los paramilitares, no porque James Lemoyne, asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas para Colombia, haya perdido margen de maniobra ante la dirigencia colombiana, o porque haya alguna antipatía personal entre él y el presidente Uribe, como se ha ventilado en los medios en estos días, sino porque la ONU tiene un mandato muy claro de velar que los crímenes atroces no queden impunes. De ahí las declaraciones de Lemoyne, luego del anuncio del la OEA: "Bien hecho, el proceso paramilitar puede terminar para siempre con el flagelo del paramilitarismo, poner fin a la impunidad y reforzar la legitimidad del Estado para fortalecer la democracia.".

Por las mismas razones de la ONU, el Consejo Europeo, en su declaración sobre Colombia la semana pasada, "ha subrayado la necesidad de que los miembros de los grupos armados ilegales se desmovilicen y reinserten en la sociedad con arreglo al derecho y a la jurisprudencia internacionales, y de modo tal que se respete el derecho de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación".

Por esto, al meterse a acompañar el proceso con los paramilitares, la OEA adquiere un compromiso gigantesco con la comunidad internacional. (Y de ahí que haya causado tanta polémica, al punto que el Washington Post haya dicho que Gaviria hizo una movida imprudente y no les dijo a sus jefes lo que iba a hacer).

Aunque el convenio con el gobierno reitere que la OEA no opinará sobre los contenidos de los acuerdos entre las partes o de las leyes que rijan esa paz, no sería tolerable que avalara un proceso que no garantice algo de verdad, de justicia y de reparación para las víctimas. El mismo secretario general Gaviria, en sus declaraciones a los medios, puso las banderillas en los temas álgidos. Aunque aclaró que era su opinión personal, dijo que tiene reservas frente a la ley de alternatividad penal y que por su experiencia en la negociación de su gobierno con Pablo Escobar, "cuando se incurre en delitos comunes como narcotráfico no se pueden considerar simplemente conexos, para ellos debe haber un tratamiento, sobre todo en lo que hace a la relación con los jefes de los bloques o de los grupos paramilitares que han estado incursos en delitos de narcotráfico". En la misma entrevista a La W radio, dijo que este tipo de delitos deben tener cárcel y también que las masacres requieren un tratamiento especial, distinto a los delitos políticos de rebelión o asonada. La insistencia de Gaviria en el tema del narcotráfico no es casual. Estados Unidos no toleraría un proceso de paz en que grandes narcotraficantes queden sin castigo.

La legitimidad que le da el espaldarazo de la OEA al proceso de paz con los paras es entonces temporal. Y sólo si endereza el proceso -que va por mal camino, como dijo el senador Antonio Navarro en la audiencia sobre el tema ante el Congreso esta semana- puede resultar positivo para lograr el desmonte definitivo del paramilitarismo en el país.

¿Cómo lo puede enderezar? Para empezar se necesita unificar la mesa de negociación. Las divisiones entre los bloques paramilitares siguen siendo hondas y diversas, a pesar de que las 50 reuniones que han tenido las autodefensas con el Alto Comisionado de Paz han dado algunos frutos. Al acuerdo suscrito por las AUC que comandan Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, en Santafé de Ralito, el 15 de junio de 2003, se le han sumado el firmado con el Bloque Central Bolívar en noviembre, el de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en diciembre y el de la Alianza Oriente en días pasados. Pero aún siguen por fuera el Bloque Centauro, el Bloque Capital, entre otros. Con el agravante de que quienes están en el acuerdo están en guerra contra quienes se han resistido a él.

Lo segundo, es una verificación del cese de fuego y hostilidades que declararon unilateralmente las AUC en noviembre de 2002. Hay consenso en que han disminuido las masacres, los desplazamientos y las desapariciones forzadas a manos de paramilitares. Sin embargo, hasta el propio Ministro de Defensa reconoció que los paramilitares están creciendo, y como lo documentó el senador Navarro en la audiencia, han crecido los asesinatos selectivos, y es más profunda hoy la presión paramilitar sobre la política y los gobiernos locales. Sin mencionar que las actividades de narcotráfico no han cesado, como lo dejó al descubierto también esta semana la operación 'Despegue' con la policía italiana. Si bien SEMANA pudo establecer que Salvatore Mancuso no estaba involucrado, sino un homónimo suyo, se descubrió que paramilitares colombianos exportaban cocaína a Calabria vía Cartagena.

"En la práctica, el paramilitarismo está viviendo el mejor de los mundos: tienen las ventajas de estar armados y la semilegalidad que da estar en una negociación", dijo Navarro a SEMANA.

Evidentemente subestimando esta realidad, el comisionado Restrepo dijo al Congreso que es "necesario perfeccionar el cese de hostilidades". La verdad es que se requiere con urgencia una verificación de dicho cese para que éste se dé realmente. Y todos están de acuerdo en que, como quedó consignado en el acuerdo de Santafé de Ralito, sólo se puede hacer una verificación si los grupos armados ilegales se concentran en unos territorios vigilados. Sólo verificar si los 800 desmovilizados, que recorren hoy libremente todo Medellín, están cumpliendo lo pactado, es una misión imposible.

El proyecto de alternatividad penal, que originalmente -como lo presentó el gobierno Uribe- contempla castigos irrisorios para crímenes atroces, es otro frente que necesita reformas antes de volverse ley.

En suma, en principio el espaldarazo de la OEA es positivo para la paz, pero tiene una tarea titánica y compleja por delante: lograr que el proceso se enrumbe por un camino que sea justo con las víctimas y legítimo ante la comunidad internacional, y que produzca el ingreso pacífico de los paramilitares a la sociedad colombiana.