AL AGUA PATOS

CUANDO EL MINISTRO de Comunicaciones, Mauricio Vargas, anunció desde Madrid la intención del Gobierno de privatizar la televisión, estaba acabando con uno de los más grandes mitos de este país. Durante los casi 40 años de existencia de la televisión en Colombia se ha discutido esa posibilidad, siempre en medio de debates acalorados que terminaban con la ratificación del sistema adoptado desde un comienzo.
El hecho de que la televisión en Colombia naciera bajo una dictadura militar hizo parecer normal, casi natural, que el Estado ejerciera un control riguroso sobre ese medio de comunicación, en la misma forma en que lo hacía en otros campos de la actividad pública. Sin embargo, poco a poco, este particular sistema de manejo entre estatal y privado de la televisión se fue convirtiendo con el paso de los años en la única forma posible de prestar el servicio. El temor de los gobiernos a la concentración en pocas manos de un medio de comunicación tan poderoso, sumado a la presión de pequeñas empresas que querían entrar en el negocio argumentando igualdad de oportunidades, hizo que este singular sistema se perpetuara en Colombia.
Por todo ello, cuando el Gobierno anuncio a finales del año pasado que estaba sentando las bases para privatizar la televisión, pocos creyeron que fuera posible. Es más, muchos pensaron que las declaraciones del entonces ministro de Comunicaciones, Alberto Casas, referente a que la nueva adjudicación de espacios sería un paso intermedio entre el viejo sistema y la inminente privatización, no eran más que una manera ingeniosa de anunciar como nueva la aplicación, una vez más, del viejo sistema. Sin embargo la reciente adjudicación disminuyó el número de programadoras, las ubicó por cadenas y creó las condiciones para lo que, a juicio del Gobierno, sería una competencia entre canales similar a la que se viviría en un futuro privatizado.
Poco tiempo después de las declaraciones del ministro, la Asamblea Nacional Constituyente redactaba un artículo que haría obligatorias lo que hasta ese momento eran simples intenciones del Gobierno: la libertad de fundar medios masivos de comunicación. Pero además de que ese artículo elevaba la privatización de la televisión al nivel de disposición constitucional, el Gobierno del presidente César Gaviria impulsaba por todos los medios el proceso de apertura económica. Esto, como en todos los campos de la actividad económica, tenía que significar también en la televisión una disminución de la presencia del Estado como regulador de las fuerzas del mercado.
A juicio del actual ministro de Comunicaciones, la privatización de la TV es un fenómeno que se venía generalizando de manera regional y desorganizada, por las vías de hecho. Según él, en Colombia hay más de 200 municipios, sin contar las grandes ciudades, en donde las antenas parabólicas reciben y distribuyen señales internacionales. Y en muchos de ellos se están difundiendo programas locales sin ninguna clase de reglamentación, a través de pequeños equipos de emisión.
El proyecto de ley que el ministro presentará esta semana ante el Congreso es, entonces, el mecanismo mediante el cual el Gobierno pretende poner orden en la difusión y recepción de las señales, ser coherente con la apertura, y obedecer un mandato constitucional. Con ese proyecto se crea un ente autónomo de regulación y control, que será el encargado de forjar las nuevas reglas del juego, de regular la prestación del servicio y de supervisar el manejo y la pluralidad en la información. Este nuevo organismo velará también de que la propiedad de los canales privados tenga un límite para evitar la concentración. La junta directiva de este organismo estará conformada por cinco miembros, dos de los cuales serán designados por el Presidente de la República y tendrá facultades para intervenir en los registros mercantiles y en los libros de contabilidad de las empresas. Podrá también vetar negociaciones y tendrá facultades para obligar a respetar el régimen antimonopolios que regirá para la televisión. Como lo dijo un ejecutivo vinculado al medio " en la televisión también vamos a tener nuestra Corte Suprema de Justicia". Esta especie de comité de sabios tendrá un poder que algunos consideran desmesurado, pero que a la vez será la instancia que impedirá los excesos inherentes a la liberación de las fuerzas del mercado.
De ser aprobado por el Congreso el proyecto gubernamental, el número de programadoras se reducirá dramáticamente. De las actuales programadoras que prestan el servicio, muy pocas seguirán con vida en el nuevo esquema. Se presume que aquellas a las que les fueron adjudicados espacios en la última licitación, podrán hacer valer los derechos consagrados en sus contratos válidos por seis años. Después de este período la televisión colombiana se reducirá a un pequeño grupo de grandes empresas cuyo número estará determinado por las limitaciones a la propiedad que establezca el Congreso. La idea del Gobierno es no permitir que nadie sea propietario de más del 30 por ciento de un canal, si el número total de cadenas nacionales es de más de cuatro. Pero si se mantiene en dos o en tres el número de cadenas, el porcentaje máximo permitido de propiedad será del 25 por ciento. Esto, en plata blanca, quiere decir que de privatizarse ya la Cadena Uno y el Canal A, es presumible que el ponqué se repartiera entre ocho empresas. Lo que no está del todo claro, y que con seguridad ocupará buena parte de la atención del Congreso, será el destino de los noticieros. Parlamentarios consultados por SEMANA consideran que la labor del Congreso es garantizar el pluralismo en la información, independientemente de la puja por el control de las cadenas. La suerte del futuro esquema en esta materia dependerá en gran medida de las atribuciones que en este campo el Congreso le entregue al nuevo ente regulador.
Curiosamente, al interior de las programadoras el anuncio de la privatización no ha provocado el debate de otras épocas. La razón, probablemente, sea que el Gobierno lo presentó como un hecho cumplido. Es posible también que parte del silencio consista en que los opositores a la privatización estén esperando a que arranque el verdadero debate que será el que se registre en el Congreso a partir de esta semana. Mientras tanto los programadores coinciden en que para efectos del producto que se le entrega al público, un canal privado ofrece mayor flexibilidad que el sistema actual. "Con un canal privado los programas seguramente serán los mismos, pero tendríamos la posibilidad de diseñar la programación de una manera más inteligente", sostiene un alto ejecutivo de una programadora de televisión. Según él, el sistema actual obliga a presentar el mismo estilo de programas en ambas cadenas, en aras de la igualdad entre las programadoras.
Pero lo que es democrático en este caso para los programadores, no lo es tanto para el televidente que no tiene la opción de buscar un género distinto en otra cadena. Finalmente, la inversión para crear la infraestructura técnica de un canal privado tampoco es de las dimensiones que la gente piensa. De acuerdo con el análisis hecho por quienes aspiran a entrar en el nuevo sistema, el desarrollo de la tecnología en este campo ha sido tan rápido que los equipos requeridos son cada vez más sencillos. El verdadero costo radica en la producción de los programas que implica cifras millonarias, las que se elevarán aún más en la medida en que las empresas propietarias de los canales sean menos y más poderosas.
Nadie puede decir con certeza si el proyecto del Gobierno se va a convertir en realidad y Colombia dé el salto hacia la privatización de los canales de televisión. La respuesta la tiene el Congreso. Lo que sí es un hecho es que nunca antes el país había estado tan cerca de esa posibilidad.