AL CESAR LO QUE ES DE CESAR

Lo más insólito del famoso robo de los 13 y medio millones de dólares, sucedió la semana pasada: Colombia los recuperó y con intereses. El Chase Manhattan de Londres se comprometió a devolver 17 millones de dólares, antes de 40 días, al país.
Las cosas comienzan, como se sabe, en 1981 cuando el Ministerio de Defensa solicitó un crédito para financiar la modernización de la Policía Nacional y los servicios de inteligencia del Estado. La petición del Ministerio hizo el tránsito normal de todas las solicitudes de crédito.
Finalmente, una vez recibidas todas las bendiciones de rigor, el presidente Turbay autorizó, por medio de una resolución, a los ministros de Hacienda y Defensa para buscar en el exterior un préstamo de 68 millones de dólares.
En ese momento comenzó a sonar el nombre del economista Roberto Soto Prieto. Soto, conocido por haberle vendido petróleo a Colombia durante la crisis del 75 --obteniendo por ello utilidades multimillonarias--, era representante del banco alemán BHF y estaba enterado de la necesidad de crédito del Mindefensa. Convenció a su banco de prestarle al Estado 21 de los 68 millones de dólares y al mismo tiempo, contactó al Chase Manhattan para que liderara un grupo de bancos para conseguir los 47 millones restantes. A la postré, el Chase y el Manufacturers Hannover Trust se embarcaron en el préstamo de lo que faltaba. Por ser parte del mismo paquete, el gobierno elaboró para los dos préstamos unos contratos que especificaban condiciones similares y manejos de crédito prácticamente idénticos. Por ejemplo, una de las condiciones establcía que los desembolsos no podían hacerse por sumas inferiores a 5 millones de dólares. Para obviar esta limitación, se abrieron 2 cuentas corrientes. Una en el BHF y otra en el Chase, en los que se harían depósitos de 5 millones para ser gastos gradualmente.
Por supuesto, Soto conocia el manejo de esta cuenta sobre la cual el gobierno ganaría intereses cercanos al 9%. Formalizado el crédito el 10 de mayo de 1982, se hicieron once desembolsos, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por las partes en los contratos de crédito.
Uno de los mayores desembolsos del préstamos de los 47 millones se había reservado para pagar la compra de unas radiopatrullas para la Policía Nacional. En octubre del 82,el Consejo de Estado declaró nula la licitación de las patrullas y así, los 14 millones de dólares que se debían utilizar en esa operación quedaron en manos del Chase en Londres. Así se llegó el 10 de mayo del 83, fecha sefíalada por el Chase como último día para hacer uso del crédito. A partir de ese día se le cobrarían intereses al gobierno por mantener disponible el saldo no retirado. Para evitar el cobro de comisiones, se trasladaron entonces los 14 millones a la "subcuenta" --la cuenta corriente con intereses-- mientras se decidía algo sobre las patrullas. El 11 de mayo, al día siguiente del traslado, se esfumaron los 13.5 millones de dólares de la cuenta colombiana en el Chase. El autor del fraude sabía muy bien que la cuenta no sería tocada en varios meses.
Por esa misma época, el Ministerio de Defensa negociaba con fabricantes suizos, la compra de 6 aviones Pilatus Portes para Satena. Las negociaciones habían tomado más tiempo de lo previsto y por ello el precio de los aviones había subido en cerca de 800 mil dólares, que todavía no se sabía de dónde iban a salir.
A finales de septiembre, al general Miguel Vega Uribe se le "prendio el bombillo". Le recordó al entonces ministro, general Fernando Landazábal, la existencia de la cuenta que se abrió por la famosa licitación de las radiopatrullas. La aritmética era simple: 14 millones al 9% en 5 meses, daba cerca de 530 mil dólares en intereses, para diciembre tendrían lo necesario para cubrir el faltante de los Pilatus. Este era un dinero que, según la usanza, no se incluía en el Presupuesto Nacional y por ello no tenía asignación alguna. La solución era perfecta para todos.
A raíz de esto, el ministro de Hacienda solicitó a Diego Domínguez, investigador de la Dirección de Crédito Público, el saldo de la cuenta del Chase, donde naturalmente ya faltaban 13.5 millones. Domínguez, al que algunos reconocían como amigo de Soto Prieto, se atribuyó el descubrimiento del robo, pero vistas las cosas con más calma, parece que, de no haber sido por los aviones, la desaparición de la plata sólo se habría notado varios meses después. Domínguez murió en diciembre de ese año en un accidente de tránsito.

Cómo se recuperó la plata
Apenas se conoció la desaparición de los fondos de la cuenta del Chase, el gobierno comisionó a un equipo de abogados para diseñar la estrategia encaminada a recuperar los dineros colombianos.
Este grupo consultó con seis firmas de abogados, tres en los Estados Unidos y tres en Inglaterra, una de las cuales, la Boodle Hatfield & Co., finalmente representó al país en el litigio. "Desde el primer día se sabía que se tenía un caso excelente" afirmó el ex ministro Bernardo Gaitán Mahecha, miembro del grupo de asesores.
Los consultores coincidían en que la defensa colombiana debía dejar clara la diferencia entre el empréstito de 47 millones con el Chase y el Manufacturers y la subcuenta que posteriormente se abrió en el Chase. El primero había sido manejado respetando en todo lo pactado en los contratos. La segunda, en cambio, debería ser el motivo del pleito. En casos de robos a cuentas corrientes, siempre se presume la culpabilidad del banco y son ellos quienes deben probar su inocencia.
El paso siguiente para los abogados era decidir el sitio donde debería llevarse a cabo el juicio. Los abogados internacionales coincidían en su mayoría que tanto la ley inglesa, como la del estado de Nueva York, e incluso la de Colombia, tenían principios generales que favorecían el caso nacional. Se decidió finalmente por Londres por varias razones. Se suponía que un juicio de este estilo en Nueva York podía demorar hasta 2 años, mientras que en Londres duraría solamente uno. También influyeron los costos: en Londres no alcanzaba los 300 mil dólares, mientras que en Nueva York el proceso llegaba a los 500 mil. Además, si Colombia ganaba el pleito, podía recuperar en Inglaterra del 60 al 70% de los costos legales en que hubiera incurrido, mientras que en Estados Unidos, sin importar el resultado del juicio, cada parte correría con sus gastos. Finalmente se consideró que las pruebas para determinar la responsabilidad del Chase estaban en Londres y que sería entonces muy probable que el mismo banco insistiera en que se adelantara el juicio en las cortes de esa ciudad. "Sólo se debía probar la existencia del robo y cómo se había perdido el dinero para saber quién era el responsable", afirmó Gaitán Mahecha.
El Chase, sin embargo, no se entregó tan fácilmente. Envió investigadores a Colombia para buscar la posible participación de miembros del gobierno nacional en el robo, para demostrar que el gobierno había facilitado el fraude al no incorporar esa partida en el Presupuesto Nacional, que no se habían tomado las medidas necesarias para evitar la falsificación de documentos y que los télex habían sido enviados desde las máquinas del gobierno. Parece que no encontraron nada en este sentido.
Por su parte, en junio del 84, vinieron al país los abogados de Boodle Hatfield por una semana y armaron, con los testimonos de un gran número de funcionarios públicos, lo que después sería la estrategia ganadora. Probaron que el gobierno había actuado con puntualidad comunicando al Chase la defraudación apenas la conoció, que había tomado las medidas necesarias y que los télex no habían sido enviados desde ninguna de sus oficinas. Presentaron también algunos hechos que podían considerarse como imprudencias del banco norteamericano. Mencionaban cómo no despertó sospechas en el Chase el hecho de que 13.5 millones fuera una cifra redonda y tres veces mayor a la de retiros anteriores, que no se hubiera seguido el conducto acostumbrado para los demás giros a través de sus representántes en Bogotá, y que la orden de pago se hubiera hecho a las 11 de la noche. Finalmente, a pesar de que el Banco Hapoalim de Zurich, les hizo saber que los fondos no habían sido transferidos a una cuenta de Colombia sino a este mismo banco israelí, no detuvieron la transacción.
¿Sorprendidos?, ni cinco. "De acuerdo con las normas que rigen el comportamiento de estos bancos, un arreglo es siempre buscado por las partes y promovido por los jueces y abogados": afirmó Francisco Ortega, gerente del Banco de la República.
Pero la verdad, a Colombia le fue muy bien en su caso. "El juicio que debía durar 12 semanas, duró sólo tres días", comentó el señor M. Vernon, socio de Boodle Hatfield.

En qué termina esto
Y a fin de cuentas, ¿quién salió perdiendo? Hasta ahora, las compañías de seguros del Chase, que debieron cubrir una parte sustanciosa del pago a Colombia y el mismo Chase, que también debió poner su buen aporte. Como en la canción, parece que el golpe propinado al país se fue transmitiendo de Songo a Borondongo y de ahí a Bernabé. El abogado inglés Vernon indicó a SEMANA el próximo paso. "Lo único que queda de los dineros sustraídos al Chase es una cuenta en el Banco Hapoalim de Suiza por 225.000 dólares a nombre de Robert Russell, que hoy está detenido en Texas. Desde ahí debe empezar a hilar la red, quien quiera descubrir a los autores del ilícito".
A Colombia le quedó en el haber un sistema de control al presupuesto renovado. Hoy todas las cuentas de crédito externo deben ser revisadas por el Ministerio de Hacienda. En el debe, una lista de cinco personas cuyas muertes misteriosas parecen ligadas con este robo de 17 millones que le hicieron al Chase Manhattan de Londres--