¿Al fin qué?

En el tema del inter-cambio humanitario los únicos que muestran una opinión única son las Farc. Allí nadie se mueve un milímetro de las órdenes que emite con mano de hierro el Secretariado. En cambio en el resto del país las posiciones son encontradas. En los partidos, en los foros, en las páginas editoriales y en la población en general cada uno muestra una postura diferente para darle solución al problema. La semana pasada las posiciones encontradas parecían llegar incluso hasta el interior del gobierno.

Esto se hizo más evidente en la tarde del jueves cuando, casi de manera simultánea, el presidente Alvaro Uribe cerraba la puerta al intercambio de secuestrados por guerrilleros presos mientras su alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, al parecer la abría en un foro sobre el tema realizado en el Congreso.

"El gobierno impedirá que el terrorismo vuelva a reforzar su retaguardia concediéndoles su pretensión de liberar terroristas para que regresen a delinquir en las Farc", dijo un vehemente Uribe en la noche en Medellín.

Mientras tanto, en Bogotá, su comisionado de Paz, en tono didáctico, abrió una luz de esperanza al decir que en caso de que avanzara un acuerdo el Presidente no tendría las herramienta jurídicas para lograrlo. Por eso, explicó: "Es necesaria, además, una medida dentro de la legislación interna que le permita al Presidente, sin prevaricar, sin pasar por encima de la distinción de poderes, ordenar o sugerir la excarcelación o la libertad condicional de personas que están pagando condena en las cárceles por delitos que dentro de nuestra Constitución no son indultables o excarcelables". Ante lo cual algunos congresistas dijeron que si lo que hacían falta eran normas ellos las gestionaban.

Sin embargo el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, que maneja las relaciones con el Congreso, no había dejado mucho espacio a la ilusión. Mucho más severo había dicho el pasado lunes que no podía haber intercambio porque no se justifica "un acto abyecto como es el de cambiar criminales comunes, miembros de las Farc, por colombianos inocentes secuestrados". En esta misma línea se expresó el vicepresidente, Francisco Santos, quien dijo: "Lo que proponen las Farc es ilegal a la luz de la legislación internacional".

Santos aprovechó para mostrarse de acuerdo con James Lemoyne, asesor especial del Secretario de la ONU para Colombia, quien hace dos años trató de salvar el proceso de paz con las Farc, en esta ocasión se mostró muy duro con la misma guerrilla: "Rechazamos la idea de que es aceptable agarrar civiles inocentes y ponerlos en esas cárceles clandestinas para presionar el intercambio". Para Restrepo, sin embargo, "no existe contradicción en el gobierno cuando el Vicepresidente o el Ministro del Interior dicen que no habrá canje o intercambio porque el Ejecutivo jamás ha hablado de ello".

La única certeza al finalizar la semana era la de la incertidumbre, en especial entre los familiares de los secuestrados, quienes calificaron las declaraciones del Ministro y del Presidente como "belicistas" que "quitaban la esperanza a los colombianos que todavía creían en la posibilidad de un acuerdo político". No saben qué va a pasar. Una sensación de impotencia, porque aun ellos más que nadie tienen en la mente el fatal desenlace del gobernador de Antioquia, su comisionado de Paz y los ocho militares secuestrados y asesinados por las Farc. Mientras en el ambiente flota la frase de la consejera de Seguridad de Estados Unidos, Condoleeza Rice, quien al opinar sobre el tema se mostró categórica: "La única cosa que nosotros esperamos que nadie haga es de alguna forma negociar con terroristas".