¿‘Descentralizar’ la emergencia?

En Colombia se puede decir que los 1.103 alcaldes que existen tienen 1.103 necesidades particulares a la hora de enfrentar la emergencia sanitaria por la covid-19. La red hospitalaria todavía se está preparando para enfrentar la emergencia y las necesidades de orden público y de abastecimiento superan los recursos disponibles que, por supuesto, son finitos.

En medio de la pandemia, y ante el reto que esto supone para todo el Estado, se ha revivido una vieja discusión por la centralización del poder en Bogotá. Desde Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina ha sido uno de los principales críticos del Gobierno nacional en este sentido. Dice que fue un “gran error” centralizar todas las iniciativas humanitarias y sociales, cuando la realidad de los territorios es diversa. “Ante eso, en una reunión con el Gobierno nmacional varios alcaldes le pedimos que nos entregara más recursos de ejecución para poder manejar la crisis”, contó Ospina.

Al principio de la pandemia y ante la alarma, cada alcalde del país empezó a tomar decisiones para proteger a su comunidad. Sin embargo, con un decreto que causó gran revuelo el presidente Iván Duque intentó ordenar la casa al centralizar las decisiones sobre el orden público y les pidió a los mandatarios locales coordinarlas previamente con el Ministerio de Interior.

Superada la polémica por la norma que dejaba sin piso una gran cantidad de medidas territoriales, los alcaldes se han ido adaptando a la nueva dinámica, pero siempre dejando claro que a la hora de tomar una decisión en un momento crítico están dispuestos a tomar las riendas. Además, así como Duque les cortó las alas en un decreto (418), en otros (461 y 512) facultó a los gobernadores y alcaldes para realizar las operaciones presupuestales necesarias que permitan atender la emergencia económica, social y ecológica.

Sin embargo, hay municipios a los que literalmente les toca trabajar ‘con las uñas’, sobre todo los de quinta y sexta categoría, porque sus presupuestos son bajos y sus necesidades altas, aun cuando pueden hacer movimientos presupuestales. Sucede también en las capitales departamentales. Para Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta, la lucha contra la covid-19 ha exigido un trabajo en varios frentes, para tomar decisiones pertinentes que garanticen la atención médica y la entrega de mercados a quienes lo necesitan. Sin embargo, señala que la situación financiera de los entes territoriales para afrontar la pandemia no es alentadora. “Sencillamente estamos muy limitados para disponer los recursos necesarios que permitan, sin traumatismos, afrontar la actual emergencia. A pesar de esto hemos reorientado rentas, priorizando en la emergencia”, asegura. En su caso, ha sido clave la alianza con la gobernación del Magdalena, propiciando campañas de donaciones y gestionado alianzas de cooperación para mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria.

Ante la escasez de recursos en los entes territoriales, el Gobierno nacional les lanzó un salvavidas: flexibilizó la inversión con regalías. Para esto, habilitó la aprobación directa de los proyectos de inversión con recursos de regalías por parte de las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas municipales y departamentales, y del 40 por ciento del Fondo de Compensación Regional para atender la emergencia sanitaria. Serán 4,5 billones de pesos que estarán disponibles. El proceso será más expedito, se redujo de 11 a 4 el número de requisitos para el trámite de los proyectos de inversión que se encuentren en el marco de la declaratoria de emergencia.

Sin embargo, con el paso de los días de la cuarentena empezaron a salir a la luz presuntas irregularidades en la contratación que han hecho alcaldes y gobernadores para atender la emergencia; por ejemplo, encontraron sobrecostos en mercados, en los que latas de atún costaban 20.000. La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía tienen bajo la lupa los contratos y están haciendo un barrido con casi 38.000 de ellos para identificar irregularidades.

Cartagena fue la primera ciudad donde se dictaron medidas de restricción frente a la covid-19. Si algo ha caracterizado al nuevo alcalde de la ciudad, William Dau Chamatt en esta crisis, más allá de su lenguaje directo, es que se ha arriesgado a tomar decisiones radicales antes que otros. Por eso, dice que para su ciudad el problema real es “el billete”.

“Esto sí me preocupa, porque lo tienen controlado y acá nos ha tocado hacer de tripas corazón para enfrentar el acondicionamiento de la parte médico-científica que nos ayude a contener el virus y preparar la red hospitalaria. El Gobierno nacional habla y habla, pero no se ve el billete”, insiste Dau. Eso sí, el mandatario de los cartageneros reconoce que desde Bogotá han respondido a través de sus propios programas sociales, como Jóvenes en Acción y Familias en Acción, pero lo grave es que no han dado plata para solucionar la parte hospitalaria.

Este es el común denominador. Los alcaldes reclaman recursos para el sistema de salud. En el caso de Cúcuta, por ejemplo, calculan que en el peor escenario la ciudad tendría 66.000 personas contagiadas y en el mejor 4.000. Esto exige una ampliación de la capacidad de atención, para lo cual se tiene planeado habilitar 150 camas hospitalarias y 272 camas UCI en el Hospital Departamental Erasmo Meoz. Sin embargo, el alcalde Jairo Yáñez aseguró que los recursos que se requieren con más urgencia del Gobierno son precisamente para sanear las finanzas del hospital público y así poder dotarlo y tener más camas UCI. “La deuda general del sistema está por el orden de los 300.000 millones de pesos, de los cuales 50.000 millones de pesos corresponden a la atención de población venezolana en el hospital de Cúcuta”, dice el mandatario. Gran parte de la deuda la tienen las EPS, y otra parte el Estado, que desde Adres ha girado en lo que va del año 44.277 millones de pesos para la atención de pacientes del régimen subsidiado y el contributivo.

Desde el Gobierno se tiene planeado girar 2,1 billones de pesos a los hospitales públicos de todo el país durante abril y mayo para darles liquidez. Pero este dinero no solo servirá para cumplir con la ley de Punto Final que pretende sanear las deudas históricas que tiene el sistema de salud del país, sino que también debe alcanzar para comprar medicamentos y pagar por servicios no UPC.

En Bucaramanga, el alcalde Juan Carlos Cárdenas también pide recursos para la salud. Asegura que han enviado la información que el Gobierno ha solicitado, pero aún no han recibido “recurso alguno”. Pero esta no es la única necesidad. En medio de la cuarentena, el mandatario de la capital santandereana ha cubierto con recursos del municipio bonos para 80.000 familias por 225.000 pesos, pero espera que lleguen las ayudas alimentarias ofrecidas por el Ministerio de Interior y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estos recursos ya se empezaron a desembolsar, pues el presidente Iván Duque dio inicio de la entrega de 160.000 pesos del programa Ingreso Solidario a tres millones de personas que no están en ningún programa social. Sin embargo, el arranque del programa ha tenido problemas. Llovieron denuncias sobre cédulas de personas que estarían muertas y que resultaron beneficiarias al momento de consultar la página.

Así como hay quienes consideran que las ayudas y las soluciones deberían llegar más rápido, no se puede negar que los esfuerzos desde desde lo nacional y lo local se están haciendo. Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, asegura que las decisiones que ha tomado el Gobierno han “resaltado el principio de autonomía”, porque los entes territoriales están hoy en la capacidad de disponer a discreción de sus tributos y rentas para atender la emergencia. “El Gobierno nacional les ha dado la posibilidad de ejercer en las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión, con la flexibilización de los requisitos, la verificación y posterior aprobación de los proyectos que se presenten para atender esta crisis”, explicó Camargo.

En tiempos de crisis, el presidente y las diferentes fuerzas políticas han llamado a la unión. A nadie le convienen las disputas políticas. “Tenemos una estructura política y un ordenamiento territorial pactados. Es probable que requieran cambios importantes, pero en esta difíciles circunstancias no podemos ponerlos en cuestionamiento, pues como decía san Ignacio de Loyola, en tiempos de crisis es mejor no hacer mudanzas. Confianza en el sistema político, en las autoridades elegidas y en su capacidad de negociación entre ellas. Eso es lo que necesitamos”, aseguró el politólogo de la Universidad Nacional David Roll.