ALCALDES: POPULARES, PERO IMPOTENTES

¿Pasó por fin la elección de alcaldes por voto popular? El país se frota los ojos, incrédulo. Pues el tema, que en numerosos países democráticos es vieja rutina política, no había sido hasta ahora en Colombia más que retórica de plataformas ideológicas. Desde hace casi un siglo se viene hablando de él: Uribe Uribe, Gaitán, Gómez Hurtado, lo plantearon en distintas épocas como conquista democrática impostergable. Pero siempre, como sucede con tantas conquistas democráticas impostergables, la elección popular de alcaldes se ha quedado en veremos para proponerla otra vez en el futuro sin estrenar, como si fuera nueva.
Calma, sin embargo: la reforma no ha pasado todavía. Simplemente avanzó un paso más sin ahogarse. La semana pasada, una subcomisión pluripartidista de la Comisión Primera de la Cámara, reunida en el despacho del ministro de Gobierno, llegó a un acuerdo para aprobar una nueva versión del articulado del proyecto legislativo número 34 de 1985, que trata el tema. Falta ahora que lo apruebe la Comisión en pleno, y luego la plenaria de la Cámara, y luego la Comisión Primera del Senado, y finalmente el Senado en pleno. Y finalmente si en el trayecto nadie demanda la ley por inconstitucional -pues en los largos meses de discusiones y remiendos han ido quedando inevitablemente cabos sueltos-, si no hay tropiezos y hay quórum en las Cámaras, en diciembre el país sabrá que puede elegir alcaldes por voto directo. No ahora, sin embargo, sino a partir de la mitaca de 1988.
De todo el paquete de reformas políticas, sociales y económicas impostergables de que hablaban hace año y medio los acuerdos de tregua con los grupos guerrilleros, la elección de alcaldes es la primera que no se ahoga en las Cámaras. Y el tema de los alcaldes fue precisamente uno de los puntos más arduos de la discusión, pues conservadores y liberales alegaban que hay el peligro de que en algunos municipios resulten elegidos alcaldes que no sean de esos partidos, sino de la izquierda, y en particular de la Unión Patriótica, organizada por las FARC.
¿Cuáles serán las consecuencias a corto plazo de la debatida iniciativa?
En las grandes ciudades se puede esperar casi un monopolio de alcaldes liberales, pues los índices electorales arrojan mayorías rojas contundentes. Hoy, gracias a la "repartición equitativa" del artículo 120, las grandes capitales rotan sus burgomaestres entre los dos partidos, independientemente del resultado electoral. Sería presumible hoy, por ejemplo, un triunfo de Galán en Bogotá y de Pardo Llada en Cali.
En el resto del país, inicialmente es probable que ganarían las maquinarias existentes. A largo plazo, sin embargo, y éste es el espíritu de la reforma, estas maquinarias serían juzgadas por el electorado con base en la gestión administrativa, que de ser negativa le abriría las puertas a nuevas alternativas.
En ciertas zonas del país, sin embargo, los cambios podrían ser significativos e inmediatos. Municipios como Turbo, Apartadó, Chigorodó, Caucasia, Puerto Berrío, Segovia y Remedios, que hoy tienen alcalde conservador, tendrían tal vez alcalde de la UP, a juzgar por la influencia que ésta ha alcanzado en esas regiones. Pero esta influencia se debe a que allí operan las FARC, y en consecuencia el control que ejercen las Fuerzas Armadas es estricto. Se presentarían, por lo tanto, inevitables y potencialmente peligrosas fricciones entre las autoridades militares y los alcaldes elegidos.
Pero en fin de cuentas, tal como están las cosas, los alcaldes elegidos acabarían teniendo en la práctica tan poca libertad de maniobra como la que tienen hoy los alcaldes nombrados a dedo por el gobernador o por el Presidente. No sólo porque en determinados casos -señalados por la ley- podrán ser destituidos por éstos, sino porque no está previsto que cuenten con presupuesto propio y autonomía en el gasto. Para darles peso específico en la cola a los alcaldes populares, sería necesario que el Congreso aprobara los proyectos de reforma del régimen municipal, transferencia de recursos fiscales a los municipios, carrera administrativa y reforma electoral. Todos esos proyectos han sido presentados al Congreso, pero -sobra decirlo- por ahora están empantanados.