Ordóñez se queda sin procurador en su proceso

El proceso con el cual se quiere sacar de la Procuraduría al actual jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, tuvo un giro importante. El Consejo de Estado ordenó eliminar la intervención del procurador delegado en esta querella.

La razón, el Alto Tribunal consideró acertada la petición de los tres demandantes de la elección de Ordóñez, los abogados José Leonardo Bueno Ramírez, Carlos Mario Isaza y Rodrigo Uprimny. Ellos cuestionaron que en el proceso existiera la presencia del procurador delegado.

Para los demandantes no existía imparcialidad en el caso debido a que el procurador delegado, Juan Clímaco Jiménez Castro, fue designado por el investigado, es decir, por Alejandro Ordóñez. Por lo cual se configuraría un conflicto de intereses debido que el concepto del delegado en el proceso estaría viciado de imparcialidad.

Pero no sólo los abogados solicitaron que se sacara al procurador delegado del proceso, la propia Procuraduría también lo hizo. Por eso, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, se adoptó por parte de la sección quinta acoger la solicitud de Ordóñez Maldonado y los juristas para apartar a su delegado en el proceso en aras de entregar las garantías procesales y de la igualdad en el caso. Según el auto, “el Ministerio Público tiene la facultad de decidir en qué asuntos participa y en cuáles se abstiene de hacerlo”.

Para el Consejo de Estado “la Procuraduría en su calidad de sujeto procesal especial, exprese su voluntad de no actuar en un proceso determinado, lo hace en ejercicio de una facultad que le fue reconocida por el legislador y, en consecuencia, no se requieren de medidas o disposiciones adicionales, como, por ejemplo, la designación de un Procurador Ad-hoc,”, se lee en el documento.

Como se sabe, el Consejo de Estado unificó las tres demandas en contra de Ordóñez y algunos ya se atreven a llamar el caso el de las ‘megademandas’ en contra del procurador.

Caso

La demanda contra Ordóñez tiene varios argumentos. Uno de ellos es que la “la elección del procurador vulneró la Constitución, pues la Comisión de Ética del Senado no aceptó los impedimentos y las recusaciones presentadas por varios legisladores que argumentaron conflicto de intereses”.

De la misma manera consideran que la postulación de Alejandro Ordóñez por parte de la Corte Suprema estuvo viciada, ya que “tres magistrados tendrían a familiares suyos laborando en la Procuraduría”.
 
En los próximos días se reiniciará la audiencia que definirá el futuro de Ordóñez en el Ministerio Público.