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| 3/22/2014 12:00:00 AM

Alerta en ingeniería colombiana por decisiones del gobierno

Sociedad Colombiana de Ingenieros dice que está en entredicho el futuro del 90 % de las empresas de ingeniería del país.

Alerta en ingeniería colombiana por decisiones del gobierno Alerta en ingeniería colombiana por decisiones del gobierno Foto: Cortesía Coviandes
Las condiciones que fijó el gobierno nacional para que los contratistas colombianos puedan participar en procesos de obras públicas, prendió las alarmas en el gremio de los ingenieros y arquitectos colombianos. La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) advirtió que con las nuevas reglas se afectarán las firmas medianas y pequeñas de la ingeniería, con lo que se pone en entredicho miles de puestos de trabajo.

El pronunciamiento lo hizo la presidenta de la SCI, Diana María Espinosa, luego de conocer las condiciones fijadas por la Agencia Nacional de Contratación, que es la entidad encargada de unificar los criterios para la contratación pública.

Según este organismo gubernamental, los contratistas que deseen participar en los procesos licitatorio para realizar cualquier obra pública (vías, acueductos, escuelas, colegios, puentes, túneles, entre otros) tendrán que demostrar que tienen una alta capacidad financiera. Para ello deberán tener un patrimonio superior a los 5.000 millones de pesos, haber facturado durante su vida empresarial 20.000 millones de pesos y haber tenido ingresos por 1.000 millones de pesos en uno de los dos años anteriores.

Según Espinosa con estos requisitos el 90 por ciento de las empresas de ingeniería del país, que son medianas y pequeñas, se quedarán por fuera de estos negocios, un hecho muy grave porque las obras quedarán concentradas solo en manos de los grandes contratistas que sí pueden cumplir con estos exigentes requisitos.

La dirigente gremial sostiene que en el caso de obras públicas, donde los recursos los pone el Estado, lo que debe primar a la hora de escoger a las compañías es la experiencia. Caso contrario ocurre en los proyectos de cuarta generación de concesiones o en las asociaciones público privadas donde sí se requiere de un gran músculo financiero ya que el contratista es el que debe financiar la obra y buscar créditos, porque los aportes de la Nación son menores.

Espinosa se mostró preocupada porque la Agencia Nacional de Contratación no tuvo en cuenta el concepto técnico sobre el particular emitido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. “La negativa sistemática de la ANC a a tener en cuenta el concepto técnico de la SCI, que es un mandato legal, pone en aprietos a los contratistas colombiano, ingenieros, arquitectos y empresas dedicadas a la contratación de obra pública pues al no poder competir estarían condenadas a desaparecer”, dice Espinosa, quien espera que el gobierno tenga en cuenta este llamado y haga los ajustes del caso para no afectar el funcionamiento de cientos de empresas nacionales y el empleo de miles de profesionales.

EDICIÓN 1888

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