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Alertan prescripción de los procesos por homicidio de los periodistas Julio Chaparro y Jorge Torres

La FLIP instó a la justicia a tomar medidas para que los homicidios del periodista y del fotógrafo no queden en la impunidad.

8 de abril de 2011

A través de un comunicado de prensa, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, le pidió la Fiscalía General de la Nación que tome las medidas jurídicas para evitar que los procesos por los homicidios de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, ocurridos el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia, prescriban.

En su comunicado, la ONG contó que le envió una carta a la fiscal, Viviane Morales, el pasado 28 de marzo, alertándola sobre la posible impunidad en que pueden quedar los dos asesinatos, si no se toman acciones antes del próximo 24 de abril. “Hasta el momento, se desconoce qué pretende hacer la Fiscalía para que la investigación no concluya”, dice el comunicado.

“Chaparro, periodista de 29 años, y Torres, reportero gráfico de 39, fueron asesinados por desconocidos mientras hacían un cubrimiento periodístico para El Espectador, sobre el impacto de la masacre de Segovia en la población. Esa masacre, hecha por los paramilitares el 11 de noviembre de 1988 y que dejó más de 40 personas asesinadas, fue declarada crimen de lesa humanidad en 2010. Por esos hechos, el ex congresista, César Pérez García fue vinculado al proceso por la Corte Suprema de Justicia”, recuerda la FLIP.

La ONG aduce que esos crímenes deberían declararse de lesa humanidad, “ya que hacen parte de las acciones sistemáticas y generalizadas contra El Espectador durante esos años”.

Los procesos se encuentran en una fase de investigación preliminar por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y no ha habido ninguna persona vinculada o condenada. El proceso ya está por cumplir 20 años, que según la ley es el término de su prescripción.

En caso de que opere la prescripción, la justicia colombiana habrá incumplido en su deber de investigar y sancionar a los responsables, pudiendo, incluso, ser demandada antes tribunales internacionales por una violación a la libertad de expresión.