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N A R C O T R A F I C O

Alta presión

La decisión judicial que paró las fumigaciones de cultivos ilícitos y la idea del Senado estadounidense de condicionarlas ponen en jaque el eje del Plan Colombia.

27 de agosto de 2001

Cuando se aprobo el Plan Colombia y se fijó como meta reducir a la mitad los cultivos ilícitos en los próximos cinco años nadie pensó que el proceso sería color de rosa. Y era cierto.

Muchos analistas advirtieron que la reacción de la guerrilla y de los paramilitares a la fumigación de la coca, de la cual extraen recursos esenciales para la guerra, podría convertir el remedio en un mal peor que la enfermedad. Otros esgrimieron argumentos de eficiencia: pese a que Colombia lleva fumigando más de 20 años las plantaciones y desde 1994 lo hace a un promedio anual de 50.000 hectáreas, éstas siguen creciendo en forma sostenida. Y otros levantaron su voz de protesta por el impacto ambiental que las aspersiones podrían tener sobre el medio ambiente.

Lo que pocos esperaban era que la fumigación la fuera a parar un juez de la República, por lo menos por unos días. El viernes pasado el juez 15 civil del Circuito de Bogotá ordenó como medida provisional “la suspensión inmediata de todo proyecto de fumigación por aspersión con glifosato que haya de ejecutarse o se esté ejecutando”.

El fallo del juez Gilberto Reyes Delgado respondió a una tutela instaurada por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana contra el presidente Andrés Pastrana, los ministerios del Interior, Ambiente y Justicia, la Policía y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y básicamente lo que le pide a los tutelados es que rindan informe sobre los estudios de impacto ambiental que tuvieron en cuenta para aprobar la fumigación de los cultivos ilícitos con glifosato, el margen de precisión que presentan estas operaciones y las secuelas sobre la ecología y la salud de los habitantes de los sectores fumigados. También se cuestiona si se efectuó la consulta previa con los indígenas sobre este procedimiento, que establece un convenio de la Organización Internacional del Trabajo.

La polémica decisión se presentó al día siguiente de que la Comisión de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos recomendara incluir en la ley que aprueba el presupuesto de operaciones extranjeras para el año fiscal 2002 una cláusula que denota la misma preocupación sobre el impacto de las fumigaciones. “Los fondos para comprar los químicos que se utilizan en las fumigaciones sólo se podrán utilizar si el Departamento de Estado, tras consultar con el Ministro de Salud, determina, entre otras cosas, que los químicos se están utilizando de tal forma que no representan un riesgo indebido para la salud humana o la seguridad”, dice la cláusula.

Si bien el gobierno ha dicho que apelará la tutela y, además, la cláusula propuesta por la comisión legislativa estadounidense, ésta tendría que ser aprobada primero por el pleno del Senado y luego ser conciliada entre la Cámara de Representantes y el Senado para hacerse efectiva, ambos incidentes ponen bajo gran presión al programa central del Plan Colombia: la fumigación aérea masiva.

El gobierno dijo hace unos días que estudia una propuesta que realizó hace tres meses el danés Klaus Nyholm, representante en Colombia y Ecuador del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas (Undcp) para crear una veeduría internacional neutral en zonas de pequeños cultivos ilegales en donde se está fumigando. El objetivo de esta misión de observadores sería la de evitar fumigaciones indiscriminadas y advertir sobre los posibles efectos negativos que éstas puedan causar sobre la población.

Esta propuesta ha sido avalada por el Contralor General y el Defensor del Pueblo, quienes han pedido suspender las fumigaciones alegando que es incierto el efecto del glifosato sobre el medio ambiente. Esta comisión verificadora podría brindar mayores garantías de protección a las comunidades afectadas por la fumigación y a la vez brindar respuestas más claras al país y a la comunidad internacional sobre los verdaderos efectos de este programa. Porque lo único que no puede pasar es que uno de los ejes vertebrales del Plan Colombia para quitarle recursos a la guerra se convierta en un insumo más de ella.