Amenazas y presencia de grupos ilegales retrasan entrega de ayudas a damnificados

Retrasos, desvíos y amenazas en la entrega de ayudas para los damnificados por el invierno fueron denunciadas este martes en la Comisión Sexta del Senado, durante el debate sobre el manejo de los recursos destinados para atender la emergencia causada por las fuertes lluvias durante el 2010 y lo corrido del 2011.
 
El senador del Polo Democrático Alexánder López presentó pruebas de un aparente desvío de ayudas en Cartago, departamento del Valle del Cauca, donde estufas y cajas de alimentos donados para los damnificados fueron halladas en bodegas de un particular.
 
Entre las pruebas presentadas por el senador, hay testimonios que revelan que esas ayudas fueron entregadas a familias que no hacían parte de los damnificados por la emergencia. “Quienes denunciaron, recibieron amenazas de muerte”, afirmó López.
 
El congresista, basado en los testimonios de personas de la región, afirmó que varias cajas con ayudas fueron “repartidas por el candidato a la Alcaldía del alcalde del municipio de Cartago”.
 
López solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría investigar este presunto desvío de estos alimentos y enseres que tenían los logos de Colombia Humanitaria y que, según Everardo Murillo, gerente de esta institución, se trataba de una donación hecha por una empresa privada.
 
El retraso y el desvío de las ayudas a los damnificados por el fuerte invierno del último año fueron la crítica más recurrente de los congresistas de la comisión sexta del Senado, durante el debate.
 
Sobre los retrasos, el gerente de la junta del Fondo de Calamidades, Jorge Londoño, denunció que grupos ilegales han obligado a la detención de la entrega de ayudas de los damnificados, especialmente en el departamento de Chocó.
 
"Es común encontrar que comisiones que están distribuyendo la ayuda humanitaria se enfrentan a dificultades de esperar hasta ocho días a que termine un conflicto armado para poder seguir adelante", informó Londoño.
 
Los congresistas también solicitaron a la Procuraduría y la Contraloría investigar posibles irregularidades en algunos departamentos. En concreto, hicieron referencia al caso de Chocó, donde se registra un sobrecosto de 2.000 millones de pesos en compra de alimentos para las familias, y en Córdoba, donde hay sobrecostos del orden de 2.500 millones de pesos.
 
Retrasos de hasta 40 días
 
Aunque el 83 por ciento de las familias damnificadas ha recibido algún tipo de ayuda, los congresistas denunciaron la demora en el recibo de las mismas.
 
Después de creada Colombia Humanitaria, las ayudas llegaron 46 días hábiles después a Boyacá, 44 a Córdoba, 41 a Atlántico y 43 a Cesar, reveló el senador Carlos Ferro Solanilla, del partido de La U.
 
Para Ferro, uno de los problemas ya detectados por la Contraloría es el lento trabajo de algunos de los operadores de las regiones, encargados de la distribución de estas ayudas.
 
Además, agregó que es necesario tomar medidas en los censos. “Los registros de los damnificados no incluyen el tipo de afectación, además no hay un plan integral para la reconstrucción de las zonas afectadas”.