Más de 20 miembros de las Fuerzas Militares fueron sancionados

En una rueda de prensa convocada para este viernes, una comisión especial creada por el Ministerio de Defensa presentó el resultado de una investigación interna sobre las actividades pocos transparentes de algunos de miembros del Ejército en lo relacionado con actividades de espionaje.
 
Se trata de los casos de la fachada Andrómeda –descubierta en el barrio Galerías de Bogotá por Semana.com- y el episodio del hacker Sepúlveda y sus presuntos vínculos con miembros de las Fuerzas Militares.
 
El vicealmirante César Augusto Narváez, integrante de la comisión, aseguró que en la fachada Andrómeda, revelada por Semana.com, no se cumplieron los protocolos de seguridad, se descubrió desorden en el manejo de la información y falta de control que permitía a civiles tener acceso a esa fachada. A pesar de estos hallazgos, el oficial ratificó que era una operación legal de inteligencia.

En cuanto al hacker, dijo el oficial que "existe la presunta participación de dos suboficiales del Ejército y un patrullero de la Policía en la entrega de información clasificada directa o indirecta a Andrés Sepúlveda". La Fiscalía ya les dictó medida de aseguramiento a cinco militares.

No obstante, el almirante aseguró que quien podrá dar luces sobre la relación del hacker y Andrómeda será la Fiscalía.

En el informe se dice que de manera voluntaria se realizaron 268 pruebas de confiabilidad y polígrafo, ocho de las cuales no dieron buenos resultados. Se determinó separar a 20 uniformados comprometidos con los hechos de Andrómeda y el hacker Sepúlveda y documentos secretos. Todos estos fueron separados de cualquier labor que tuviera que ver con inteligencia. A otros cinco se les solicitó el retiro.
 
Narváez aseguró que otros 11 miembros de la institución están siendo investigados por el episodio de la fuga de documentos secretos y la famosa lista de periodistas hallada en la Central de Inteligencia militar, hechos revelados por revista SEMANA y Semana.com.
 
La comisión anunció que las investigaciones continuarán y que la última palabra y el grueso de las investigaciones la tiene la Fiscalía.

Al finalizar, los integrantes de la comisión mostraron un libro y una cartilla en donde está consignado un protocolo para seguir con el fin de que estos hechos irregulares no se repitan. Se trata de un episodio particular, pues se da por descontado que los miembros de la fuerza pública saben que lo que hicieron es precisamente lo que prohíbe la ley.