Un año del paro nacional: muerte, violencia, destrozos y una marca indeleble para Colombia

En las redes sociales, el 28 de cada mes convocan para participar en jornadas de paro con avisos de “no podemos olvidar”, refiriéndose a la lucha que representa la protesta social. Los jóvenes de la llamada primera línea se alistan para salir a los puntos de concentración, que terminan generalmente en disturbios. Mientras eso pasa, Andrea Castro tiembla de miedo y se ahoga en un mar de lágrimas. Es la esposa del capitán Jesús Alberto Solano, el oficial de la Policía asesinado en Soacha, Cundinamarca, en la noche del 28 de abril de 2021.Es la primera vez que Andrea habla abiertamente ante los medios de comunicación.

Temía que llegara la fecha del aniversario de su muerte, pues sabe que los noticieros volverán a hablar del capitán, el valeroso hombre del que tanto se escuchó en los primeros días de la tragedia y que con el paso de los meses se fue olvidando, a tal punto que a la fecha no hay condenados por el crimen. Asegura que durante este año no ha hecho otra cosa que blindar a su niña, quien ya cumplió 6 años, de ver la sevicia con la que lo mataron. Desde ese instante corre a apagar el televisor cada vez que hablan de la manera en la que asesinaron al oficial. “No quiero que ella piense que todos los seres son tan malos como los que se ven en la turba arrebatándole a su padre”, afirma.

Una cosa es decirle que su papá no volverá porque murió, y otra que ella vea cómo corrió durante más de 95 metros, tratando de salvar su vida, a la vez que aproximadamente 30 personas lo seguían para asesinarlo. Cayó al piso por una patada que le lanzaron. Luego de eso, decenas de personas lo golpearon con palos, le propinaron seis puñaladas, 16 heridas en la cabeza y en el rostro. Todo, porque acudió a ayudar a la comunidad donde estaban robando un cajero, y la multitud, enardecida, lo tildó de infiltrado en las protestas. La escena de horror se conoció en las audiencias, cuando la Fiscalía argumentó que Juan Sebastián Vélez era uno de los agresores, junto con su hermano Michael Steven. Pero Jesús Antonio Castillo sería uno de los que hirió de muerte al oficial. La defensa de los detenidos ha dicho que no hay pruebas suficientes para relacionarlos y se declaran inocentes. De hecho, uno de ellos ya quedó en libertad y el proceso contra los otros avanza lentamente. Se han presentado cambios de fiscales y aplazamiento de audiencias. “Es insólito, a veces me dicen que los imputados no asistieron; otras, que los de La Picota no sabían de la citación, quiero justicia”, cuestiona la viuda al temer que reine la impunidad.

La Fiscalía reporta que en las jornadas de protesta de 2021 se registraron 29 homicidios, de los cuales 25 son civiles –entre ellos un menor de edad–, tres integrantes de la Policía y uno del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Estos homicidios, al parecer, habrían sido perpetrados por nueve civiles, diez policías, y en otro número igual de casos se desconoce quién sería el responsable. Los familiares de los uniformados se sienten en desventaja frente a las investigaciones. La mayoría de los ataques ocurrieron por la noche, en medio de multitudes de encapuchados, lo que dificulta identificar a los agresores. Y, además, las pruebas que presentan las autoridades son demeritadas.

En los homicidios en los que señalan a la Policía como culpable, la identificación es más probable debido al registro de armamento y líneas de mando. Por ejemplo, en el caso de los 15 muertos en Cali en cuatro días de protestas, ya hay tres uniformados en etapa de juicio: el patrullero Wilson Esparragoza, quien sería el responsable de la muerte de un menor de edad que recibió un disparo frente al CAI de Villa del Sur, en Puerto Rellena, el 28 de abril de 2021; el teniente Néstor Mancilla, a cargo de un conjunto de policías del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), que, al parecer, disparó contra la comunidad en los barrios El Diamante y Siloé, donde fueron asesinadas cinco personas; y el coronel Édgar Vega Gómez, quien se desempeñaba como comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali.

En Ibagué también hay un oficial judicializado por el homicidio de Santiago Murillo, que no tenía nada que ver con las protestas del 1 de mayo de 2021. Se encontraba a una cuadra de su casa, cuando el mayor Jorge Molano, supuestamente, tratando de disipar una turba disparó e impactó el pecho del joven. En las protestas hubo heridos con mutilaciones, la mayoría de ellos, policías, y la institución reporta 1.836 heridos, de los cuales 1.242 aún están en tratamiento. El teniente Juan Gabriel Quintana es uno de ellos. Mientras estaba abriendo vía en Girón, Santander, el 4 de mayo, una decena de personas empezaron a agredirlo tan fuerte que perdió su ojo izquierdo en el ataque.

El sueño de ser piloto de aeronaves se esfumó. “No quería verme en un espejo ni recibir visitas. Tenía un hueco donde debería estar mi ojo”, dice el oficial, quien confiesa que los dos primeros meses sentía pena por verse así. Sin embargo, una mañana le dijo a su mamá que lo acompañara a pasear por el parque, se compró un parche y se presentó al comando de la Policía pidiendo que lo recibieran de nuevo. Hasta el momento se desconoce quién es el culpable, no hubo capturados por el hecho. Ahora trabaja en la oficina de bienestar social.

La barbarie que se vivió hace un año y se prolongó por varios meses no tiene precedentes. Según la Fiscalía, en las protestas no solo había ciudadanos inconformes con la desigualdad social, sino infiltrados del ELN, disidencias de las Farc y bandas del crimen organizado. Una mujer policía habría sido abusada sexualmente, 15 uniformados fueron secuestrados. Este medio habló con uno de ellos, quien prefiere permanecer en el anonimato. “Nos apuntaban con armas en la cabeza, nos gritaban que teníamos que desbloquear el celular”, relata un año después, con angustia.

Ha vuelto a ver a sus agresores durante las audiencias, que, a decir verdad, también avanzan con lentitud. Se enteró de que uno de los imputados falleció durante el cautiverio, esperando pronunciamiento del juez. A todos los afectados los trasladaron de ciudad para protegerlos. Por su parte, la Fiscalía informó que durante el marco de dichas protestas se recibieron 4.269 denuncias, de las cuales 4.009 están en procesos de indagación, 57 en investigación, 179 en juicio, 23 casos en ejecución de penas y 1 en terminación anticipada. En total, se realizaron 606 capturas e imputaron a 625 personas. Asimismo, se presentaron 455 escritos de acusación y hay sentencias condenatorias contra 30 personas.

SEMANA conoció que en las protestas adelantadas hasta diciembre de 2021 capturaron a 2.015 personas. De ellas, el 85 por ciento ya está en libertad, solo 208 se encuentran tras las rejas y 98, en detención domiciliaria. Eso es justamente lo que les molesta a las víctimas, ver que los esfuerzos por hacer justicia parecieran insuficientes. “Mi esposo no era una estadística más de policías muertos, era el apoyo de una familia, me arrebataron el corazón y aún sigo esperando justicia”, dice Andrea Castro. Para ella, abril se convirtió en el mes más amargo de su vida. Le llevan flores a su casa, no sabe si son personas que admiraban al capitán Solano o una especie de intimidación por el proceso judicial que se adelanta.