Años turbulentos

Es difícil sintetizar lo que ocurrió en la economía colombiana en la última década, sin duda un período de intensas transformaciones institucionales originadas en la Constitución de 1991 y prolífico en reformas económicas.

Así mismo, el comportamiento de la economía en la década pasada no se podría entender si no tenemos en cuenta los efectos de la globalización de capitales y las crisis financieras en varios países emergentes de la segunda mitad de la misma. El análisis quedaría igualmente parcial si no consideráramos las consecuencias negativas sobre la inversión que tuvo la crisis política de la pasada administración y el aumento de las actividades delincuenciales de la guerrilla y el paramilitarismo.

Al comenzar los años 90 Colombia había concluido un exitoso programa de ajuste macroeconómico que logró controlar la inflación en niveles bajos en comparación con el promedio latinoamericano, y mantener unas tasas de crecimiento que, aunque modestas, eran sobresalientes en la región. Sin embargo estas tasas no eran suficientes para hacer frente a los retos de pobreza y desigualdad.

Fue con ese propósito que al comenzar la década nos embarcamos en un proceso de reformas para llevar a la economía a una senda de crecimiento acelerado, compatible con los niveles alcanzados por otras economías emergentes que habían adelantado reformas similares. Iniciamos entonces un proceso de reformas que fortaleció la competencia y la economía de mercado. La llamada ‘apertura’ bajó los aranceles y eliminó controles administrativos al comercio exterior. Así mismo la apertura se complementó con una agresiva política comercial que buscaba abrir nuevos mercados a nuestras exportaciones.

Por otra parte, se avanzó en el proceso de privatización, en la creación de fondos de pensiones, en la descentralización de recursos y del cumplimiento de funciones públicas de salud y educación, y en la creación de un sistema de salud que aumenta de manera sensible la cobertura.

Este proceso de modernización de las instituciones económicas se dio en un contexto de desarrollo de la economía mundial y latinoamericana rodeado de confianza y optimismo. Hubo una oleada de inversión y regreso de capitales que generaron un considerable incremento en la acumulación de capital y en la productividad, lo que a su vez ocasionó una intensa revaluación de las monedas latinoamericanas y sometió a los sectores productivos a una nueva presión. Es necesario tener presente que, a pesar de las reformas de los 90, Colombia sigue siendo menos abierta a la competencia externa que casi todos los países asiáticos y las economías más prósperas de América Latina (Chile, México, Costa Rica).

En el caso de la agricultura, sus aranceles, si bien bajaron, no lo hicieron al ritmo de los otros sectores. Para su protección, desde el principio se establecieron bandas de precios con el fin de disminuir su vulnerabilidad. Desafortunadamente la rebaja arancelaria coincidió con la sequía de 1992, ocasionada por el fenómeno del Niño, con una caída de los precios internacionales de los productos y con la revaluación. Para hacer frente a esta situación el gobierno rediseñó su política comercial, aumentó la protección y estableció medidas compensatorias. Estas políticas tuvieron continuidad durante el gobierno de Samper y Pastrana. Sin embargo la recuperación que se da a partir de 1998 se explica más por variables macroeconómicas —la devaluación— que por la política sectorial.

Estas reformas impulsaron un vigoroso crecimiento en la primera mitad de la década, que en Latinoamérica se vio interrumpido por la primera crisis de volatilidad de capitales en México, a principios del 95. El ‘efecto tequila’ redujo las corrientes de financiamiento y capital, y generó la primera caída drástica de las tasas de crecimiento en los países de la región. Pronto se esfumaron, a lo ancho de América, las expectativas sobre las posibilidades de crecimiento, y descubrimos que no había milagros ni fórmulas simples.

En el período 97-98 se genera la segunda crisis de volatilidad en Asia que afectó a Brasil y Argentina, y de manera muy severa a toda la zona andina, conformada por países que además de desajustes económicos sufrían significativos problemas políticos o de violencia. Durante este período se presentó en Colombia una crisis fiscal de proporciones (se pasó del equilibrio en el 93 a un déficit del 6,1 por ciento en el 99) originada por la disminución de las tasas de crecimiento, por los problemas externos que trajo la crisis política que surgió por la financiación de la campaña del presidente Samper, así como por la incertidumbre que generaron algunos infortunados fallos de la Corte Constitucional en materia económica. La inversión privada bajó de un 15 por ciento a un 5 por ciento en pocos años.

En la crisis fiscal también jugó un papel importante la fórmula que adoptó la Constituyente para realizar la descentralización y que no anticipó un período de tan bajo crecimiento como el que se ha dado desde 1996. Estos problemas, que no fueron corregidos en su oportunidad, generaron un efecto acumulativo en materia fiscal, en el déficit de cuenta corriente y en la deuda pública, la cual se dobló como porcentaje del producto. También la administración anterior giró mucho más de lo dispuesto en la Constitución para atender sus compromisos en materia salarial con el sector de la educación.

No se generó una respuesta a la altura de los retos particularmente en el frente fiscal. El resultado fue una reducción de la confianza externa, un incremento considerable en las tasas de interés que Colombia paga al exterior por sus préstamos, la drástica caída del producto, la casi triplicación de la tasa de desempleo y el agravamiento de los problemas de violencia y secuestro, el que subió de un poco más de 1.000 casos en 1995 a un poco más de 3.000 el año pasado.

Cuando llega entonces la segunda crisis de volatilidad, la economía colombiana se encuentra considerablemente desajustada y han surgido nuevos problemas de orden público, tanto por el fortalecimiento de la guerrilla, como por la expansión de los cultivos de coca en esa zona y por el aumento del paramilitarismo. Esto nos deja una lección clara: lo que asegura la prosperidad y el crecimiento, y en consecuencia la paz social, es la estabilidad política y la fortaleza de las instituciones y no tanto el régimen de comercio exterior, cambiario o tributario.

Algunos han querido responsabilizar de ciertos males que hoy vive el país a ese proceso de reformas que se emprendió en mi administración y que llaman apertura. Aseguran que han originado pobreza y empeoramiento en la distribución del ingreso. Pero pocos asumen la defensa de una contrareforma económica de las medidas adoptadas entonces, porque saben que Latinoamérica y el mundo en desarrollo avanzan en la dirección que entonces planeamos.

Los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han mostrado que es falso el argumento, según el cual las reformas económicas de los 90 deterioraron la distribución del ingreso. Por el contrario, esos estudios han demostrado que sólo los países que han continuado las reformas han logrado mantener su crecimiento y disminuir la pobreza significativamente. Se da sí un transitorio deterioro en la distribución por las diferencias entre empleados muy calificados y no calificados. Esto no fue obstáculo para que en mi gobierno y hasta mediados de la década se hubiera reducido la pobreza en Colombia.

También se ha logrado comprobar que la persistencia de la pobreza y la mala distribución del ingreso se originan en las deficiencias de los sistemas educativos y no en el nuevo modelo económico que elimina muchas de las rentas monopólicas del excesivo proteccionismo. Sólo con un fortalecimiento del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades sociales; de sus funciones de policía, justicia y seguridad; y de su labor de supervisión, regulación y control seremos capaces de enfrentar los desafíos de Colombia.

En otra ocasión sería conveniente hablar de lo que podría ser una agenda de reformas a comienzos de este siglo para lograr superar los problemas que se han acumulado, para recuperar los niveles de inversión pública y privada, para asegurar la confianza externa, y para recuperar nuestra capacidad de crecimiento, profundizar las reformas democráticas y construir un Estado fuerte y eficiente.

Por eso, aunque creo que son muchas las medidas que el Estado colombiano puede adoptar para enfrentar algunas de las consecuencias indeseables de la globalización (estabilidad laboral, seguridad económica, competencia a ciertos sectores) es una quimera pensar que le podemos dar la espalda a este fenómeno que nos trae problemas pero también enormes oportunidades de comercio, inversión, conocimiento y desarrollo tecnológico.

Washington D. C., febrero 16 de 2001