Apoyo internacional

La visita relámpago a Colombia de Mary Robinson, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el pasado 3 y 4 de diciembre, constituye un inesperado respaldo de la comunidad internacional a la solución negociada del conflicto armado y al trabajo de su oficina en el país. En su segunda visita a Bogotá Robinson, de 55 años y con un rango equivalente al de jefe de Estado, tuvo una apretada agenda: habló con el presidente Andrés Pastrana y parte de su gabinete, con embajadores, con representantes de las más importantes organizaciones no gubernamentales del país, con el empresario Nicanor Restrepo y con Horacio Serpa, Luis Eduardo Garzón y el alcalde electo de la capital, Antanas Mockus.

Con todos conversó sobre derechos humanos, en particular sobre las graves violaciones que se cometen en el país contra la población civil, y ambientó un tema que considera una prioridad desde abril de este año, cuando se discutió en Ginebra, Suiza, el informe elaborado por la oficina de su comisionado en Colombia: la necesidad de que en el marco de las negociaciones de paz se firme un Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH). Este es un mecanismo técnico que haría avanzar, sobre un terreno más sólido, el actual proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Además contribuiría a crear un ambiente de confianza entre ambas partes y la sociedad, en general, comenzaría a ver resultados palpables de la negociación.

Esta herramienta puede ser propuesta por quienes negocian, por la denominada sociedad civil o por facilitadores o mediadores del proceso. El deseo de Robinson es que una propuesta en este sentido surja de cualquiera de estas instancias en Colombia y no de su oficina, para que no sea percibida como una injerencia internacional. No obstante, se sabe que la Unión Europea, Noruega, Suiza, Canadá y Estados Unidos apoyan y ven con buenos ojos esta idea. Una fuente autorizada consultada por SEMANA, que no quiso ser identificada, fue categórica al decir: “Sin un acuerdo de este tipo en los próximos meses el proceso de paz no es viable, es lo único que puede oxigenarlo. Si el conflicto sigue y la paz se rompe ahora pasarán 15 años para volver a comenzarlo”.

Aire para el proceso

El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario es menos complejo de lo que su nombre lo hace parecer. En principio constituye un compromiso sobre hechos concretos que las dos partes consideran importante resolver y, según un experto internacional en la materia, “sean fundamentales para la protección de la población civil y los combatientes”. Es una concesión mutua verificable por terceros. El Acuerdo, por ejemplo, comprometería al Estado a combatir en forma efectiva el paramilitarismo y a reducir los índices de impunidad. Al mismo tiempo los alzados en armas harían lo propio: no secuestrar más uniformados o civiles, ni atacar poblaciones con armas no convencionales, entre otras cosas. También podría acordarse mantener un corredor humanitario para la entrega de prisioneros o el aprovisionamiento de medicinas y alimentos.

El Acuerdo Global funcionó en dos conflictos de América Latina: el de El Salvador y el de Guatemala. En ambos países haberlo puesto en práctica, con todos los inconvenientes que ello supuso, aceleró la negociación que al cabo de dos años puso fin a los conflictos que los desangraban de tiempo atrás. Si esta experiencia tuvo éxito en Centroamérica y Mary Robinson dejó la calma de su despacho en el Palacio Wilson de Ginebra para venir a presentársela a los colombianos como una salida alternativa al conflicto diferente a la guerra, ¿por qué no intentarla acá, donde ya la conocen todas las partes interesadas?