Aquí hay trancón

Como la legislatura del año pasado fue prolífica, se suponía que en 2011 bajaría el ritmo de la actividad parlamentaria. La teoría aseguraba que el Congreso les aprueba a todos los gobiernos sus principales proyectos durante la luna de miel y que después empieza a hacer valer su propia voz en su territorio. Por eso el gobierno de Juan Manuel Santos, desde el mismo 7 de agosto en que asumió el poder, llenó de iniciativas de ley y reforma constitucional la agenda del segundo semestre de 2010 y logró la aprobación o el avance de todas las que consideraba importantes.

Todo indica que el éxito de la estrategia le quedó gustando al gobierno. La próxima semana, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, radicará ocho nuevos proyectos, anunciados por el presidente Santos el viernes pasado. Algunos tienen que ver con una especie de reorganización regional: uno, sobre cambios al régimen departamental, les facilita a los gobernadores conseguir recursos para realizar proyectos que sigan los lineamientos del Plan de Desarrollo y otro, que data sobre el régimen municipal, actualiza los requisitos de población exigidos para crear nuevos municipios —los incrementa a 18.000 habitantes, como mínimo—, y eleva el volumen de recursos generado de forma regional requeridos para poder ser considerados como tales, y establece que el Dane definirá las cifras, en vez de organismos locales.

Dos proyectos más se refieren a mecanismos de asistencia social: uno sobre el sistema de bomberos y otro en materia de voluntariado. El primero es una ley general, prometida por Santos en la campaña electoral, que incrementa los recursos de financiación. Ya no provendrán de las pólizas de incendios, que están en vías de extinción, sino de las que se suscriban por daños materiales. Se estima que el monto puede crecer de 900 millones de pesos actuales a 10.000. También se fortalecen los recursos de origen territorial, que en el caso de Bogotá, para poner un ejemplo, se incrementarían de 74.000 millones de pesos a 90.000. En el otro proyecto, el del voluntariado, la propuesta consiste en crear estímulos de vivienda, educación y salud para quienes colaboren con organismos como la Cruz Roja y la Defensa Civil.

Dos proyectos adicionales tienen por objeto beneficiar a grupos de la sociedad como las mujeres y los discapacitados. El estatuto de la mujer elevaría, si se aprueba, el estatus de la Consejería para la Equidad y adoptaría un sistema de protección para las épocas de embarazo. Un grupo de medidas está dirigido a defender a los grupos más vulnerables: la mujer rural y la violencia de género. En general, el proyecto sintoniza la legislación colombiana con estándares internacionales. El otro proyecto está dirigido a auxiliar a la población discapacitada, con instrumentos para atenderla y con la creación de una procuraduría delegada para que vele por sus derechos.

En materia de Internet también hay dos iniciativas. Una, de un artículo, penaliza en el Código Penal la piratería. Otra define la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet, en especial en lo que se refiere a infracciones contra la propiedad intelectual.
 
Más allá del contenido de los proyectos, la pregunta es si el gobierno está sobrecargando al Congreso con una agenda demasiado ambiciosa o imposible de tramitar. Hay que tener en cuenta que todavía el Legislativo tiene tareas pendientes de la legislatura anterior, en especial en los temas de reforma constitucional que necesitan una segunda vuelta -la abolición de la Comisión Nacional de Televisión, la reforma al régimen de regalías- y otras leyes que aún tienen etapas irresueltas, algunas muy complejas, como la ley de víctimas. Y en el nuevo paquete de origen gubernamental faltan cuatro iniciativas de grueso calibre que no están terminadas en su redacción o se encuentran en procesos de concertación, pero que tarde o temprano llegarán al Capitolio. Entre ellas, una sobre la afrocolombianidad, el estatuto de oposición, la reforma a la justicia y la reforma política.

Todo lo anterior, considerado en conjunto, puede producir un verdadero trancón en el poder Legislativo. También hay que tener en cuenta que no solo el Ejecutivo tiene proyectos. El Partido Liberal, por ejemplo, ha anunciado dos de su propia cosecha: la creación de un sistema de ahorro subsidiado para las personas que ganan menos de un salario mínimo y una normatividad para actualizar los valores prediales en zonas no urbanizadas o rurales en grandes extensiones. En la reunión del presidente Santos y la bancada roja se habló, como si fuera poco, de trabajar en la elaboración de una reforma tributaria integral, tema que ha sido imposible de abordar desde hace años.

¿Por qué se juega el gobierno con una 'lista de compras' tan amplia y ambiciosa? Hay varias razones. Una es que la Unidad Nacional, después de los arreglos de las últimas semanas, quedó ajustada y aún está en capacidad de reunir mayorías para respaldar al gobierno en los temas que considere prioritarios. Santos tiene tiempo valioso -que se le puede agotar más tarde- para consolidar un plan de reformas de trascendencia. La otra es que un Congreso ocupado -y mantenido a raya por el ministro del Interior, que sigue día a día en qué va cada proyecto- le sirve al Ejecutivo para conservar la iniciativa, diversificar los temas de debate y reducir las controversias de control político.

Si se suman todas las leyes que están a consideración del Senado y de la Cámara, se llega a un total de 90 de origen gubernamental -que suelen salir avante- y 400 propuestas por los congresistas, entre las cuales hay muchas celebraciones regionales, homenajes y estampillas. No todos los proyectos son relevantes ni llamativos para los medios, ni están en la lista de prioridades. Pero forman un conjunto suficiente para mantener al Congreso con las manos ocupadas.