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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el derecho a la salud sigue siendo el más vulnerado, con un total de 92.499 acciones de tutela interpuestas en 2021. | Foto: Getty Images

Salud

Arauca es el departamento con la mayor tasa de tutelas por vulneraciones al derecho a la salud

Uno de los hechos por los que más acciones de tutela se presentan es por la falta de oportunidad en las citas con especialistas.

18 de mayo de 2022

En el marco del foro académico Conmemoración de los 30 años de la Tutela en Colombia, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que el derecho a la salud sigue siendo el más vulnerado y por el cual durante 2021 se interpusieron 92.499 acciones de tutela, con mayor representación en los departamentos de Arauca, Caldas, Norte de Santander, Quindío y Amazonas.

De acuerdo con datos del informe anual sobre la tutela en Colombia, que publicará la Defensoría del Pueblo en las próximas semanas, el departamento que más se ve afectado es Arauca, con 71,2 tutelas por cada 10.000 habitantes, 101 % más que las interpuestas en 2020. Le sigue Caldas, con una relación de 58,4; Norte de Santander, con 44,7; Quindío, con 31,08 y Amazonas, con 30,8.

“Al revisar los recursos judiciales interpuestos por la vulneración al derecho fundamental a la salud, encontramos que los ciudadanos en las zonas de frontera -receptoras de alto flujo de migrantes y desplazados por cuentas de las acciones de grupos armados ilegales-, deben acudir cada vez más a la tutela para lograr la garantía de este derecho”, dijo el Defensor del Pueblo.

“En el estudio también concluimos que las entidades promotoras de salud (EPS) que han sido liquidadas fueron contra las que más tutelas se presentaron. Resaltamos cómo, al cierre de la vigencia pasada, la liquidada Medimás tuvo 42,70 acciones de tutela por cada 10.000 afiliados; seguida de la también liquidada Coomeva, con 40,23; Savia Salud con 23; Servicio Occidental de Salud (SOS) con 24,04, y Ecoopsos con 22,61, lo que nos muestra que el ranking de EPS más tuteladas constituye un indicador de calidad y un llamado para que los prestadores protejan y garanticen el derecho sin dilación alguna”, dijo Camargo.

Con Medimás, son 13 las EPS liquidadas por la actual Superintendencia Nacional de Salud.
La EPS Medimás, liquidada hace algunas semanas por la Superintendencia Nacional de Salud. tuvo 42,70 acciones de tutela por cada 10.000 afiliados. | Foto: Supersalud

De acuerdo con el Defensor, uno de los hechos por los que más acciones de tutela se presentan es por la falta de oportunidad en las citas con especialistas. Razón por la cual desde la Defensoría se suscribió en diciembre pasado el Pacto Nacional para la Protección del Derecho Fundamental a la Salud para la Oportunidad en la Atención con Especialistas, evaluado con seguimiento directo del personal de la entidad en los territorios.

El funcionario añadió que, en los próximos días, se presentarán los avances sobre el seguimiento a ese acuerdo con los actores del sistema de salud, pero se espera que se reduzcan los tiempos y que, sin excepción, se brinden las oportunidades para el acceso a la medicina especializada.

Las citas con especialistas que más fueron tuteladas son: ortopedia, con un 13,1 %; oncología, con el 10,5 %; neurología, con 9,1%; neurocirugía, con 6,2 % y oftalmología con 5 % del total de tutelas en materia de salud en el país durante el último año.

En el encuentro, desarrollado junto a la Corte Constitucional, la Corporación Excelencia en la Justicia y la Universidad Sergio Arboleda, el Defensor del Pueblo reiteró el llamado a los agentes que prestan el servicio de salud para que garanticen el derecho fundamental.

De la misma forma, Camargo resaltó que la acción de tutela cambió el paradigma de la protección de los derechos en Colombia, ya que ha permitido que los derechos fundamentales pasaran de ser meros enunciados formales a convertirse en exigencias reales, inmediatas y garantizadas.

“La administración de justicia pasa a ser el escenario en donde los actores más olvidados de la sociedad colombiana tienen la posibilidad real de acudir a un juez para resolver sus problemas, muchas veces causados por el incumplimiento de las obligaciones del Estado, e incluso de los particulares”, puntualizó.