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Archivan proceso penal contra Martha Lucía Zamora, exdirectora administrativa de la JEP

El juzgado 42 del circuito de Bogotá también exoneró a dos contratistas de la jurisdicción especial para la paz.


El Juzgado 42 del circuito de Bogotá confirmó que el proceso penal que se adelantaba en contra de la exdirectora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora y los excontratistas July Milena Henríquez Sampayo y a Luis Ernesto Caicedo Ramírez fue archivado.

La decisión fue tomada por el juzgado luego de haberlos llamado a juicio por haber sido señalados por la Fiscalía de haber incurrido en delitos de falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, perturbación de actos oficiales y otros actos de corrupción.

De acuerdo con el juzgado, no se encontraron méritos para poder condenar a Zamora, quien también es exfiscal delegada ante la Corte Suprema de justicia.

Vale la pena recordar que el caso se abrió oficialmente en 2019 cuando la Fiscalía acusó a Zamora y a los excontratistas de haber realizado asesorías ilegales para facilitar la salida del país de los exguerrilleros José Lisandro Lascarro, alias ‘Pastor Alape’, y de Israel Alberto Zúñiga, alias ‘Benkos Bioho’.

Según explicaba la Fiscalía, estas personas abrían intervenido “en el diligenciamiento y en la verificación de autorizaciones de salida del país” cuando se trataba de una labor que debía realizar solo el secretario ejecutivo de la JEP.

Con la decisión del juez, queda eliminado todo señalamiento en contra de Zamora y los excontratistas y se archiva definitivamente el caso.

¿Quién es Martha Lucía Zamora?

La exdirectora administrativa de la JEP ha tenido varios cargos públicos a lo largo de los años.

Zamora ejerció como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, luego fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entre 1994 y 2001. Además, se desempeñó como procuradora delegada ante la misma corporación entre 2001 y 2009 y luego, asumió como magistrada auxiliar de la Sala Penal de ese alto tribunal a partir del 2009 hasta el 2011.

En 2012 se desempeñó como asesora del despacho de la fiscal general de la Nación. Sobre Zamora se sabe que fue la primera mujer que hizo parte del grupo de magistrados encargados de investigar procesos de parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. Además fue clave en el proceso 8.000 y en casos como el de la masacre de Segovia.

En 2019 la Fiscalía comenzó la diligencia con el retiro de una solicitud de medida de aseguramiento no carcelaria contra la exdirectora de la JEP por delitos relacionados con un supuesto favorecimiento a excombatientes.

En su momento, se dijo que se trataba de una presunta persecución de la Fiscalía contra el proceso de paz con las Farc.

En una entrevista con Cecilia Orozco, Zamora había señalado que las actuaciones de la Fiscalía eran inusuales y había insinuado que detrás estaban las denuncias del anterior secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien salió en muy malos términos de esa corporación. Estas pesquisas corresponden a hechos que Correa puso en conocimiento de las autoridades. “Su denuncia refleja el resentimiento con que él, desafortunadamente, se retiró”, le dijo a El Espectador.

La secretaria de la JEP agregó que esos permisos se dieron cuando la Secretaría todavía era competente, “en virtud de la Ley de Amnistía y del decreto 2125 de 2017. Después perdió esa competencia porque fue asumida por los magistrados cuando los eligieron”. En un comienzo Zamora fue acusada por el delito de falsedad ideológica por cuenta de esas salidas, pero -según ella- llama la atención que en la audiencia el caso giró hacia otros hechos relacionados con asesoramiento ilegal, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales.

En la audiencia, la Fiscalía presentó los elementos que le permitieron concluir que esos avales se firmaron de manera irregular. El ente acusador aseguró que interceptó los números de los contratistas July Milena Henríquez y Luis Eduardo Caicedo. Supuestamente a través de ellos llegaron a conversaciones con Martha Lucía Zamora.

July Milena Henríquez trabajaba desde enero en la JEP como contratista y entre sus funciones tenía la responsabilidad de hacer seguimiento a la suscripción de actas de exguerrilleros. En una de sus conversaciones aparece Zamora al parecer dando instrucciones a Henríquez para que hable con los abogados de los excombatientes y les diga que manden un escrito informando su lugar de ubicación, esto con el fin de “evitarnos problemas”. ”En la Secretaría mientras los magistrados no los llamen no podemos hacerles seguimiento. Lo que sí podemos es tener actualizado, pero no podemos estar uno por uno llamando a ver dónde están. Ellos tienen el compromiso de que en caso de variar de sitio manden un documento para actualizar sus datos, para bajarle el tono a esto (...)”, dice Zamora en la conversación.

Con posterioridad a esta comunicación, Juli Henríquez se comunica con Gustavo Gallardo, el abogado de algunos excombatientes. En dicha conversación le habría pedido enviar documentos porque ya les empezaban a preguntar por eso. En interrogatorio ante la Fiscalía, la excontratista Henríquez negó que hubiera tenido estos contactos.