Arranca recolección de firmas para referendo contra el aborto

El comité promotor del referendo provida, que busca tumbar la legalización del aborto en Colombia, integrado por nueve personas, entre ellas congresistas, activistas, académicos e integrantes de la población civil, arrancó oficialmente la recolección de firmas para convocar a los colombianos a las urnas para que se pronuncien sobre este tema.

El comité está liderado por los senadores María del Rosario Guerra, John Milton Rodríguez, Milla Romero, Eduardo Pacheco, Esperanza Andrade y Juan Diego Gómez. .

Además, están respaldados por la bancada provida del Congreso, conformada por 25 legisladores de diferentes partidos. A su vez, el comité lo integra la líder provida Andrea Garzón, la académica Nubia Posada y la pastora Fulvia Arboleda.

“Todos aquellos que quieran vincularse al voluntariado para esta gran jornada de amor por la vida son bienvenidos. Es el momento de unirnos para defender la vida desde la concepción”, aseguró el senador de Colombia Justa Libres y excandidato presidencial John Milton Rodríguez.

Con este avance, según las normas colombianas, el comité tendrá seis meses para recolectar firmas dentro de los formatos entregados por la Registraduría.

Posteriormente, la entidad tendrá un plazo de 45 días para certificar la validez o nulidad de las mismas. Al mismo tiempo, se revisaría si el proceso cumplió o no con los requisitos constitucionales y legales.

En específico, el referendo buscará modificar la Constitución en tres de sus puntos: incluir la protección constitucional de los colombianos que están por nacer, defensa de la vida desde su concepción y garantía de objeción de conciencia para todas las personas, independientemente de que se desempeñen en el sector público o privado.

“El comité promotor del referendo provida invita a todos los colombianos a sumarse a esta iniciativa que busca garantizar el derecho a la vida del más indefenso, el no nacido, desde la concepción”, dice el comunicado oficial del grupo.

Lo que dijo la Corte

A finales de febrero, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica al despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Este derecho solo estaba permitido bajo tres causales: riesgo de salud física y mental para la mujer y persona gestante, malformación del feto y embarazo por violación.

En un país históricamente conservador como Colombia, esta decisión de los magistrados suscitó polémica, pues sectores tradicionales de la política, así como las iglesias, se opusieron radicalmente a esta medida, calificándola como “asesinato”.

No obstante, a pesar de la campaña en contra y las claras posturas de desacuerdo, incluso desde la Presidencia de la República, desde esa fecha cualquier mujer puede solicitar a través del sistema de salud público una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), según la sentencia C-055 de 2022.

En el fallo, la Corte le pide al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, para que, “sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y, en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral, incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requiera, según el caso, que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes, descritos en esta providencia y, a su vez, proteja el bien jurídico de la vida en gestación sin afectar tales garantías, a partir del condicionamiento de que trata el resolutivo anterior”.

Y agrega el alto tribunal: Esta política debe contener, como mínimo, “(i) la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, (ii) la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia, (iii) la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, (iv) el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas, (v) medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras y (vi) medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar”.