Así como al disidente ‘Jhon 40’, al extraditado narcotraficante Gustavo Adolfo Vega también le quitaron 14 bienes

La Fiscalía General de la Nación informó que ocupó, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, 11 predios urbanos y 3 rurales, avaluados en 5.000 millones de pesos, que habrían sido adquiridos por el extraditado Gustavo Adolfo Vega Archibold, capturado en 2014 en Panamá y extraditado a Estados Unidos, donde era requerido por delitos federales relacionados con el tráfico de drogas.

De acuerdo con las pruebas recabadas, “este hombre, al parecer, obtuvo los bienes entre 2006 y 2013 con dineros de origen ilícito. En ese sentido, los activos fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión”, indicó el ente acusado.

Las propiedades fueron ubicadas en Buenaventura, Dagua y Cali, en Valle del Cauca, y en Medellín. El CTI de la Fiscalía fue el encargado de adelantar las diligencias de ocupación.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de su administración.

A alias Jhon 40 también le quitaron bienes

Géner García Molina, alias Jhon 40, también se quedó sin nada. En total, fueron 14 propiedades: diez inmuebles rurales, tres urbanos y un establecimiento de comercio, los que fueron ocupados con fines de extinción de dominio por medio de un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional. Además, le incautaron 2.153 reses.

En la investigación del ente acusador quedó en evidencia que los bienes, avaluados en más de 25.800 millones de pesos, “habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades ilícitas desarrolladas en Lejanías, Mesetas, La Uribe, Puerto Rico, Puerto Lleras, Granada y otros municipios de la región del Ariari, en Meta”.

Las propiedades del disidente de las Farc estaban ubicadas en los municipios de Orocué, en Casanare; Cimitarra, Santander, Tenjo y Suesca, en Cundinamarca; Chinchiná, Caldas; Villavicencio, Guamal, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y Puerto Lleras en Meta.

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció que “el origen de las propiedades corresponde a recursos obtenidos de secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios y narcotráfico. Por ello fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión”.

Pretendían sepultar un cadáver en un predio de la SAE

El pasado 31 de enero, capturaron en flagrancia a siete personas que pretendían enterrar un cadáver, que presentaba varias heridas con arma de fuego en el pecho, en un el predio perteneciente a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el corregimiento Santa Elena del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca.

“Al parecer, estas personas son las responsables de un homicidio en una de las fincas del sector, donde pretendían enterrar su cuerpo; los sujetos estaban excavando un hueco. Al ser sorprendidos en flagrancia por nuestros policías, su reacción fue dispararles a los uniformados”, indicó entonces el comandante de la Policía del Valle, Éver Gómez.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Uno de ellos sería el hijo de la alcaldesa de El Cerrito, mientras que otro sería primo de la mandataria.

El centro de acopio de cocaína del Clan del Golfo

Por otra parte, las autoridades dieron un golpe a un centro de acopio de cocaína del Clan del Golfo que había sido instalado al lado de un colegio, en el Urabá antioqueño. Por ello, fue capturado Julio Ávila Ramos, alias Pichón, un presunto integrante de esta organización criminal, con cerca de 434 kilogramos de base de coca en este centro de acopio ubicado en el municipio de Mutatá, específicamente en la región de Caucheras.

Según los detalles entregados por el coronel Óscar Hernán Cortés, comandante de la Policía de Urabá, “el capturado tenía ese lugar como centro de acopio para llevar después a cristalizaderos para convertir esta pasta de base de coca en clorhidrato de cocaína”. Con este golpe, de acuerdo con Cortés, se produce una “afectación de más de mil millones de pesos y si ese clorhidrato de cocaína hubiera llegado al extranjero podría convertirse en un valor de 15 mil millones de pesos”.

De no haberse dado esta incautación, los estupefacientes habrían sido enviados, al parecer, a Centro América y Estados Unidos.