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| 7/10/2014 12:00:00 AM

Rechazan atentado contra un funcionario de tierras

La OEA y la Unidad de Restitución de Tierras condenaron los hechos en los que hirieron a un topógrafo.

Atentado contra un topógrafo de la Unidad de Tierras Entre 2012 y septiembre de 2013, más de 500 reclamantes de tierras fueron amenazados y de esos, aproximadamente 360 estaban en "riesgo extraordinario". Foto: Archivo SEMANA.
Uno de los requisitos necesarios para restituir un predio es saber todas las condiciones topográficas del terreno como cuánto mide exactamente, dónde está ubicado y cuáles son sus límites. 

Esa era la tarea que estaba ejerciendo Róbinson Álvarez Quemba en la vereda Guacas del municipio antioqueño de San Roque, cuando fue herido con un arma de fuego este miércoles.

El topógrafo de la Unidad de Restitución de Tierras quedó gravemente herido y tuvo que ser trasladado al hospital San Vicente de Paúl, en Medellín. Hasta ahora se desconoce quién podría haber sido el autor.

Los reclamos no se hicieron esperar. La Unidad condenó los hechos y le pidió a las autoridades judiciales investigar quién es el responsable de estos hechos y castigarlo. 

Por otra parte, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) en Colombia le preocupan estas agresiones, pues, asegura, con ello se quiere debilitar la confianza de los ciudadanos para acceder a sus derechos, especialmente en lo concerniente a la restitución de tierras y la reparación integral de las víctimas. 

El organismo instó a las instituciones colombianas a multiplicar los esfuerzos para garantizar la seguridad de reclamantes, funcionarios, operadores judiciales y “todas aquellas personas vinculadas al proceso en sus diferentes etapas, para esclarecer los hechos delictivos e impartir justicia pronta y efectiva”. 

Este atentado se suma a los cientos que han padecido los reclamantes de tierra en los últimos años por ejercer liderazgo para que las víctimas retornen a sus predios. 

En septiembre del año pasado, Human Rights Watch detalló que desde el 2012, más de 500 reclamantes de tierras han denunciado amenazas y a 360 de ellos se les declaró en situación de “riesgo extraordinario”. Según la organización, hasta ese momento los fiscales no habían imputado cargos en ninguna de las investigaciones por amenazas. 

Nota de edición: El funcionario falleció el 12 de julio de 2014 en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín a causa de los disparos que recibió.

EDICIÓN 1888

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