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N A R C O T R A F I C O

Atrapados en la jungla

La ayuda de Estados Unidos a Colombia es portada esta semana en ‘The Economist’. SEMANA reproduce el editorial de la prestigiosa revista sobre el tema.

3 de abril de 2000

No es Vietnam, ni tampoco se convertirá en otro Vietnam, pero una vez más Estados Unidos se está preparando para comprometer montones de dinero, de equipo militar y de asesores en una batalla librada en una selva extranjera. Esta se encuentra en el sur de Colombia. Allí un asediado presidente, Andrés Pastrana, enfrenta descomunales problemas.

Estos incluyen guerrilla de izquierda y paramilitares de derecha. La violencia política empujó a más de 300.000 colombianos a huir de sus hogares el año pasado. Los más acomodados han sido aterrorizados por el secuestro y la extorsión. Colombia también es la sede de una de las mayores industrias mundiales de drogas ilegales: exporta cerca del 80 por ciento de la cocaína y parte de la heroína consumidas por Estados Unidos y ha desplazado al Perú como el mayor proveedor mundial de hoja de coca, la materia prima de la cocaína. Es el mayor frente de la guerra que libra el mundo desarrollado contra la producción de drogas. Para complicar las cosas la economía colombiana aún está sufriendo las consecuencias de su peor recesión desde los años 30.

Al posesionarse, en 1998, el presidente Pastrana inició conversaciones de paz con las Farc, el principal grupo guerrillero. Sin embargo el progreso ha sido lento. La guerra continúa en medio del escepticismo generalizado acerca de las intenciones de las Farc. Al mismo tiempo el presidente Pastrana se ha dirigido a Estados Unidos en busca de ayuda. Bill Clinton se ha mostrado sensible al problema y actualmente el Congreso está debatiendo la solicitud de más ayuda presentada por el Ejecutivo. Con ella la asistencia a Colombia ascendería a 1.600 millones de dólares en dos años.

El presidente Pastrana encabeza una democracia que, aunque imperfecta, merece el apoyo internacional. Pero la ayuda propuesta es ambigua en sus propósitos y sus resultados pueden ser frustrantes. La mayor parte está destinada a organizar y entrenar tres batallones especiales antidrogas equipados con 63 helicópteros, entre los cuales hay 30 modernos y rápidos Blackhawk. Su misión consistirá en adentrarse en las regiones productoras de coca del sur de Colombia, en selvas controladas por las Farc. Una vez despejado el terreno la policía entraría a destruir los cultivos de coca.



Un plan de ataque contra la oferta

Sus promotores presentan este plan como el medio para reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo la motivación parece ser el temor de que la insurgencia de las Farc esté fuera de control y constituya una amenaza para otros países de la región. En la práctica el blanco de los nuevos batallones serán las Farc. Puesto que las Farc obtienen montones de dinero (posiblemente hasta 500 millones de dólares anuales) de los impuestos y la protección al tráfico de drogas, esta nueva ofensiva no sólo ayudaría a continuar la guerra internacional contra las drogas sino que también debilitaría a la guerrilla, empujándola a buscar la paz. Esta, por lo menos, es la teoría. No obstante, si el principal objetivo fuera el de buscar la paz, la propuesta de ayuda podría ser muy diferente. Para lograr la paz Colombia necesita instituciones democráticas más fuertes, capaces de garantizar la seguridad y la justicia para sus ciudadanos. Necesita también una reforma radical de sus Fuerzas Armadas. A pesar de los esfuerzos del presidente Pastrana éstas siguen presentando dos serias fallas.

Como primera medida continúan siendo una fuerza esencialmente reactiva que carece de movilidad y depende de reclutas mal entrenados. En segundo lugar, muchos comandantes militares mantienen estrechos vínculos con los paramilitares. Existe una creencia arraigada de que la violencia paramilitar acelerará la llegada de la paz. En realidad produce el efecto contrario.

Sin embargo la propuesta norteamericana parece conformarse con atornillarle tres flamantes batallones a unas Fuerzas Militares urgidas de reforma. Ese desequilibrio es conocido. Luego de más de 10 años de ayuda norteamericana la Policía Nacional de Colombia es capaz de montar complejos operativos contra pandillas de traficantes, para lo cual se requieren meses de vigilancia y de ofensivas milimétricamente coordinadas, pero no es capaz de actuar como un eficaz agente de orden que le brinde al colombiano promedio seguridad contra el crimen, el secuestro o el asesinato.



Mientras tanto, en Estados Unidos

Nada de lo anterior es coincidencia. La ayuda a la Policía colombiana ha sido tomada como bandera por un grupo de congresistas republicanos que creen que una de las formas más baratas y efectivas para contrarrestar la adicción norteamericana a las drogas consiste en detener su producción en la fuente. Este enfoque se refleja también en el proceso anual de certificación, que esta semana hizo que Estados Unidos se erigiera en juez unilateral de los esfuerzos antidrogas de sus vecinos. La creencia en los remedios enfocados hacia la oferta ha llegado a ser compartida por algunos funcionarios de la administración Clinton. Ellos aducen que la sensible caída de la producción de coca en el Perú y Bolivia en años recientes es la prueba de que la combinación de una represión más intensa con programas de ayuda para los antiguos cultivadores de coca puede lograr la erradicación completa de la planta en estos países y en Colombia.

Es una visión atractiva pero lamentablemente equivocada. De hecho, estas políticas han acrecentado el conflicto en Colombia. El incremento en la producción colombiana de coca (y por consiguiente en los ingresos de las Farc) es una consecuencia directa de su reducción en los demás países. Es un reciente ejemplo del efecto ‘bomba’: estrangule la industria de narcóticos en un lugar y aparecerá en otro. Ya las mafias del narcotrafico se han diseminado por América Latina, desde México hasta Brasil.

La razón es muy sencilla. La demanda genera la oferta. La prohibición y la represión tan sólo hacen subir el precio, y en lo que respecta a la cocaína éste tampoco ha subido lo suficiente como para tener un efecto significativo de reducción del consumo. Luego de más de 10 años de guerra norteamericana contra la cocaína en la fuente el precio de la droga en Estados Unidos permanece estable y la oferta abundante. El número de consumidores fuertes de coca también permanece estable aunque el consumo ocasional ha venido declinando.

Los latinoamericanos están pagando un elevado precio por el tráfico de drogas: corrompe sus sociedades de la cabeza a los pies. Si algún día quieren de veras contribuir a que ese precio se reduzca los norteamericanos deberán fijarse no sólo en la oferta sino también en la demanda de drogas. Ello significa que tendrán que contemplar políticas alternativas en su propia casa, incluyendo la descriminalización. Esta es una guerra que no se ganará con helicópteros.