ATRAPADOS SIN SALIDA

No había pasado una semana desde la sonada fuga del país, en los primeros días de julio, de los corredores de bolsa Juan Ricardo Escobar Bonitto, más conocido como "Picas", Guillermo Uribe Holguin y Julio Acosta Bonilla, cuanda el jefe de la oficina de la Interpol en Colombia envió, desde su despacha en las dependencias del DAS en Bogotá, un mensaje a la secretaria general de la entidad internacional en Londres, con las órdenes de captura contra los tres financistas. Poco después, la noticia se filtró a los medios de comunicación, que registraron que las solicitudes se basaban en requerimientos de los juzgados 97 de Instrucción Criminal y 89 ambulante, dentra de un proceso por la pérdida de unos 2.500 millones de pesos. La inmensa mayoria de la gente recibió la información con escepticismo. "Si ya se fueron del país, no los va a encontrar nadie", fue el comentario general.
Esta impresión se acentuó a medida que pasaron las semanas, y de los integrantes del grupo "Picas" sólo se conocian rumores: que viajaron al Ecuador; que de ahi se fueron para Miami; que alguien los vio en el estadio Centenario de Montevideo en un partido de Copa Libertadores y, finalmente, que por lo menos dos de ellos estaban en Santiago de Chile, con pretensiones de radicarse allí.

Pero lo que los tres comisionistas no sospechaban era que, mientras volaban de un lado a otro del continente, el mensaje de la Interpol Bogotá estaba surtiendo su efecto. Contenía huellas, fotos, números de cédula y pasaporte y una completa descripción de los fugitivos. La información recorrió el mundo entero y despertó cierto interés entre los agentes de la Interpol en distintas capitales del planeta, por una frase que las autoridades colombianas le habían anexado y que no es usual en estos casos: "Nuestro gobierno quiere castigo para los delincuentes de cuello blanco"

¡BINGO!
A mediados de agosto, en la oficina de Interpol en Bogotá, hubo un grito general de "¡bingo!". Un mensaje cablegráfico de la Interpol de Chile informaba que uno de los tres fugitivos, "Picas" Escobar, había sido localizado en Santiago, donde estaba siendo objeto de un seguimiento.
"Desearíamos obtener mayor información sobre el sospechoso", concluía el mensaje.
La respuesta colombiana no se hizo esperar. El jefe de Interpol en Bogotá se comunicó telefónicamente con el jefe de la policía chilena, y le pidió que se ocupara personalmente del asunto. Después de darle una breve explicación sobre el caso, insistió en que "el gobierno colombiano tiene particular interés en que este senor no nos logre evadir". Minutos después de concluida la charla, redactó un télex ampliando la información sobre "Picas" y sus dos socios. El mensaje destacaba un punto que, en un principio, resultó algo extraño para las autoridades chilenas: "Este requerimiento no tiene ningún carácter político". La precision no era más que el rezago del caso de los 13.5 millones de dólares, en el que el principal acusado, Roberto Soto Prieto, convenció a las autoridades austriacas de que en Colombia era un perseguido politico y, gracias a ello, obtuvo el asilo en el país de los valses.

De ahí en adelante, la oficina de Interpol en Colombia sólo recibió buenas noticias sobre el caso. A fines de agosto, una nueva comunicación de Santiago reseñaba la presencia de otro de los fugitivos en el apartamento de Escobar. "Un señor de apellido Uribe ha entrado y salido unas tres veces del país, y se aloja en donde nuestro sospechoso", afirmaba el mensaje, que pretendía confirmar si "el señor Uribe" era el mismo Uribe solicitado por las autoridades colombianas. La duda de las autoridades chilenas era el aspecto--en particular por su rostro--excesivamente juvenil de Uribe. No podían creer que "ese chiquillo", como lo llegó a calificar uno de los funcionarios chilenos fuera un estafador de alto nivel.

Pero estas dudas se disiparon pronto, con el envío de nuevas descripciones y fotografías. A Guillermo Uribe y a "Picas" los comenzaron a seguir, desde ese momento, 10 agentes bajo el mando directo del jefe de la Policía chilena, y el jefe de la Interpol en Santiago, quienes se turnaron día y noche, para seguir cada uno de los pasos de los dos colombianos. Lo primero que éstos hicieron fue solicitar visa de residentes en ese país.
Luego, cada uno abrió su cuenta bancaria, y solicitó un préstamo, con el fin de montar una empresa de finca raíz. Los detectives chilenos informaron también, que estaban sorprendidos por "las excelentes relaciones" que tenían los fugitivos. "Se relacionan--decía uno de los mensajes enviados desde Santiago--con las familias más prestantes de la sociedad santiaguena", y agregaba que "parecen estar muy bien recomendados", refiriéndose al hecho de que habían solicitado ingreso a algunos de los más exclusivos clubes sociales de la capital chilena, presentando como referencia su afiliación a los principales clubes de Bogotá. "Es curioso --comentó a SEMANA uno de los agentes del DAS que participó en la investigación--pues aun si las autoridades chilenas no los hubieran detectado, nosotros hubiéramos sabido que estaban en Chile, pues estaban dando como referencia, clubes de Bogotá entre cuyos socios se hallan algunas de las víctimas de lo que ellos hicieron. Se comportaron como el ratero honrado del vallenato, porque son muy ingenuos. Lo que los delató rápidamente en Chile, fue que su intensa actividad social les impedía pasar desapercibidos. Parecía que creyeran que en Colombia ya nadie se acordaba de ellos, y estaban muy equivocados".

El seguimiento duró más de 15 días. Los diferentes mensajes enviados durante ese periodo son muy dicientes de la actividad de "Picas" y Uribe: "Compraron un vehículo importado. Visten muy bien, hacen mercado, reciben amigos y salen al banco y a las oficinas de extranjería. Uno de ellos sale a correr todas las mañanas".

Como se sabía ya que estaban haciendo los trámites para obtener su residencia en Chile, el DAS y la Interpol de Colombia decidieron enviar dos experimentados detectives a Santiago. La idea era que parecieran todo, menos agentes secretos. Fueron escogidos dos hombres de buen semblante y pinta de ejecutivos que, siempre bien vestidos y bien hablados, podían hacerse pasar perfectamente por funcionarios de un banco.

DE LA DEPORTACION A LA EXPULSION
Ahora el problema era buscar la mejor forma de traerlos de regreso a Colombia, evitando errores que pudieran permitir su evasión. El DAS y la Interpol analizaron diferentes fórmulas. La primera que descartaron fue la deportación por parte de las autoridades chilenas, pues según las leyes del país austral, el deportado puede escoger allá el país de destino.
Había, en cambio, otra fórmula según la legislación chilena: la expulsion. En ella, el expulsado puede escoger el país de destino, pero como la notificación es perentoria, está obligado prácticamente a salir de Chile en el primer vuelo hacia el extranjero.
Para redondear la operación, sólo bastaba ponerse de acuerdo con las autoridades chilenas y pedirles que le comunicaran la expulsión a los dos fugitivos, cuando no les quedara más opción que volar hacia Colombia. Se escogió entonces el miércoles de la semana pasada para informarles la expulsión. Tenían que tomar al día siguiente el vuelo de Avianca hacia México, que hacía escala en Bogotá.

A Uribe y "Picas", la notificación de la expulsión, con los agravantes que la cuestión tenía al estar obligados a pasar por Eldorado, los convenció de que la suerte estaba echada. Según las autoridades chilenas, que habían interceptado los teléfonos del apartamento que los financistas ocupaban en Santiago, éstos hicieron varias llamadas buscando que alguna "palanca" de alto vuelo en Santiago o Bogotá, los sacara del aprieto. Pero todo fue en vano. Incluso la intervención de un conocido empresario chileno, amigo personal del general Augusto Pinochet, quien llegó a tocar a las puertas de la Casa de La Moneda, buscando ayuda para los dos colombianos.

Mientras "Picas" y Uribe quemaban los ultimos cartuchos, los dos detectives colombianos conseguían, con la ayuda de las autoridades chilenas, embarcarse en el mismo avion y ocupar en él las dos sillas que se encontraban justo detrás de las que utilizarían los fugitivos. Según uno de los pasajeros que voló en ese avión de Santiago a Bogotá, y que fue entrevistado por SEMANA, "los dos detectives conversaron con "Picas" y Uribe en la fila del despacho de Avianca en el aeropuerto de Santiago". No está claro, qué tan conscientes eran los dos financistas de que sus interlocutores eran detectives que los estaban siguiendo. Pero todo indica que ya sospechaban que las autoridades les estaban respirando en la nuca. Eso puede explicar la versión de otro pasajero del avión, quien dijo a SEMANA que "los dos se embarcaron con los ojos llorosos y visiblemente nerviosos, como si supieran lo que les esperaba".

Lo anterior quizás nunca se aclare suficientemente. El hecho es que mientras el avión volaba sobre los Andes, los detectives pudieron escuchar nítidamente cuando uno de ellos le dijo al otro: "Yo creo que es mejor entregarnos y no empezar a huir por todo el mundo". El otro le respondió: "No te preocupes. Este avión tiene que hacer escala en Guayaquil o en Lima, y ahí nos podemos bajar a ver qué pasa". Esta última frase preocupó a los detectives, que no tenían ni idea de la posibilidad de una escala técnica en el Ecuador, y tenían entendido que el DAS en Bogotá había acordado con la aerolínea Avianca, que ninguna escala se haría entre Santiago y Bogotá.

Pero cuando el avión, ya en territorio-colombiano, comenzó a descender, los agentes se tranquilizaron. Todo lo contrario, como es obvio, ocurrió con "Picas" y Uribe. Los dos detectives se pusieron entonces de pie y se dirigieron, uno hacia la puerta delantera y otro hacia la trasera. Cuando el aparato tocó tierra en Eldorado y estaba carreteando, los detectives se les acercaron, sacaron sus documentos y les dijeron: "Somos de la Interpol. Están arrestados". "Esto debe ser una equivocación", respondió Uribe. Se hizo un silencio hasta que uno de los detectives sugirió: "Esperemos a que se baje toda la gente y luego salimos nosotros". Cuando el avión se desocupó, los agentes sacaron las esposas y las colocaron en las muñecas de "Picas" y de Uribe. Este último, con la voz quebrada, sólo atinó a preguntarles: "¿Son necesarias estas cosas?"

Lo demás es historia ya conocida: la primicia en la radio al finalizar la tarde del jueves, las imágenes de televisión de los dos hombres ocultando sus manos esposadas bajo sus chaquetas de gamuza, la visita de algunos familiares a las dependencias del DAS esa noche para llevarles colchones y algo de comida, el traslado al día siguiente en una furgoneta a la cárcel nacional Modelo, etc. El hecho es que, tres meses después de su salida del pais, dos de los tres protagonistas de uno de los más espectaculares escándalos financieros de los últimos años, estaban tras las rejas.

LO QUE LES ESPERA
La pregunta ahora es, ¿qué les espera a los dos detenidos? Para responder a esta pregunta, hay que empezar por estudiar los antecedentes de los casos penales más sonados de la crisis financiera que se desató en 1982, y cuyos coletazos aún no terminan de sentirse. El primero de ellos y, sin duda, uno de los que mayores implicaciones legales ha tenido, fue el del financista antioqueño Félix Correa, quien lleva más de seis años en la cárcel, sin que el proceso en su contra haya concluido. Otro que vale la pena mencionar es el del Grupo Grancolombiano, cuya cabeza, Jaime Michelsen Uribe, salió del país a fines de 1983 y no ha podido regresar.

Pero estos antecedentes son absolutamente insuficientes para estudiar el caso "Picas", cuyas implicaciones legales son, a todas luces, mucho más graves. En el caso de Correa, las acusaciones en su contra son básicamente dos: la de haber captado en forma masiva y habitual a través de la Financiera Furatena, sin contar con el permiso ni la vigilancia de la Superintendencia Bancaria; y la de abuso de confianza con numerosos clientes. En cuanto a la primera, a pesar de lo grave que resultaba esa práctica por fuera de la tutela de la Superbancaria, no era, en los tiempos de Correa (antes de la expedición del decreto 2920 en agosto de 1982) un delito. Y en cuanto al abuso de confianza, si se le demuestra, puede implicarle una pena de unos dos años. Esto último no parece muy posible, pues el proceso contra Correa ha derivado más bien hacia una quiebra fraudulenta. Sea como fuere, los seis años que el ex presidente del Banco Nacional lleva en la cárcel, son muchos más de los que tendría que pagar si se aplicaran en su contra las más graves sentencias previstas para los delitos de que se le acusa .

En el caso del ex presidente del Banco de Colombia, Jaime Michelsen, sus delitos sí que resultan insignificantes al lado del caso Picas. Las acusaciones en su contra son básicamente dos: abuso de confianza y pánico económico, en lo que tiene que ver con la quiebra de los fondos de inversión en 1981, y autopréstamos cuando éstos ya eran penalizados debido a la expedición del decreto 2920.
Sobre la primera acusación, vale decir que Michelsen se encuentra llamado a juicio por abuso de confianza, pero que la acusación de pánico económico ya se desechó. En cuanto a los autopréstamos, la discusión desde hace años gira en torno a si éstos son acumulables, pues se trata de múltiples préstamos del Banco de Colombia a distintas entidades de papel del Grupo Grancolombiano y, por ende, en si constituyen delito o no. Como puede verse, se trata más bien de una serie de tecnicismos juridicos que, en el peor de los casos, podrían implicar para Michelsen una condena que nunca llegaría a tres años.

Nada de esto debe tranquilizar a los miembros del "grupo Picas". En su caso, nadie les censura que se hubieran quebrado. Eso es algo que puede sucederle a cualquiera, y frente a dicha situación, tanto la sociedad como la justicia, suelen mostrarse benévolas. Ni siquiera el hecho de que se hubiera dedicado a la captación masiva y habitual sin permiso de la Superbancaria, actividad convertida en delito por el decreto 2920, es considerado como muy grave. Lo que nadie parece perdonarles, lo que a todas luces traspasa las fronteras conocidas hasta ahora en los escándalos financieros y coloca a "Picas" y a sus socios en una situación muy complicada tanto frente a la justicia como frente a la sociedad, es lo que bien podria llamarse "la tanqueada" del último mes. Es decir, la serie de operaciones que el grupo de corredores realizó cuando sus miembros ya sabían que estaban quebrados y preparaban su salida del país. En ellas recogieron grandes sumas de dinero de clientes incautos, giraron numerosos cheques sin fondos, que rebotarían en los bancos cuando ellos ya estuvieran fuera del país, y realizaron otros negocios similares, aprovechándose de la confianza que muchos inversionistas habian depositado en ellos.

En términos legales, los tres financistas están acusados de haber cometido por lo menos cuatro delitos: estafa, básicamente en el giro de cheques sin fondos antes de salir del pais; captación masiva y habitual sin permiso de la Superbancaria; abuso de confianza, y pánico económico. Estas acusaciones están contenidas en una demanda presentada por la Superbancaria, porque curiosamente casi no hay demandas presentadas por los clientes del "grupo Picas", temerosos seguramente de pasar de acusadores a acusados, debido a que en muchas de las operaciones que realizaron, se configura la infracción de evasión de impuestos. Según los expertos, si se les comprobaran estos 4 delitos, los financistas se verian abocados a condenas entre 7 y 10 años.

SEMANA se ha enterado de las bases del estudio preliminar que los abogados de Escobar y "Picas", han hecho del caso. Para ellos, se trata de diseñar una argumentación contra cada uno de los delitos imputados. En cuanto a la estafa, se analiza la posibilidad de alegar que los cheques chimbos se giraron en contra de los bancos, para pagarle a pequeños ahorradores, en una especie de operación a lo Robin Hood, que demostraria que, una vez quebrados, los financistas resolvieron afectar a los grandes inversionistas y no a los chicos.
Sobre la captación masiva y habitual, ésta se configura entre otras cosas cuando se reciben dineros de más de 20 ahorradores. Lo que la defensa tratará de plantear es que, el total de ahorradores se divida por tres, ya que eran tres los socios y cada uno tendria derecho a haber recibido dinero de 19 ahorradores. Finalmente, en cuanto al abuso de confianza y el pánico económico, la experiencia de la justicia colombiana demuestra que son delitos dificiles de probar.

Pero independientemente de todos estos vericuetos juridicos, que lo único que podrían lograr es reducir en algunos años las condenas, lo que queda claro es que la sanción moral que la sociedad les ha impuesto, será muy difícil de levantar.