Aumenta el uso de minas antipersonales.

El 'Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia', es un espacio creado por el actual gobierno para el análisis sobre la realidad de Derechos Humanos, su formulación y ejecución, y la gestión del Estado en la materia.



Este proyecto, encabezado por el Vicepresidente de la República, publica un boletín mensual como estrategia de divulgación sobre el tema.



Para el boletín No 7, de marzo / abril de 2000, la sección cifras, hace un recuento de "el uso de las minas antipersonales en el conflicto", haciendo referencia a la situación que se vive en diferentes poblaciones del país que "están expuestas a los efectos de este tipo de artefactos".



El uso de las minas antipersonales en el conflicto

Estimativos parciales señalan que en Colombia existen por lo menos 70.000 minas antipersonales, ubicadas en 105 municipios correspondientes a 23 departamentos. Esto quiere decir que la población del 10% de los municipios del país está, o puede estar, expuesta a los efectos de este tipo de artefactos. Sus víctimas son tanto civiles como militares. La información sobre las áreas minadas es insuficiente, y es difícil precisar su localización exacta. Los municipios afectados por zonas minadas por la subversión están ubicados en el mapa construido con los datos sobre los accidentes que han ocurrido.

Se calculan en cincuenta mil las minas antipersonales y armas trampa sembradas por la guerrilla, por las FARC y el ELN, indiscriminadamente, en zonas de pastoreo, caminos veredales e instalaciones comunitarias. Las Fuerzas Militares utilizan unas 20.000 minas de tipo alerta con fines de defensa de instalaciones estratégicas. Las minas no diferencian entre combatientes y no combatientes, y permanecen activas mucho tiempo después de finalizados los conflictos.



Por los efectos indiscriminados y su permanencia en el tiempo, el mayor número de víctimas corresponde a personas no combatientes. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el 50% de los accidentes con minas las personas mueren, y entre las heridas una buena parte termina con amputaciones, fuera de los daños psicologicos causados. Las víctimas son con frecuencia quienes las siembran, o niños que juegan con ellas. En Colombia han sido afectados 2.205 adultos y 5.250 niños y niñas por la detonación de minas. Los datos disponibles sobre la población afectada, provenientes del Comando General de las Fuerzas Militares y el Comité Internacional de la Cruz Roja, señalan que en el primer semestre de 1998 se produjeron 255 accidentes por minas colocadas por el ELN y las FARC. En ellos murieron 100 personas y 155 resultaron heridas. Entre los civiles, resultaron 45 de los muertos y 87 de los heridos.



De acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre 1992 y 1994 murieron 98 militares como consecuencias de la minas y 254 civiles resultaron heridos. Durante 1999 fueron heridos o muertos por minas "quiebrapatas" de la guerrilla 22 miembros del Ejército. Entre enero de 1997 y febrero de 2000, 87 miembros de la Fuerzas Militares, el 80% soldados, han muerto víctimas de las minas quiebrapatas y 269 han quedado lisiados, según cifras del Comando General de las Fuerzas Militares.



Cerca del 7% de los miembros de los grupos insurgentes que se reinsertaron a la vida civil, fruto de los acuerdos alcanzados al inicio de los noventa, presentaba algún tipo de discapacidad como consecuencia del conflicto armado. Lo anterior permite pensar que, con la actual escalada y degradación del conflicto, las cifras deben ser mucho más altas.

El Derecho Internacional Humanitario proscribe el empleo de armas trampa y de minas antipersonales porque causan males innecesarios a sus victimas, sin distinguir a combatientes de no combatientes. La zonas minadas permanecen activas luego del cese de hostilidades, colocando en riesgo permanente a la población civil y marginando vastas áreas que podrían ser incorporadas a la explotación productiva.

Municipios Afectados por Zonas Minadas