Aumentan a más de 12 años la condena a dos 'cerebros' de Interbolsa

Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, implicados en el caso del Fondo Premium de Intebolsa, habían recibido una primera condena por cinco años y nueve meses de prisión, la cual la podrían hasta pagar en su casa. La decisión fue tomada el año pasado y despertó malestar y polémica ante la opinión pública. 

El fallo cobijaba tres delitos que aceptaron haber cometido: estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de acciones (caso específico de la acción de Fabricato). Por la gravedad de las conductas, rapidamente quedó claro que el juez de primera instancia les aplicó la mínima sanción penal. En lugar de aplicar un incremento de 104 meses –como podía en este caso– sólo la aumentó en 18 meses.

Sin embargo, este jueves, el Tribunal Superior de Bogotá, revirtió el monto de la pena a solicitud de las víctimas y tomó la decisión de elevar sustancialmente la condena. De tal manera que la nueva sentencia a aplicar será de 12 años y 3 meses de cárcel. Tanto Jaramillo como Ortiz permanecían detenidos mientras se resolvía la apelación; con el aumento de la sentencia, les llevará varios años recuperar la libertad. Actualmente, completan 2 años y medio detenidos. 

Contra los ‘cerebros‘ del Fondo Premium avanzan tres procesos adicionales. El primero, por dos delitos que no aceptaron que fueron captación masiva y habitual de dinero y el no reintegro del dinero a los ahorradores. Además, la Fiscalía los procesa por lavado de activos y tercero, el más reciente, es el nuevo caso de extinción de dominio. Después de meses de investigación, el ente investigador encontró que a través de terceros Jaramillo y Ortiz intentaron ocultar los bienes que deberían ir destinados a pagarles a las víctimas. 

En el marco de este último caso, fueron afectadas con medidas cautelares 11 propiedades avaluadas aproximadamente en $20.000 millones de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, administradores del fondo. Así aparecen fincas, lotes, oficinas y apartamentos en Bogotá, Medellín y en los municipios de Tenjo y Cumaral.

El abogado de las víctimas, Francisco José Sintura, tuvo en cuenta entre sus argumentos que Jaramillo y Ortiz cometieron delitos que tuvieron un gran impacto en el país, al afectar a más de 1.000 víctimas y comprometer recursos por 350.000 millones de pesos. Pero, además, los responsables no mostraron voluntad de resarcir a las víctimas y si no fuera por la acción de la Superintendencia de Sociedades y del liquidador del Fondo Premium, que embargó los bienes de varios involucrados, no habría dinero para devolverles a los defraudados inversionistas. 

Por otro lado, Ricardo Martínez, exgerente de Valores Incorporados, filial del Fondo Premium, también había sido condenado a 3 años y 8 meses, sin embargo, por cuenta del magistrado de segunda instancia quedará pagando los mismos 12 años que sus exsocios.