¿AUTODEFENSA O JUSTICIA PRIVADA?

Hasta hace pocos días, aunque nadie podía certificar su existencia, todo el mundo hablaba de los grupos de civiles armados para su autodefensa, refiriéndose a ellos con la expresión familiar "que los hay, los hay". Sin embargo, cuando los televidentes del "Noticiero de las 7" del 21 de julio pasado vieron un informe del periodista Hernando Corral en el que aparecía un nutrido grupo de hombres portando armas de largo y corto calibre -muchas de ellas de uso privativo de las Fuerzas Militares- mientras realizaban un entrenamiento al estilo militar, esa especie de intuición acerca de su existencia se convirtió en certeza.
Aunque Corral presentó la nota en forma neutral, su contenido era tan explosivo que la polémica no se hizo esperar y no fue sino hasta el final de la semana, con la liberación de Camila Michelsen (en la cual Corral también jugó un papel clave) cuando el interés de la opinión pública se desvió hacia otro tema.
La polarización de las opiniones, que han ido desde el "proteger sus vidas y bienes", del ministro de Defensa, hasta "la organización de la guerra civil", del ex canciller Alfredo Vásquez Carrizosa, fue inmediata. Fuera de las previsibles andanadas de la izquierda y de la actitud complaciente de los militares en retiro, lo que más llamó la atención fueron las contradicciones dentro del mismo gobierno. Mientras los ministros de Defensa y Justicia aprueban la formación de tales grupos, el de Gobierno y el consejero presidencial para la Rehabilitación la rechazan. Más contundentes parecieron los primeros, que hacían eco del creciente sentimiento antiguerrillero que vive el país.
El punto más candente de la controversia ha radicado en que es evidente que esos campesinos que salieron en la televisión no se han armado con fusiles Galil, Fal y G-3 por cuenta de sus minifundios en el Huila. Aunque no se ha hecho una acusación formal, todo el mundo asume que directa o indirectamente el Ejército ha promovido su organización. El propio ministro de Defensa, Rafael Samudio, fue un poco imprudente en sus declaraciones y se enredó tratando de explicar cómo un grupo de civiles podía portar armas de uso privativo del Ejército: "Los ciudadanos pueden portar armas amparadas legalmente. Generalmente son armas de defensa personal, pero hay algunas que en razón de su calibre son de uso privativo de las fuerzas militares y que también le han sido vendidas a diferentes ciudadanos y están amparadas por salvoconducto". Afirmó el ministro.
Menos contundentes fueron las posiciones del ministro de Gobierno César Gaviria, y del consejero Ossa Escobar, no sólo por ambiguas, sino también por abstractas. Patinando entre la legalidad de la norma y su convicción sobre la inconveniencia de estos grupos, Ossa y Gaviria dejaron insatisfechas a las dos partes.
Menos tibio fue el procurador Carlos Mauro Hoyos, quien alegó que los grupos en cuestión no llenaban los requisitos legales: "En nuestra Constitución y leyes de la República está permitida la autodefensa en grupo siempre que éstos sean expresamente autorizados o convocados por el gobierno nacional, dentro de un marco legal, y vigilados y controlados por éste. Pero la autodefensa en grupo convocada y organizada por sus propios integrantes, no está autorizada ni por la Constitución ni por la ley".
Curiosamente, fuera del procurador, ni siquiera los sectores de izquierda han negado la legalidad de estos grupos que han estado amparados por la ley mencionada, la cual fue presentada durante el gobierno de Guillermo León Valencia y aprobada en el de Carlos Lleras Restrepo en los días de las "repúblicas independientes" de El Pato y Marquetalia. Según el jurista Eduardo Umaña Luna, el propio ministro de Justicia de esa época, Darío Echandía, al darse cuenta de los alcances que podía tener esa ley, afirmó que "es algo tan monstruoso que espero que en un futuro cercano desaparezca".
Pero independientemente de estas consideraciones, ley es ley, y por lo tanto, el debate no ha girado tanto en torno a su letra como a la conveniencia de mantenerla vigente. Teóricamente, debería ser lógico su desmonte, con el argumento de que Valencia intentó pacificar el país "a sangre y fuego", y hoy en día la pacificación se busca a través del diálogo. De ser así, se trataría simplemente de una norma obsoleta correspondiente a un momento histórico ya superado. Lamentablemente no es así. La polarización demuestra que más y más colombianos, inclusive dentro del gobierno aunque no lo admitan públicamente, son escépticos frente al diálogo y creen que las cosas tendrán que definirse nuevamente a la manera de Valencia.
La polémica sobre los grupos de autodefensa, más que un debate jurídico o incluso político, es sobre todo un indicador de que, pese al sonado proceso de paz, los extremos en vez de acercarse se están alejando cada vez más.

RAFAEL SAMUDIO - MINISTRO DE DEFENSA
"Si las comunidades por una u otra razón se organizan, hay que mirarlo desde el punto de vista de que es una organización cumpliendo, simplemente, con proteger su vida y sus bienes, más no en actitudes ofensivas. De manera que pienso que es simplemente la organización de la comunidad, colectivamente, dentro de los principios de apoyo mutuo que deben existir".

JOSE MANUEL ARIAS C. - MINISTRO DE JUSTICIA
"El Código Penal señala la defensa como uno de los derechos básicos del individuo. Si a mí me asaltan, yo me defiendo; si a mí me secuestran, yo me defiendo (...). Yo creo que los campesinos tienen que defenderse con armas y por eso existen los salvoconductos para el porte de armas de los particulares. La Constitución consagra que en despoblado se pueden portar armas. A nadie se le ocurre protestar porque las personas con intereses económicos anden con 10 ó 15 guardaespaldas. Pero resulta que si lo hacen los campesinos, nos parece abominable".

CESAR GAVIRIA TRUJILLO - MINISTRO DE GOBIERNO
"Entiendo que hay unas normas de carácter legal que amparan la existencia de esos grupos, pero en este particular soy de la idea de que la paz en Colombia la tenemos que buscar por la vía de las Fuerzas Armadas, de las autoridades legítimas y no por la vía de armar ciudadanos. Creo que la paz armada es una paz peligrosa".
"La seguridad de los ciudadanos debe residir en las autoridades legítimas y la otra tendencia no es deseable así pueda tener fundamento legal".
CARLOS OSSA ESCOBAR - CONSEJERO PRESIDENCIAL PARA LA PAZ
"Lo importante es fortalecer la autoridad legítimamente constituida. Fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas, la presencia de la Policía, la presencia de los jueces precisamente para garantizar la vigencia de nuestras instituciones y la aplicación debida de la justicia".
"Unos campesinos que se organizan individualmente, con un sistema de comunicaciones y alarmas, para defender una vereda de posibles ataques contra sus moradas o sus parcelas, si tienen sus armas amparadas y todo el mundo los conoce, no se puede decir que apliquen justicia privada".