¡Auxilio! Viene el Plan?

Faltaban unas pocas horas para el primer debate al Plan de Desarrollo en el Congreso cuando un gran silencio reinó en la sala de juntas del Ministerio de Hacienda. "No sé si es que no sé sumar o que estoy leyendo mal el cuadro pero esos 6,6 billones de pesos ya están comprometidos", dijo un segundo antes el senador liberal Juan Manuel López Cabrales, experimentado político costeño. La respuesta de Alejandro Gaviria, subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el funcionario a cargo de todo el proceso, fue contundente: "Tiene usted razón". El ministro de Hacienda, Roberto Junguito, quedó estupefacto ante la salida de Gaviria mientras los congresistas se levantaron histéricos de la mesa. "Hemos estado jugando con cifras equivocadas por mes y medio", concluyó otro parlamentario.

El comentario de López Cabrales había destapado un error monumental de Planeación Nacional en el trámite del proyecto del Plan de Desarrollo. A pesar de que en un hecho sin precedentes el gobierno había invitado a los congresistas a que discutieran con alcaldes y gobernadores los proyectos más necesarios para sus regiones, la falta de comunicación entre las directivas del DNP terminó por enviar mensajes contradictorios a los parlamentarios. Mientras unos pensaban que los recursos podían distribuirse entre las 32 entidades territoriales, otros defendían su inflexibilidad.

Se conformaron mesas de trabajo, los ministros del despacho hicieron presentaciones de sus sectores y las bancadas departamentales tuvieron que llegar a acuerdos sobre qué invertir y con qué prioridades. Además les aseguraron que habrían 6,6 billones para "inversiones regionales por sectorizar", recursos libres que podrían invertir en sus departamentos. Planeación entregó hasta los cuadros con las respectivas asignaciones. A Bogotá, por ejemplo, le tocaron 271.000 millones mientras que a La Guajira unos 386.000 (ver facsímil).

Al fin de cuentas esos recursos no existían. Ya estaban comprometidos con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga). "No es posible que los más de 40 ponentes hayamos entendido mal, dijo el representante a la Cámara Sergio Díazgranados, miembro de la bancada de gobierno. El DNP se equivocó en sus cálculos con el Congreso y dentro del propio Ejecutivo".

La molestia de los congresistas fue tan evidente que no sólo aprobaron a punta de pupitrazo ese mismo día el texto del proyecto con numerosas proposiciones -algunas irracionales desde el punto de vista fiscal- sino que se apersonaron del proyecto y, por primera vez, desde la expedición de la Constitución de 1991, ellos mismos redactaron la ponencia. En los anteriores proyectos los parlamentarios sólo firmaban el documento que saliera de las oficinas de Planeación.

El malestar en el alto gobierno fue total. En un consejo de ministros el presidente Alvaro Uribe escuchó distintas opciones para arreglar el entuerto y optó por el camino más honesto: decirle la verdad al Congreso y ofrecer disculpas por el error. El daño a la confianza entre los políticos del Legislativo y los técnicos del Ejecutivo estaba hecho. Sin embargo la solución resultó peor que la enfermedad.

¿Ser o no ser?

El editorial del diario El Tiempo del jueves 23 de abril acusó al gobierno de revivir los auxilios parlamentarios para poder pasar el proyecto en el Congreso. Este es un señalamiento muy serio, no sólo porque los auxilios son para la mayoría de colombianos sinónimo de corrupción y politiquería sino también porque devela un doble rasero de un gobierno como el de Uribe, que se declara en contra de esas prácticas parlamentarias. Para el editorialista del matutino "el gobierno no ha hecho otra cosa que satanizar las partidas de inversión social regional como auxilios parlamentarios disfrazados. Pero ahora, para que le aprueben el Plan? le asignan uno y hasta dos billones de pesos a la inversión regional".

¿De dónde salen esos dos billones de pesos de los que habla El Tiempo? Pues después del fracaso de los 6,6 billones del primer debate el gobierno decidió crear dentro del Plan de Inversiones un sector llamado 'Inversiones regionales por sectorizar' con un billón de pesos, que reemplazará la primera oferta a los congresistas. Medio billón saldría de aumentar el monto total del Plan de Desarrollo de 112,1 billones en los cuatro años a 112,6. La otra mitad del rubro provendría de la reasignación de inversiones de otros sectores, es decir, recortar aquí y allá hasta completar el faltante. Estos recursos serían distribuidos por departamentos, basados en unos criterios técnicos del DNP.

Este ha sido llamado en el Congreso el "billón real". El otro billón se asignaría en la eventualidad de que el comportamiento de la economía y de los recaudos tributarios mejorase. Lo llaman el "billón virtual". Sean reales o virtuales, estos recursos han despertado nuevamente la polémica de los auxilios parlamentarios. Estos no son más que la asignación a un congresista de un porcentaje del presupuesto estatal para que lo gaste como quiera a cambio de su voto positivo a los proyectos del Congreso. Ha sido por muchos años el 'aceite' de la maquinaria parlamentaria y la manera como el gobierno evitaba el debate y garantizaba las mayorías. En términos estrictos, los recursos que la administración Uribe asignó para inversión en las regiones no son una reedición de los auxilios del pasado. Sin embargo, ¿cuál es la frontera entre la práctica corrupta y la legítima negociación de los congresistas para conseguir plata para sus departamentos de origen?

Los contradictores de la decisión del gobierno afirman que esta es una nueva versión de los vicios del pasado. "Son la antesala de los auxilios, critica el senador Antonio Navarro Wolff. Son partidas que ya están distribuidas por los congresistas y que serán repartidas cuando se discuta el presupuesto del año 2004". Para otros expertos en el tema parlamentario, si las bancadas regionales se ponen de acuerdo, presentarían una serie de proyectos que en la práctica tendrían nombre propio y funcionarían como auxilios parlamentarios.

Por otra parte, algunos senadores ponentes, como el uribista Gabriel Zapata y Jaime Dussán, del Polo Democrático, niegan enfáticamente la resurrección de los auxilios. "Todo lo contrario. El Plan de Desarrollo se construyó democráticamente con discusiones abiertas y transparentes", dice Zapata. Para el senador Dussán, miembro del bloque opositor, "lo que buscamos es que las políticas del gobierno Uribe estén más ajustadas a la realidad nacional y tengan un componente social".

Revive el ave Fenix

La discusión de fondo radica en hasta dónde los congresistas deben decidir las inversiones de los recursos del Estado en favor de sus comunidades. Y cómo evitar que el Ejecutivo use ese banco de proyectos para comprar las voluntades del Congreso. Como el ave Fénix, los auxilios han renacido muchas veces a pesar de ser terminantemente prohibidos. En el punto nueve del Manifiesto Democrático del presidente Alvaro Uribe se anuncia su "eliminación". Además, de manera constante el gobierno ha dicho que no empleará ni puestos ni proyectos para pasar sus iniciativas en el Legislativo. Ante las acusaciones de la semana pasada Santiago Montenegro, director de Planeación, se defendió: " En este Plan de Desarrollo no hubo, ni ha habido ni habrá auxilios parlamentarios. Es la distribución regional de unos recursos con la misma metodología de la ley del presupuesto".

No obstante, queda la duda sobre si son o no auxilios estos dos billones de pesos. En términos teóricos, los parlamentarios llegan a acuerdos de bancadas e invierten en unos proyectos para beneficio de sus electores. Así funciona la política en el resto del mundo y garantiza la reproducción de los congresistas y su conexión con las necesidades regionales . Sin embargo, en la práctica, este rubro puede convertirse en una reedición modernizada de los antiguos auxilios. A pesar de que el Congreso tomó la iniciativa en el trámite del Plan y mejoró la independencia con el Poder Ejecutivo, no son claros los mecanismos de rendición de cuentas que eviten que esos proyectos en las regiones sean cambiados por votos en los debates parlamentarios. Más que un problema semántico sobre si se pueden llamar auxilios, persiste el eterno inconveniente de la poca transparencia en las relaciones entre el gobierno y los políticos.