BARCO EN EL GOLFO

Vuelve y juega. El asunto del diferendo revivió por enésima vez entre Colombia y Venezuela, y aparentemente lo hizo, como siempre, para resolver poco o nada. Al menos eso es lo que se puede concluir de los hechos que se presentaron durante la semana que siguió a la propuesta del presidente Virgilio Barco, de acudir al Tratado firmado por ambas naciones en 1939, y nombrar una comisión conciliadora de cinco miembros (uno colombiano, uno venezolano y tres de otros países). En efecto, el gobierno y la opinión pública del vecino país, reaccionaron --como suelen hacerlo-- sin pensar dos veces la cuestión: simplemente rechazaron la oferta colombiana.
La iniciativa de la administración Barco, que había sido consultada el jueves 7 con la comisión asesora de Relaciones Exteriores --de donde misteriosamente, la información se filtró a la radio porque uno de sus miembros llamó a un periodista de Caracol y se la contó --buscaba aplicar los artículos 4° y 5° del Tratado del 39, según los cuales "Todas las cuestiones sobre las cuales las dos Altas Partes Contratantes no lleguen a un acuerdo amigablemente mediante los procedimientos diplomáticos ordinarios, serán sometidos a la Comisión Permanente de Conciliación" que estará "compuesta por cinco miembros. Cada una de las partes designará dos de esos miembros, de los cuales solo uno puede ser nacional del Estado que los nombra. El quinto será el presidente y su designación se hará de común acuerdo entre las partes contratantes. El quinto miembro no debe pertenecer a ninguna de las nacionalidades ya representadas en la Comisión".
Colombia fue aún más lejos: nombró a sus dos delegados. El primero de ellos fue el ex presidente Alfonso López Michelsen. El segundo, el ex presidente costarricense Daniel Odúber. Este último nombramiento se craneó especialmente, teniendo en cuenta que Odúber es un reconocidísimo amigo de Venezuela desde cuando ocupó la primera magistratura en su país. El objetivo del gobierno de Barco era hacer la oferta lo más atractiva posible para Caracas.
Pero no fue así. Aunque al cierre de esta edición el gobierno del presidente Jaime Lusinchi se ha dedicado más a mostrarse sorprendido por la proposición que a rechazarla formal y oficialmente, es ya un hecho que no fue aceptada. El argumento venezolano era el que, según pudo establecer SEMANA, el canciller colombiano Julio Londoño y el presidente Barco habían previsto: en el artículo 2° del Tratado del 39, se exceptúan de la aplicación del procedimiento de conciliación las controversias "que atañen a los intereses vitales, a la independencia o a la integridad territorial de los Estados contratantes".
Venezuela, como es obvio, sostuvo que la cuestión del diferendo de aguas marinas y submarinas en el golfo es para ella "un interés vital". Pero al hacerlo, no tuvo en cuenta que la propuesta colombiana de nombrar la Comisión Conciliadora nunca especificó que esta era para solucionar la cuestión del diferendo.
Sea como sea, parece que Colombia cuenta con una salida a esta respuesta venezolana. El mismo Tratado del 39 prevé en su artículo 24° que "Las diferencias que surgieren acerca de la interpretación o ejecución del presente Tratado serán sometidas salvo acuerdo en contrario de las Altas Partes Contratantes, a la Corte Permanente de Justicia Internacional o al Tribunal Arbitral, por vía de siempre requerimiento de cualquiera de las partes". Esa Corte, que no es otra que la de La Haya, es la misma a la que muchos conocedores colombianos del tema han propuesto acudir desde hace tiempo.
Pero más allá de estos laberintos jurídicos en los que se enredan con facilidad los titulares de la prensa, lo cierto es que lo sucedido evidencia algo que muchos especialistas colombianos tienen claro desde hace ya varias décadas: que en Venezuela existe una verdadera paranoia hacia cualquier propuesta colombiana, sobre todo si esta tiene que ver con soluciones jurídicas a los problemas entre las dos naciones.
Esto tiene una explicación. Desde los tiempos de la Independencia, el general colombiano Francisco de Paula Santander --no en vano llamado "El hombre de las leyes"-- marcó para siempre al país, con una tradición jurídica y legalista "cuya primera víctima --como lo anota el ex canciller Carlos Lemos-- fue precisamente el Libertador, un hombre mucho más de hechos, y quien nunca entendía muy bien por qué Santander no le podía dar más dinero para las campañas del sur y tenía que pedirle para todo permiso al Congreso".
Las diferencias entre Colombia y Venezuela en materia de límites terrestres se resolvieron primero con el laudo de la corona española a fines del siglo pasado y luego con el laudo de la Confederación Suiza, instancias a las que los dos países acudieron como mediadoras. Estas fueron soluciones jurídicas por las que Venezuela, con el paso de los años, se sintió perjudicada. Tanto que el actual canciller Simón Alberto Consalvi ha llegado a plantear la posibilidad de que ambos países revisen la delimitación terrestre, asunto que se creía largamente superado. "Desde esas épocas, fue creciendo en el vecino país la idea de que con Colombia no se puede negociar en el plano meramente jurídico, pues allá, los colombianos son vistos como expertos tinterillos y leguleyos a los que hay que tenerles miedo en ese terreno", agrega el ex canciller Lemos.
A pesar de esto, fueron los propios venezolanos los que diseñaron el Tratado del 39, en una epoca en que el gobierno de Caracas, inspirado por el pensamiento pacifista de la época de la posguerra (Liga de las Naciones, etc.), decidió colocarse a la vanguardia en este campo, proponiéndole a un sinnúmero de países que establecieran tratados de no agresión, que incluyeran mecanismos de conciliación que evitaran las guerras. Muchas cosas han cambiado desde entonces y hoy en día, el diferendo con Colombia es en Venezuela un asunto meramente político que los gobiernos pretenden resolver en términos meramente políticos. En estas circunstancias, habrá que esperar cuál es el siguiente paso de Colombia en esta nueva etapa de los problemas con Venezuela, si es que hay una nueva etapa y el diferendo no vuelve a congelarse por algunos años, hasta que alguien en la Cancillería colombiana desempolve otro ducumento y reviva, al menos para los titulares de prensa, la cuestión.--