Bernardo Moreno, a un paso de recuperar la libertad

Bernardo Moreno, el secretario general de Álvaro Uribe Vélez, está a punto de recuperar la libertad. La razón sería que cumplió con las tres quintas partes de la pena que le impuso la Corte Suprema de Justicia. 

Su condena representó un duro golpe en contra del anterior gobierno, pues entre 2004 y 2010 Moreno se desempeñó como Secretario General de la Presidencia. En abril del 2015, después de un ruidoso proceso penal, la Corte Suprema lo encontró responsable de concierto para delinquir, determinador de violación ilícita de comunicaciones y autor de abuso de función pública. 

Fue sentenciado a ocho años por haber tenido conocimiento y haber impartido instrucciones para la obtención de información privilegiada de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro; de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, del abogado Ramiro Bejarano y del periodista Daniel Coronell. 

Esta estrategia -en criterio de la Corte- tenía como objetivo directo la creación de un plan de difamación mediática a estas personas y restarle credibilidad a sus denuncias. Como hombre de confianza del expresidente Uribe, Moreno usurpó una competencia que no le correspondía. Y al lado de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, sabía de actividades de inteligencia ilegales que fueron avaladas sin ningún objetivo legítimo. De manera que sus instrucciones llevaron a actividades “arbitrarias, abusivas e injustas". 

Moreno lleva más de dos años en detención domiciliaria. Ahora, apelando a su buen comportamiento y al derecho que tiene de concesión de un subrogado penal aspira a quedar en libertad condicional en los próximos días. 

Desde que fue incriminado, Moreno insistió en su inocencia argumentado nunca dio una orden directa a Hurtado para que hiciera las interceptaciones ilegales. Por ello, una vez fue condenado en única instancia, buscó la revisión de su fallo en tribunales internacionales.

Según Moreno, tres exfuncionarios del DAS y condenados por el caso de las ‘chuzadas‘ -Martha Leal, Jorge Lagos y Fernando Tabares- presentaron argumentos contradictorios y fueron "coaccionados y presionados" para que se autoincriminaran y sirvieran como testigos en otros procesos judiciales.

Por ello, y pese a que podría recuperar su libertad en cualquier momento, Moreno insistirá en la revisión de su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde han acudido otros funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe, para reclamar que sus casos tengan una segunda instancia en la justicia.