Muchas leyes, poca libertad

En la fachada del Palacio de Justicia se puede leer la célebre frase de Francisco de Paula Santander: “las armas os han dado la independencia, pero sólo las leyes os darán la libertad”. Colombia, desde sus inicios, ha tratado de consolidarse como Estado y Gobierno por medio de las leyes, pero han sido tantas, al igual que sus modificaciones, que se han convertido en obstáculos a la estabilidad. Las fuertes contiendas políticas entre federales y centralistas en el siglo XIX, entre liberales y conservadores en el siglo XX y las actuales contiendas legislativas entre las nuevas fuerzas de poder, han llevado a Colombia a un caos legislativo.

Las constituciones

Tras la primera independencia de 1810, el virreinato de la Nueva Granada inició un proceso de transición en el que los criollos, nada sabedores de cómo gobernar, intentan armar un gobierno. Discutir por cómo ser, antes que ser, diría Antonio Nariño. Algunos pretendían gobierno federalista, al estilo de Estados Unidos, y otros centralista, siguiendo el modelo del Virreinato. Estas confrontaciones impidieron la estabilización del nuevo el gobierno abrieron la puerta a la Reconquista española en 1816.

Con la victoria de las tropas patriotas, la naciente República necesitaba nuevas leyes y formas de organización. Se comenzaría una tradición de elaboración de constituciones y reformas durante el siglo XIX. La constitución promulgada por el Congreso de Cúcuta en 1821 dio origen a la República de Colombia, conformada por los actuales territorios de Panamá, Venezuela, Ecuador y Colombia, basada en el modelo colonial de administración del territorio, pero con importantes cambios como la libertad progresiva y selectiva de los esclavos y la disminución del poder jurídico y político del clero. Además declaro al pueblo como la fuente de poder y legitimad del nuevo Estado. Fue una constitución centralista, pensada en torno a la figura del presidente libertador Bolívar.

En 1830 se reformó a la constitución para darle un carácter menos centralista y se creó la institucionalidad básica basada en la división del Estado en las tres ramas del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Fuerzas Armadas). Los colombianos se erigieron como ciudadanos de la nueva República, y se reconoció a la Iglesia como base de la civilización y sociedad colombiana.

Le recomendamos: Bicentenario, la batalla que cambió la historia

Venezuela y Ecuador se separaron de la “Gran Colombia” en 1831, y con ello la Constitución debió ser reformada nuevamente. En 1832 se conformó la República de la Nueva Granada, bajo el liderazgo del presidente Francisco de Paula Santander y una nueva carta magna escrita por el Congreso del nuevo país. Esta constitución fortaleció el poder de las provincias, proveyéndolas de capacidad legislativa, y determinó totalmente las funciones de las tres ramas del poder. La misma existió sin modificaciones hasta 1843 cuando se reformó para ampliar los poderes presidenciales.

En 1853, Tomas Cipriano de Mosquera lideró un fuerte cambio en las políticas comerciales, fomentando la descentralización del Estado. Durante la primera mitad del siglo XIX, las élites locales se fortalecieron y lograron establecer en 1858 la Confederación Granadina, que descentralizó al Estado y conformó una serie de Estados Federales unificados en un régimen unitario. El Federalismo se radicalizó con la suscripción del pacto común en 1861 que acentuaba los poderes de los Estados Soberanos y se afianzó en la constitución de de los Estados Unidos de Colombia en 1863. en esta nueva Carta de carácter liberal, se reafirma que la soberanía reside en el pueblo, se abolió la pena de muerte y se consfirmó la libertad absoluta de prensa.

Tras un siglo de guerras, en 1886, La República de Colombia se convirtió nuevamente en un Estado presidencialista, y sobre todo centralista, al transformar los Estados soberanos en departamentos y entregar todo el poder a instituciones regidas desde la capital, incluyendo el Banco Nacional. Además de ello, retornó al confesionalismo, como mecanismo para reconstruir una civilización cristiana, como objetivo principal de la ideología conservadora del proyecto Regenerador que había producido dicha constitución. Esta fue una de las Cartas que más duración ha tenido, hasta 1991. Esto no quiere decir que no se haya intentado reformar, como en el caso de 1950, cuando Laureano Gómez intentó llamar a una Asamblea Nacional Constituyente en medio de la Violencia; o que no haya sido modificada como en el caso de la reforma de 1954, bajo el mandato del General Rojas, la cual permitió que las mujeres fueran consideradas sujetos de derecho y ciudadanas al igual que los hombres, y pudieran contar con una cédula de ciudadanía y al voto a partir de los 21 años.

También le puede interesar: ¿Era necesaria la independencia de la corona española?

Al final del siglo XX y como fruto de la emergencia de nuevos sectores populares, independientes del bipartidismo, en 1991 se convocó a través de la “séptima papeleta” a Asamblea Constituyente. Así se elaboró la constitución que nos rige actualmente y que reformuló al Estado colombiano como Estado Social de Derecho, basado en la democracia participativa de una sociedad reconocida como pluriétnica y multicultural, en donde todos los pensamientos tenían cabida, aunque esto es más una declaración de principios y un programa político para ser desarrollado, más que una realidad decretada.

Las leyes

Muchas leyes fueron formuladas desde el nacimiento de Colombia, leyes que han modificado la manera en que el Estado Nación se ha conformado. Si bien, las leyes fortalecieron la libertad de algunos, para otros la ha coartado, pues hay que tener en cuenta que muchas de las leyes que se han promulgado han servido para ocultar, limitar o incluso beneficiar a sectores específicos.

Una de la leyes notables en el origen de la República es la de Libertad de partos, promulgada por Bolívar y ratificada por el Congreso de Cúcuta en 1821, en la que se establecía que los nacidos de esclavos obtendrían su libertad tras cumplir los 18 años. Sin embargo, no fue hasta la ley del 21 de mayo de 1851, que se alcanzó la libertad total de los colombianos a través de la manumisión a los esclavos.

En el agitado siglo XIX muchas leyes fueron instrumentos para hacer o declara la guerra entre facciones. De esta forma, en 1839, la implementación de una antigua ley que data de 1826 (7 de abril) que ordena suprimir los conventos menores que no tuvieran más de tres frailes en su servicio, con el fin de liberar las propiedades de varias congregaciones religiosas, se convirtió en el florero de Llorente de la primera guerra civil colombiana conocida como Guerra de los Supremos.

Vea también: Las promesas incumplidas a los indígenas y afrocolombianos

Paradójicamente uno de los regímenes más reaccionarios, la Regeneración produjo al final del siglo XIX, la ley ley 89 de 1890, que se convertiría en una de las banderas de lucha del movimiento indígena hasta el Presente. Esto se produjo gracias a la visión paternalista de la constitución del 86 que buscó la protección de los indígenas colombianos, estableciendo los principios de gobierno de los “salvajes” que se redujeran a la vida civilizada. Dicha ley estableció la formación de Cabildos, la existencia de resguardos y las normativas sobre la que se desarrollarían las ventas de sus tierras.

El siglo XX tuvo varias leyes que bien promovieron cambios sustanciales en la manera en que se concibió y concibe el territorio y la relación social entre los colombianos. El tema de las tierras ha sido tratado en varias ocasiones, como en la ley 200 de 1936, donde se establece la propiedad de la tierra y las condiciones de productividad para que la misma se pueda adjudicar a un poseedor, aunque no propietario. De igual manera, la ley 135 de 1961 proclama una reforma agraria social, que trataba de dar solución a la inequidad en la distribución de la tierra y la manutención de esta en grandes latifundios. Claramente, ninguna de estas leyes contribuyó a la redistribución, ya que la tierra sigue estando en manos de unos pocos, tanto así que el 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen el 81 % de la tierra, mientras que el otro 99% de fincas tiene el 19 % de la tierra restante, además de ser un tema crucial en el tratado de paz con la guerrilla de las FARC.

En 1978, el presidente Turbay anuncia el decreto 1923, con el que establece las normas por las que se protege la vida, bienes y honra de los colombianos. Este decreto, conocido también como el Estatuto de seguridad, permitió que las fuerzas armadas y policivas tuvieran un mayor poder sobre la ciudadanía para mantener el orden público, lo cual terminó en un uso desmedido de la fuerza, persecución a movimientos sindicales y una gravísima crisis de derechos humanos, pues la justicia militar era quien tenía jurisdicción sobre los delitos y juicios políticos.

En contexto: Emancipación femenina

Otra de las leyes que tuvo un gran impacto en la manera en que se desarrolló la cotidianidad de la vida política de los colombianos fue la del 3 de noviembre de 1980, conocida como el tratado de extradición con Estados Unidos. En pleno auge del narcotráfico y de los grandes capos pidiendo no ser extraditados, la firma de esta ley puso el tema de seguridad nacional en alerta máxima, pues los llamados “extraditables”, no dudaron en tomar acciones para evitar su salida del país. Así, esta ley creó más zozobra que paz en la cotidianidad.

Hasta 1986, la elección de alcaldes era un mandato directo de la presidencia de la República. Con la ley 78, esta selección pasó a ser democrática y fue el pueblo quien tomo la directriz de elegir a sus gobernantes.

En 1993 La ley 100, que transformó la manera en que se hace efectivo el derecho a la salud ya que cada uno de los ciudadanos productivos económicamente debían pagar un aporte para que el Estado se hiciese cargo de sus gastos médicos, permitiendo la creación de las EPS y la privatización del servicio y el derecho a la salud. Quien tiene los medios puede pagarse sus tratamientos; quien no, entra en un precario sistema de subsidio. Así mismo, abrió la puerta para que se modificara el pago de las pensiones según las semanas laboradas, su edad y sus semanas cotizadas.

Este corto recorrido por las leyes colombianas puede terminar con la ley de Justicia y Paz de 2005 y la Ley de Víctimas de 2010, dos maneras en las que el conflicto armado interno tuvo una salida negociada y mediada por el Congreso. Con la primera, se dieron las bases para que los grupos armados ilegales se desmovilizaran, promoviendo políticas de restitución de bienes y de búsqueda de justicia. Aun así, y como es bien sabido, fue una ley creada específicamente para favorecer la desmovilización de los grupos paramilitares, quienes aprovecharon los vacíos legales para mantener ciertos beneficios. La ley del 2010, por el contrario, centró su mirada en la víctima y la restitución de sus derechos, con el fin de garantizar procesos de justicia, paz, memoria histórica, reconciliación y no repetición. Con estas leyes, el Estado colombiano, de una u otra manera, pretendió consolidar políticas para enfrentarse de manera certera y amigable al postconflicto que se venía con los procesos de paz y desmonte de los grupos armados.

Vea también: Los retos de construir una nueva nación

La multitud de leyes y constituciones, producto de las contradicciones políticas e ideológicas, han tenido buena parte de la responsabilidad de la inestabilidad del Estado colombiano, una inestabilidad que ahoga la promesa de libertad hecha por Santander, una libertad que parece un naufrago en medio de las leyes que como olas en el mar que se mecen por los vientos que las soplan o por los intereses que las decretan.

*Historiadora de la Univeridad Nacional. Candidata a Doctora en Ciencias del Lenguaje ICSyH-BUAP.