Corte ordena reiniciar trámites para consulta popular de toros en Bogotá

La consulta popular que el exalcalde Gustavo Petro impulsó hasta lograr que el Concejo la aprobara no llegó a buen puerto en su momento, pero ahora las cosas podrían cambiar. La Corte Constitucional le ordenó al alcalde Enrique Peñalosa que en 48 horas “proceda a adelantar los trámites pertinentes para llevar a cabo la consulta popular autorizada por el cabildo de la ciudad”.

El fallo de la Sala de Revisión del alto tribunal, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, declaró en firme la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que consideraba ajustada a la Constitución la convocatoria a consulta popular.

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A la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le fue instaurada una tutela, que es sobre la que se pronuncia la Corte, por Ramses Alberto Ruiz Sánchez, un torero bogotano hijo del famoso matador Alberto Ruiz Sánchez. Además, Ramses, en la temporada de 2017 tuvo la oportunidad de cortar dos orejas en Bogotá, en la tarde del 19 de febrero.

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La consulta popular con la que pretende prohibir las corridas de toros en la capital haría la siguiente pregunta a los ciudadanos: "¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá Distrito Capital?".

Si la respuesta vencedora es Sí, la Corte aclara que esto no significa que la Administración queda relevada del deber de desincentivar este tipo de prácticas en la ciudad.

La consulta popular, tal como la ha definido la Corte Constitucional en varias sentencias, es un mecanismo de participación mediante el cual se participa al pueblo en la toma de decisiones por parte del alcalde, pero en ningún caso pretende imponer decisiones a la administración.

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La Corte aclaró que el fallo “puede otorgar una pauta para las actuaciones de la administración en el ámbito local mientras se espera la legislación nacional”. Esto se da porque el alto tribunal le otorgó al Congreso la responsabilidad de definir si las corridas de toros son un espectáculo cultural (como ese organismo lo señaló en el pasado) o representan maltrato animal y por tanto un delito. Si en dos años el Congreso no regula el tema, estas actividades quedarán criminalizadas.