La mora de Petro que le costó $10.000 millones al Distrito

En diciembre del 2012, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, libró una dura batalla para estatizar el esquema de recolección de basuras de la capital. No sólo capoteó duras críticas, sino también onerosas sanciones por empeñarse en impedir la participación de privados en la puja por participar del negocio.

Sin embargo, no fue él sino su sucesor y contradictor quien tuvo que asumir los costos multimillonarios de su error.

Lo más desconcertante del caso es que la decisión de Petro de resistirse a responder por las sanciones le generó a la ciudad costos adicionales a los que ya se habían causado. De ahí que el Distrito se haya visto obligado a pagar 10.000 millones de pesos más por cuenta de la millonaria deuda.

Esa suma corresponde a los intereses que se originaron mientras la administración anterior se resistía a cancelar la multa que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por haber restringido la libre competencia que alcanzó los 61.000 millones de pesos.

La historia arrancó cuando Petro, al inicio de su gobierno, sorprendió a los bogotanos con la puesta en marcha de un nuevo esquema de reciclaje y aseo para la capital. El control de esa estructura estaría exclusivamente a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB). Los privados serían excluidos del negocio y de la posibilidad de disputarlo, y de ahí la principal desavenencia.

Resistirse a la participación de particulares en la administración del sistema fue el error más costoso para el dirigente de izquierda. Y no sólo le costó a Petro la destitución e inhabilidad por 15 años a manos de la Procuraduría, sino que terminó siendo sancionado por la SIC, que consideró que sus decisiones afectaron el principio de la libre empresa.

Frente a esta determinación el alcalde también se mostró reacio a cumplir. Interpuso numerosos recursos y acudió a estrategias de diversa naturaleza para no tener que pagar la millonaria suma.

Pese a los esfuerzos de Petro, nunca logró liberar al Distrito de su responsabilidad pecuniaria. Al finalizar su período, la EAB seguía siendo responsable de la cancelación de 61.600 millones de pesos; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), de 17.864 millones de pesos, y Aguas de Bogotá S. A. E. S. P., de 1.330 millones de pesos más.

Como era de esperarse, la deuda fue heredada por el alcalde Enrique Peñalosa, quien en febrero de este año autorizó el giro para pagar los primeros 20.520 millones de pesos de la onerosa sanción.

Lo que pocos sabían es que a los 61.600 millones de pesos sobrantes del capital de la deuda hubo que sumarles 9.829 millones más por cuenta de los intereses que corrieron mientras la administración se opuso a pagar.

Eso significa que la ciudad pagó no sólo los errores derivados del cambio en el esquema de basuras, sino millonarios intereses que pagaron los bogotanos.