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El ingreso de basura al relleno sanitario es de 6.500 a 7.000 toneladas diarias. | Foto: Archivo SEMANA

BOGOTÁ

Nuevo relleno sanitario de Bogotá aumentaría las tarifas

Antes de cuatro años el actual vertedero de basuras de Doña Juana terminará su vida útil. El Distrito no tiene predios por lo que toda la disposición la asumirían los privados.

31 de enero de 2016

El relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá tiene los días contados. Si los niveles de ingreso de basura se mantienen entre 6.500 y 7.000 toneladas de residuos al día, en menos de cuatro años este depósito tendría que cerrar sus puertas porque alcanzaría el máximo de su capacidad. Por eso, el gobierno nacional y el Distrito encendieron las alarmas y dieron prioridad al tema.

La preocupación por el reducido tiempo de vida que le queda a este relleno obligó a que el tema fuera discutido en la reunión que sostuvieron el 26 de febrero el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Enrique Peñalosa en la Casa de Nariño. Allí se evaluaron las alternativas.

Una de las propuestas que se pusieron sobre la mesa es la posibilidad de que el destino final de las basuras que producen los bogotanos sean terrenos de particulares, que también podrían asumir el control de la operación dentro del relleno.

Así lo confirmó el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Franco, que le dijo a Semana.com que las condiciones serán diferentes a lo que actualmente ocurre con Doña Juana, en la que un privado maneja los residuos en el lote del Distrito.

En otras palabras, la disposición final de los residuos quedaría por completo en manos de particulares, lo que significaría, para algunos, la pérdida del control del relleno por parte del Distrito y el aumento del costo de la operación.

“Si el privado adquiere y acredita los predios y asume la operación, el Distrito tendrá que hacer un mayor reconocimiento a ese particular por cuenta de la disposición final de residuos”, explicó Franco.

Bogotá no tiene terrenos, por eso de tiempo atrás la Alcaldía y la CAR les han puesto el ojo a tierras ubicadas en Mondoñedo, una zona que está en el extremo suroccidente de Bogotá que algunos particulares han mostrado interés en adecuar con este propósito.  

Mientras la Administración Distrital analiza cuáles serían los mejores sitios, los concejales y expertos han hecho advertencias. La primera de ellas es precisamente la posibilidad de que se aumente la tarifa.  

Aunque en algunos países los privados asumen el manejo de la basura, desde ya se manifiesta una preocupación por el aumento que pagarían los bogotanos por cuenta del pago del alquiler del terreno.

El concejal Jairo Cardozo (MIRA) señala: “Es claro que habrá un impacto en las tarifas, el privado busca mayor rentabilidad, el Distrito también dejaría de recibir lucro ya que el concesionario paga un porcentaje por usar el terreno”.

Al cabildante del Partido Verde Antonio Sanguino no le preocupa si los privados asumen los terrenos y la operación, es más, cree inviable que la Alcaldía pueda comprar zonas para adecuarlas, pero señala: “El Distrito tiene que garantizar que la administración del relleno no tenga un impacto en la tarifa de aseo que pagamos los ciudadanos”.

Lo cierto es que Bogotá podría quedar contra la pared. La razón, en una mesa de negociación los particulares impondrían las condiciones del manejo final de las basuras. Así lo cree el exconcejal y experto ambientalista Diego García, que considera que el Estado debe mantener algún control en este tema.

“Es necesario pelear para que el Distrito haga la licitación del manejo de la operación ya que este es un servicio público y al privado sólo le interesa el lucro”, señaló.

El tema merece desde ya una amplia reflexión. La administración de Enrique Peñalosa tendrá que decidir si adquiere predios y de esta manera mantiene parte del control del aseo en la capital o si, por el contrario, deja en manos de particulares la disposición.

En la actualidad, el manejo de las basuras está a cargo de la empresa Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR), una firma que ganó la licitación en septiembre del 2010. En su momento este fue un jugoso contrato de 230.000 millones de pesos, una suma que indica que lo que está en juego no es menor.