Peñalosa y el Concejo: arranque difícil

La cantidad de concejales que apoyan al alcalde Enrique Peñalosa le daría a su administración la posibilidad de contar con una verdadera aplanadora: de 45 curules que tiene la corporación, 36 están en manos de concejales que han señalado que apoyarán a la administración. El Partido Liberal, Cambio Radical, el Centro Democrático, La U, Opción Ciudadana, el Movimiento Libres y la Alianza Verde integran este grupo mayoritario del cual se abstienen el independiente Juan Carlos Flórez, el Polo Democrático, el Mira, y Hollman Morris, en representación del petrismo.

Pero una cosa son los apoyos políticos al comienzo de cualquier gobierno, y otra lo que sucede con el paso de los días. Y en el caso de Peñalosa, algunos factores desde ya prevén que la gasolina de la coalición puede durar menos de lo esperado.

A pocos días de posesionarse, el alcalde tomó por sorpresa a los cabildantes y a varios sectores ciudadanos con anuncios que no se esperaban tan temprano. Guiado más por su obsesión urbana que por su sentido de la comunicación, Peñalosa anunció su interés en cobrar peajes a la entrada de Bogotá; logró retirar pacíficamente a más de 300 vendedores ambulantes de la 72; dijo que en unos meses entrará a licitación el proyecto de la primera línea del metro elevado; sugirió la venta de la ETB y se refirió a la reserva ecológica Thomas van der Hammen, como un ‘conjunto de potreros’.

Si bien Peñalosa mencionó estas acciones y propuestas en su campaña, generaron interrogantes entre algunos concejales de la coalición sobre cuánto podrá sostenerse su apoyo a la Alcaldía. Al menos tres de los concejales liberales y dos de Cambio Radical hicieron campaña entre los vendedores ambulantes, ¿cómo entonces le cumplirán a su electorado cuando se intensifiquen los operativos de espacio público? Una pregunta similar puede aplicarse a quienes enarbolaron la defensa del medioambiente en su campaña, como Marco Fidel Ramírez, de Opción Ciudadana, y Emel Rojas, de Libres, que ahora deberán definir cómo actuar frente a la decisión de urbanizar la reserva. En el caso de Ramírez, por ejemplo, a pesar de ser defensor de Peñalosa, en la sesión del miércoles pasado lanzó críticas al gobierno con el lema ‘La reserva se preserva’.

En el caso del metro elevado, algunos cabildantes sienten que el cambio de diseños puede postergar el sueño bogotano y que el trayecto que propone Peñalosa no ha sido discutido con ellos, a pesar de que anunció un gobierno de diálogo.

Pero, además de la agenda temática, los puestos también molestan a algunos concejales que, al hacer parte de la coalición, esperaban más mermelada. Así, en un sector de los conservadores hay molestia porque sienten que no tienen ‘representación’. Según ellos, el alcalde nombró a Freddy Castro, secretario de Desarrollo Económico, y a Cristina Vélez, secretaria de la Mujer, más por su cercanía con Marta Lucía Ramírez que en representación del partido. Pero más allá del hecho, su argumento evidencia que el apetito burocrático que ha marcado la historia del Concejo es una tradición que no cambiará de un momento a otro.

En Cambio Radical el malestar burocrático también se dejó sentir. Líderes del partido vieron con descontento la escogencia de Miguel Uribe como secretario de Gobierno porque sienten que, al ser cercano a Rafael Pardo y la casa Gaviria y de cara a la próxima elección presidencial, su nombramiento puede abrirle el camino en la política local al Partido Liberal y quitarle peso a la organización política de Germán Vargas en Bogotá.

A lo anterior se suma que en los cargos de primer nivel, y en las cabezas de las secretarías, Peñalosa nombró perfiles técnicos y académicos, y no políticos, que los concejales no pueden considerar cuotas suyas.

Desde hace más de 20 años, el Concejo bogotano se raja en todas las encuestas que miden la imagen de las instituciones de Bogotá. De la calidad de los debates de control político que se den en este periodo, y de que se generen controversias basadas más en los argumentos que en la manzanilla, depende la posibilidad de que el cabildo no sea considerado ‘de bolsillo’, pero tampoco un obstáculo para los cambios de la ciudad.