Bogotá: ¿Un 'Petroestado'?

La Empresa de Acueducto tomará por contrato el cien por ciento del aseo de la ciudad en Bogotá", anunció Gustavo Petro hace dos semanas. Con esa declaración, que luego acompañaría con ataques a la "libre competencia" por Twitter, el burgomaestre reactivó una polémica política que ha marcado sus diez meses en el gobierno de la capital y que viene desde la campaña del año pasado. Las preguntas que surgen ante decisiones como la de las basuras son inevitables: ¿Qué tan estatista es el modelo de ciudad que la nueva administración quiere imponerle a Bogotá y cuál es su relación con otras apuestas en la región como la del presidente Hugo Chávez en Venezuela o la de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina?

Tras casi una década de consecutivos gobernantes de izquierda, los bogotanos deberían estar ya acostumbrados a la retórica de las propuestas provenientes de ese lado del espectro ideológico. De hecho, los alcaldes Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno obtuvieron, bajo el logo del Polo Democrático Alternativo, muchos más votos en términos absolutos y porcentuales que la victoria minoritaria de Petro. No obstante, mientras los dos primeros surgieron dentro de corrientes conciliadoras, el sindicalismo y el anapismo, el alcalde de Progresistas pulió sus credenciales en la oposición parlamentaria. No causó mayor sorpresa que Gustavo Petro asumiera una postura más radical.

Desde la llegada de Garzón al Palacio Liévano, los habitantes de la capital han aceptado, asumido y premiado en las urnas las banderas de la izquierda social. Importantes inversiones en salud y educación, subsidios nutricionales y reconocimiento de las más variadas minorías no solo hacen hoy parte de la agenda de gobierno sino también de la estructura institucional del Distrito con agencias y subsecretarías. Estos programas, así mismo, sirvieron para apuntalar bastiones electorales en varias localidades de la ciudad y le proveyeron a la izquierda democrática, primero el Polo y luego los Progresistas de Petro, una plataforma política creíble y probada en el Ejecutivo municipal. Aunque los alcaldes Mockus y Peñalosa desplegaron también programas sociales durante sus mandatos, la izquierda bogotana es hoy la dueña de ese discurso.

Otra historia, muy diferente, son las banderas de izquierda en materia económica. La recompra de activos privatizados, el crecimiento desbordado del tamaño del Estado y la intervención en la prestación de servicios han sido políticas aplicadas por gobiernos izquierdistas en la región, tanto de nivel nacional como local, que no tuvieron réplica en la capital de la República. Bogotá no ha sido escenario de una "lucha de clases" en los casi nueve años de estar gobernada por izquierdistas. Por eso la línea de Petro ha causado reacción.

Desde su discurso de victoria en octubre del año pasado, el alcalde Petro centró su agenda en áreas con un balance delicado entre lo público y lo privado como los servicios públicos y el agua. Tanto en sus declaraciones como en el Plan de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento, el mandatario bogotano prefiere una participación más activa del Estado y no oculta su inclinación por los monopolios públicos. Precisamente como en el caso de las basuras. "La libre competencia arrasaría con el reciclaje y los recicladores en Bogotá", tuiteó el burgomaestre.

En otras áreas como por ejemplo el abastecimiento y los créditos, la línea petrista contempla la creación de un banco para dar créditos a los sectores populares y de una central de abastos distrital. Estos tres casos llevaron al exalcalde Jaime Castro a calificar esas decisiones como un "socialismo distrital del siglo XXI", en clara alusión a la agenda chavista. En movilidad la administración capitalina busca una división férrea de TransMilenio que le permita construir y operar trenes ligeros, entre ellos el propuesto por la carrera Séptima. En vivienda el recién presentado Plan de Ordenamiento Territorial (POT) contemplaría que los constructores, para no edificar casas de interés prioritario en lotes exclusivos, tendrían que pagar a un fondo distrital de financiación de vivienda popular.

Más allá de la evaluación puntual de cada uno de estos anuncios y del propio papel del Estado en cada sector, el tono de las propuestas es intervencionista. A pesar de que en su discurso de posesión el alcalde Petro dijo que quería "al capital privado como aliado" y defendió las alianzas público-privadas, el sesgo contra el sector privado es inocultable. Sea en basuras o transporte, la narrativa del Distrito es la misma: los empresarios son aventajados, y en algunos casos mafiosos, que impiden que los usuarios disfruten tarifas más bajas o les sean asignados subsidios. En un entorno poscartel de la contratación, este mensaje de desconfianza al empresariado goza de cierta aceptación.

Sin embargo, la realidad de la participación privada en los servicios públicos domiciliarios desde la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994 ha sido más positiva que otra cosa. Los habitantes de varias grandes ciudades colombianas, por ejemplo Barranquilla, se beneficiaron con las privatizaciones con mejoras en las frecuencias, la calidad de la prestación y la ampliación de la cobertura. Otros como el gas natural se expandieron con beneficios económicos para los hogares y los vehículos. Es el marco jurídico derivado de esa ley lo que impediría que el acueducto bogotano asuma el control monopólico del aseo en la capital. Esa visión de los negocios que Petro proyecta en sus declaraciones y decisiones ha evitado que el debate se centre en uno de los papeles más estratégicos que la Ley 142 le da al Estado: el de regulador de los privados.

En términos de discurso, Gustavo Petro proyecta un modelo más estatista que sus antecesores polistas en la Alcaldía, pero menos ambicioso que otros gobernantes de izquierda de la región. Que le apueste al esquema de alianzas público-privadas para algunas obras de infraestructura revela que su rechazo a los empresarios es selectivo. En sus diez meses de gestión le ha costado alterar el balance entre el Distrito y los privados en la movilidad o la vivienda. El anuncio del monopolio distrital de basuras no solo está plagado de líos jurídicos ya que ignora la libre competencia sino que, en el mejor de los casos, sería operado mediante subcontratación de los operadores privados. Así mismo, no es claro cómo se financiaría el año siguiente la baja en las tarifas del TransMilenio.

Parecería ser más sencillo para la alcaldía conformar empresas públicas que entren a competir. No obstante, la traducción de los anuncios en decisiones ejecutivas ha sido lenta. En palabras del concejal opositor Juan Carlos Flórez, "la actividad discursiva del alcalde es frenética pero su actividad de gestión es anémica". Aunque en sus declaraciones la Bogotá que dibuja el burgomaestre está llena de monopolios e intervenciones estatales, los caminos para hacerla realidad, en basuras, movilidad, vivienda y banca, son todavía confusos. En otras palabras, a diferencia de las agendas chavistas, kirchneristas y demás, la petrista choca con los marcos legales vigentes, adolece de planeación detallada y carece de una estrategia de persuasión positiva sobre sus ventajas.

Lo anterior no significa que estas veleidades estatistas del alcalde de Bogotá no generen consecuencias. Varios expertos en movilidad apuntan a que el tranvía sobre la Séptima no tendría justificación técnica ni económica. Sin embargo, el alcalde Petro lo impulsa a raíz de una interpretación que ha sostenido en público sobre la diferencia entre buses y rieles. La Alcaldía está convencida que el Estado mantiene el monopolio en los sistemas férreos a diferencia de la competencia en los buses. En palabras de Eduardo Behrentz, investigador de la Universidad de los Andes, "las razones para el tranvía serían puramente ideológicas y asociadas a ese supuesto monopolio". Por ahora, los bogotanos deben preocuparse menos por las expropiaciones y la estatización y más por los problemas de ejecución del Distrito y la tendencia a privilegiar la ideología sobre la técnica.