Vuelve y estalla crisis en las URI de Bogotá

Pese a los anuncios en todos los tonos del Gobierno acerca de erradicar el hacinamiento en los centros carcelarios, nada ha sucedido aparte de una que otra medida administrativa. Si bien es una crisis que se vive en varias regiones del país, en Bogotá se ha llegado al extremo de mantener maniatados a los detenidos en los parques públicos ante la ausencia de cupos en los penales.

Esta situación ha hecho una verdadera ‘metástasis’ en las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, ubicadas en varios puntos de la capital del país donde los privados de la libertad deben dormir hacinados en las celdas y el en suelo de las instalaciones, que a su vez permanecen tan pobres condiciones sanitarias que son foco de enfermedades.

Por eso este martes el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá le ordenó al Inpec que se tomaran medidas urgentes dentro de los siguientes 30 días para descongestionar dichas Unidades. Así, las personas que tienen medida de aseguramiento o, incluso, están condenadas podrán ser trasladadas a los diferentes centros penitenciarios.

La sentencia de la magistrada Martha Inés Montaña advierte la urgencia de tomar medidas dirigidas a la descongestión de esos centros de paso, debido a que en muchos casos los procesados superan los plazos establecidos por la ley que es de máximo tres días. Igualmente se pide desalojar los calabozos de las estaciones de Policía.

“El director del Inpec, dentro del término improrrogable de un mes contado a partir de la notificación de esta decisión, aplicando la regla del equilibrio decreciente, procederá a trasladar a las personas cobijadas con medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y las condenadas (...) se encuentren en las URI y estaciones de Policía de la capital”, señala la decisión.

Agrega que dichas personas deberán ser enviadas a “los centros carcelarios donde deban permanecer o sus domicilios si están favorecidos con detención domiciliaria", indica textualmente la sentencia”.

Debido a la grave situación que se presenta en estos centros de paso se les ordenó a Caprecom, la Uaesp, la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Bogotá crear un plan para prestarles el servicio de salud a las personas recluidas en las URI, sin importar su situación jurídica. Este pronunciamiento se hizo al resolver una acción de tutela presentada por la Defensoría del Pueblo.

La decisión igualmente le pide al Inpec conformar mesas de trabajo para diseñar una estrategia que permita “generar iniciativas y políticas de modernización y humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario, la creación de planes a corto, mediano y largo plazo a todas y cada una de las necesidades de la población privada de la libertad”.

Ante esta problemática, el Inpec ya informó que trasladará a 50 internos detenidos en las URI de Bogotá en las próximas horas a la cárcel La Modelo. “Se espera en los próximos días seguir realizando acciones tendientes a minimizar el hacinamiento en los centros transitorios de reclusión, por lo cual se continuarán ejecutando más traslados”, manifestó la entidad.