Bolívar está en coma

El gobernador de Bolivar, Joaco Berrío Villarreal, no quiere mirar hacia atrás, pero los problemas que agobian al departamento lo acosan a cada paso que da. El sábado 9 de marzo en el consejo comunal, en Magangué, con el presidente Álvaro Uribe, salieron a flote algunos de los problemas: los siete hospitales de nivel 2 están en proceso de liquidación, y los abogados de las oficinas jurídicas no alcanzan para hacer frente a 1.300 procesos que pueden llevar a la quiebra al departamento.

Los hospitales de Magangué, Simití, Carmen de Bolívar y otros dos más fueron liquidados y adjudicados a nuevos operadores. Pero el de Mompós, que cubre a 250.000 personas en 10 municipios, no ha sido posible liquidarlo porque se deben 50 meses de salarios de una nómina de 120 millones de pesos mensuales. La deuda total es de 15.000 millones de pesos. El secretario de Salud, Óscar Gómez, dice que el sistema es insostenible porque hay municipios en donde los hospitales tienen cinco camas y nóminas de 70 millones de pesos.

En educación, no ha habido quien detenga el desangre. Un grupo de maestros pensionados inició una reclamación por 2.000 millones de pesos hace 10 años ante un juzgado de Cartagena. Todos los meses les pagan 1.800 millones, han cobrado 70.000 millones y les deben 60.000 millones más. Y un juez de Mompós se ha vuelto popular por admitir demandas contra el departamento, violando competencias y jurisdicción. Para el gobernador eso explica que los maestros hagan un viaje de siete horas para demandar.

El presidente Uribe se fue alarmado y citó al gobernador Berrío el 14 de marzo. Ya se armó una comisión del Ministerio del Interior para enfrentar los embargos y poner en conocimiento de la Fiscalía y la Judicatura la actuación de los jueces. "Lo que se encontró es peor de lo que creíamos", dice Berrío. En total, las demandas contra el departamento son más de 1.300 que suman, según el jefe de la oficina jurídica, Giovanni Toncel, más de 600.000 millones de pesos. "Si las fallan en contra, el departamento desaparece", dijo.

"Es cierto que ha habido mucha negligencia de las administraciones anteriores, pero lo más preocupante es la ligereza y la rapidez con la que actúan los jueces. Estoy pisando unos callos muy duros y me estoy enfrentando a una mafia de contratistas", dijo el gobernador Berrío a SEMANA. No se equivoca. Versiones muy extendidas en Cartagena dicen que en una lujosa casa de Castillogrande se negociaban los contratos al 50 y el 60 por ciento de su valor.

Así como la educación se rajó, los síntomas de que la salud se encuentra grave son inocultables. Todas las cuentas están embargadas y los hospitales son enfermos terminales cuyo único remedio es la liquidación. Para tener una idea de lo sucedido, la Gobernación contrató una auditoría y el informe parcial del pasado 21 de febrero dejó al gobernador y al secretario de Salud muy preocupados: hay cuentas por cobrar a punto de vencer por 25.800 millones y no existe una base de datos que ayude a recuperar esos dineros.

El 3 de septiembre de 2007 la Secretaría hizo una transferencia bancaria por 4.855 millones de pesos con rumbo desconocido. La tesorera ignoraba quién es el beneficiario. La misma Secretaría firmó al final del año dos contratos por 1.611 millones de pesos para mercados y equipo de aseo para los damnificados por el invierno, pero sólo fueron entregados 2.600 de los 15.000 paquetes prometidos. Y esa misma dependencia está a punto de perder 15 vehículos, algunos en talleres desde hace más de dos años ya desvalijados, y otros porque se desconoce su paradero. El caso más grave es el de dos unidades móviles cuyo valor es de 160 millones de pesos cada una: entraron a reparación hace tres años y se deben 108 millones de pesos de parqueadero.

Esta situación no es nueva, lo extraño es que no haya estallado antes. Desde 2000, tras la elección de Luis Daniel Vargas como gobernador, se decía que los contratistas que financiaron su campaña se apoderaron del departamento. De esa época es el escándalo que lo involucra por reunirse con contratistas en una piscina para que no grabaran una conversación en la que pedía -según denunció Inverapuestas- 2.000 millones de pesos para adjudicar el negocio del chance.

No obstante, Berrío sigue hoy diciendo: "No quiero poner el retrovisor".